El presidente Enrique Peña Nieto afirmó este lunes que no responderá a “dimes ni diretes electorales”, además de que afirmó que “no responde a nadie, ni me voy a meter en este proceso electoral”, y que la única participación que tendrá, será el 1 de julio próximo cuando vaya a ejercer su derecho a votar.
“A ver, no se enganchen tampoco los medios, lo que vamos a ver seguramente en este proceso electoral propio de toda democracia son los dimes y diretes de cada uno de los participantes y es normal y propio de todo proceso electoral lo que se diga, lo que se señale, lo que se posicione de parte de cada uno de los candidatos”, aseguró Peña Nieto.
“El presidente ni fijará posición ni va a tener un posicionamiento para cada uno de los candidatos o lo que vayan diciendo en esta carrera política, democrática […] Me parece que este es el clima natural de todo proceso electoral, de todo proceso democrático y en donde a final de cuentas lo que la sociedad estará evaluando es el decir, el posicionamiento, el actuar de cada uno de los candidatos y al final de cuentas llegar al día de la elección para tomar una determinación como mexicanos”, abundó.
Intelectuales, activistas y organismos empresariales como la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) le exigieron al mandatario nacional no usar a la Procuraduría General de la República (PGR) para perseguir a Ricardo Anaya Cortés, candidato por la coalición “Por México al Frente”, integrada por los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), y del Movimiento Ciudadano (MC).
Por ejemplo, en su mensaje semanal, el presidente nacional de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, denunció que las entidades del Estado se están utilizando “con la finalidad aparente de minar la competencia democrática y debilitar a los adversarios políticos”.
El dirigente patronal advirtió, además, que entidades fundamentales del Estado, responsables de la procuración de justicia, la seguridad nacional, la fiscalización tributaria y la inteligencia financiera “están siendo utilizadas de forma inaudita y alejada de estándares”.
La Coparmex abundó que en días recientes, la actuación institucional y apartidista de varias instituciones federales, especialmente la Presidencia de la República, la PPGR, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) se ha puesto en entredicho por algunos partidos y candidatos.
“El extrañamiento al abandono de la ortodoxia institucional ha sido señalado por un número creciente de organizaciones y activistas sociales, intelectuales, académicos y líderes de opinión, y referido apenas unas horas atrás, al titular del Poder Ejecutivo Federal”, recordó de Hoyos Walther.
Luego, el organismo patronal hizo “un firme llamado” al Gobierno Federal, así como a los gobiernos estatales y municipales, para que eviten todo comportamiento o actuación que dé sospecha, indicio o evidencia, de una injerencia ilegal en el proceso electoral federal y los procesos locales que transcurren en 30 entidades federativas.
Se ha señalado recientemente, agregó, la tibia actuación de la PGR en la investigación y persecución de los posibles actos de corrupción en perjuicio del gobierno de Enrique Peña Nieto, además de que se multiplican los señalamientos de una acción asimétrica en casos que imputan a candidatos y sus entornos personales y de negocios.
“Toda conducta o acción insólita, atípica o desproporcionada de un gobierno o funcionario, que pretenda directa o indirectamente beneficiar o perjudicar a una coalición, partido o candidato, debe ser erradicada por su ilegalidad, afectación a la normalidad democrática, y profundos efectos dañinos en la confianza institucional que trae aparejada”, dijo De Hoyos Walther.
“Si hay evidencia de la comisión de un delito, éste debe ser investigado, perseguido y sancionado sin distinciones. La ley nunca debe ser herramienta de persecución o negociación política. Mucho menos, espacio de complacencia para cuando se afectan los recursos públicos”, dijo el presidente nacional de la Coparmex.
Por otra parte, un grupo de intelectuales, académicos y activistas escribió al presidente Peña Nieto una carta para señalarle su responsabilidad por la falta de autonomía del Ministerio Público, luego de la divulgación por la PGR de un video donde aparece Anaya Cortés cuando se presentó a las instalaciones de dicha dependencia.
Además, señalaron a que si existen pruebas contundentes que involucren a Ricardo Anaya en algún acto delictivo, la autoridad ministerial proceda en consecuencia, de lo contrario, utilizar instancias del gobierno federal para perseguir a un líder de oposición, coloca a México junto a países con regímenes autoritarios o “democracias disfuncionales”.
Los 57 firmantes de la misiva dirigida a Peña Nieto indicaron que tienen filiaciones políticas diversas y plurales, por lo que esta exigencia “no implica de ninguna manera un apoyo a la candidatura de Ricardo Anaya sino una preocupación fundada en el uso del poder del Estado para incidir en el destino de los comicios. La decisión de quién será el próximo presidente de México le corresponde exclusivamente a las y los ciudadanos mexicanos”.
Subrayaron que “México es una democracia joven con instituciones débiles. El uso del Ministerio Público federal para perjudicar al candidato presidencial de la Coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, erosiona aún más a las instituciones que encarnan la autoridad del Estado mexicano”.
En la carta, recordaron al presidente Peña Nieto, que en el 2005, el intento de desafuero del entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, abrió brechas de polarización en la sociedad “que aún dividen y lastiman la convivencia social en nuestro país”.
Los firmantes fueron: Héctor Aguilar Camín, Emilio Álvarez Icaza, Mario Arriagada, Aram Barra, José Luis Caballero, Enrique Cárdenas, Jorge A. Castañeda, Jorge Castañeda, Juan Arturo Covarrubias, Denise Dresser, Christopher Domínguez, Carlos Elizondo, Elena Fortes, Fernando García Ramírez, Alejandra Garza, José Pablo Girault, Fernando Gómez-Mont, Claudio X. González Guajardo, Bosco Gutiérrez Cortina, Carlos Heredia, Esteban Illades, Edna Jaime, Enrique Krauze, Alejandro Legorreta, Genaro Lozano, Gastón Luken, Gastón Luken Garza, Alejandro Madrazo, Ana Laura Magaloni y Javier Mancera.
Además de Ángeles Mastretta, Héctor de Mauleón, Mauricio Merino, José Merino, Kathya Millares, María Elena Morera, Valeria Moy, Layda Negrete, Saskia Niño de Rivera, Raúl Padilla, Juan E. Pardinas, Catalina Pérez Correa, Rafael Pérez Gay, Jacqueline Peschard, Ricardo Raphael, Eunice Rendón, Federico Reyes Heroles, Francisco Rivas, Lisa Sánchez, Armando Santa Cruz, Arturo Sarukhán, Macario Schettino, Guillermo Sheridan, Diego Sierra, Juan Silva Meza, Maruan Soto Antaki, Jorge Suárez Vélez y José Woldenberg.
Por su parte, en conferencia de prensa, el candidato de la coalición “Por México al Frente”, reiteró que es Peña Nieto el que quiere inhabilitarlo políticamente, porque quiere la impunidad. “Ya estuvo bueno que haya intocables en este país. Aquí el que la haya hecho la tendrá que pagar y esto incluye al presidente de la República, Enrique Peña Nieto”, afirmó Anaya Cortés.
“Por supuesto que quien quiere sacarme de la boleta es el PRI-gobierno, y quien encabeza este movimiento, no tengo ninguna duda, es el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. La razón: quieren la impunidad y nosotros eso no lo vamos a conceder bajo ninguna circunstancia”, señaló el candidato presidencial.
