Tajante fue el comunicado de la Procuraduría General de la República:
“Esta representación social de la federación propone la consulta del no ejercicio de la acción penal, conforme a los fundamentos y argumentos legales hechos valer en los apartados que anteceden por los delitos federales de, operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto y sancionado en el artículo 400 bis del código penal federal vigente en la época de los hechos; delito bancario previsto y sancionado en el artículo 111 en relación con el 103, ambos de la ley de instituciones de crédito, y defraudación fiscal, previsto y sancionado en el artículo 108 del código fiscal de la federación”. Firma, María Elena Velasco Ramírez, agente del Ministerio Público de la federación comisionada a la Unidad Especializada de Análisis Financiero.
Así, en un documento de apenas página y media de texto, el gobierno de Enrique Peña Nieto decidió no solicitar orden de aprehensión contra el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delito bancario y defraudación fiscal, por los cuales el priista fue denunciado en 2014 por Jaime Chávez García, respecto a un presunto desvío de recursos al Banco Unión Progreso.
César Duarte, es junto a Javier Duarte, el paradigma de la corrupción en México.
Prófugo, porque la procuración de justicia en el Estado de Chihuahua sí se ejerce, Duarte ni siquiera esperó la transición del gobierno que encabezó; huyó antes que Javier Corral tomara posesión del mismo.
Chihuahuenses de cepa y periodistas de investigación han documentado la residencia de César Duarte en una exclusiva zona residencial de El Paso, Texas. Hay quienes incluso los han visto a él y a su esposa de compras en tiendas de autoservicio y departamentales en aquella ciudad de Estados Unidos. Sin embargo, la PGR no lo busca.
El ex gobernador, que a pesar de las denuncias, los señalamientos, los desfalcos y los desvíos comprobados, no ha sido expulsado del Partido Revolucionario Institucional, ni la clase política del Gobierno Federal ha renegado de él -ni siquiera el ex secretario de Hacienda, José Antonio Meade-, es acusado por el gobernador de Chihuahua de desviar más de mil 200 millones de pesos del presupuesto estatal.
Jueces de aquella entidad han concedido a la Fiscalía General por lo menos once órdenes de aprehensión contra César Duarte Jáquez, por el delito de peculado agravado. Una de las investigaciones, la más notoria para el caso, es aquella donde se comprueba cómo la administración de Duarte, con la venia de la Secretaría de Hacienda, entonces encabezada por Luis Videgaray, y la cúpula del PRI a través del secretario general adjunto, Alejandro Gutiérrez, desviaron del erario 250 millones de pesos. Dineros que Hacienda autorizó para su gasto y fueron destinados a compañías fantasma por parte del Gobierno del Estado de Duarte, y terminaron en campañas del PRI en el 2016.
La distracción del recurso federal fue descubierta por la Secretaría de la Función Pública de Chihuahua, al tomar posesión Javier Corral. El ex gobernador había contratado a las empresas fantasma a pesar que la Secretaría de Hacienda autorizaba la transacción, y dichas empresas terminarían en la lista de compañías facturadas con actividades simuladas de la propia SHCP. Además, los servicios que les fueron contratados a las compañías, no fueron provistos al gobierno. De la investigación estatal, han sido detenidos más de 15 ex funcionarios en la gestión de César Duarte, y otra decena se encuentran en proceso. Alejandro Gutiérrez, el enlace de quien entonces era presidente del PRI, Manlio Fabio Beltrones, también fue aprehendido y permanece en prisión.
Por las once órdenes de aprehensión que concentra César Duarte Jáquez, la Fiscalía General de Chihuahua pidió a la PGR solicitar y emitir orden de búsqueda en el extranjero y una orden de extradición. De hecho, cuando en septiembre de 2017 se hizo formalmente la petición del Gobierno del Estado al Gobierno Federal, Alberto Elías Beltrán era el subprocurador jurídico y de asuntos internacionales. Pero ni en aquel momento las solicitó, ni ahora que es encargado de despacho de la PGR.
A pesar que tanto ciudadanos de Chihuahua, como el gobernador Javier Corral y la propia Fiscalía han solicitado al gobierno de Enrique Peña la investigación federal de las transas de Duarte y la emisión de las solicitudes de extradición, el Gobierno de la República protege al ex gobernador.
El hecho que la PGR se negara a ejercer la acción penal contra César Duarte, es la burla del Gobierno Federal no solo al pueblo de Chihuahua, sino a la justicia en México, y el apoyo más burdo a la impunidad de los políticos corruptos en este país.
El no ejercicio de la acción penal federal contra Duarte, se suma a la protección del Gobierno Federal de la cual han gozado otros aliados de Peña Nieto, y harto señalados por actos de corrupción, sea denunciados por la Auditoría Superior de la Federación, en cortes extranjeras e incluso por la Secretaría de la Función Pública. Como es el caso de Emilio Lozoya Austin, señalado por ejecutivos brasileños de aceptar sobornos de Odebrecht, cuando fue colaborador de Peña, y a quien un juez federal concedió un recurso para frenar la investigación en su contra, aunque realmente no era necesario, dado que la PGR la tiene congelada, al tiempo que el fiscal de delitos electorales fue despedido precisamente por investigar a Lozoya.
En el mismo club de los impunes está Rosario Robles, secretaria de Desarrollo Agrario, Urbano y Territorial, acusada por la Auditoría Superior de desviar más de 3 mil millones de pesos en la institución que encabeza y cuando fue titular de la Secretaría de Desarrollo Social. Ni la ex perredista ha renunciado para que se conduzca una investigación, ni la PGR la investiga, ni el Presidente le ha solicitado la renuncia.
En similares circunstancias está Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones del Gobierno Federal y apodado “Don Socavón”, luego que la carísima obra titulada Paso Express, resultara un fracaso y causara la muerte de dos personas y afectaciones económicas a varias comunidades, cuando un socavón acabó con la construcción. Posteriormente se sabría de las irregularidades en el otorgamiento de contratos y un daño por más de mil millones de pesos tan solo en esa obra. Pero Ruiz Esparza no es investigado. En contraparte, en la función pública han encontrado culpables a por lo menos 15 colaboradores del mismo.
Es evidente por los hechos el no ejercicio de la acción penal, y la ausencia de investigaciones en la PGR por actos de corrupción, que el gobierno de Peña protege a los corruptos, se burla de la justicia y les da impunidad. Y casos, hay más.
