Deja la dirección de la paraestatal
Un pre infarto obligó a Miguel Lemus Zendejas, director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (Cespt), a solicitar una licencia temporal de su cargo, sin goce de sueldo y por un periodo de tres meses.
Fue el lunes 12 de marzo cuando la petición fue planteada al gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, informó a ZETA, Raúl Reynoso, coordinador de Comunicación Social de gobierno del Estado.
La mañana del martes 13 de marzo se reunió en las oficinas centrales de Cespt a los jefes de distrito y subdirectores, a quienes se les dio a conocer que Lemus Zendejas se ausentaría de su cargo por tres meses “por cuestiones personales”. Ahí mismo les fue notificado que el ingeniero Germán Jesús Lizola Márquez, quien se desempeñaba como director de la Comisión Estatal del Agua -CEA-, quedaría a cargo de director interino en ese lapso.
Ese día, la confusión imperó al interior de la paraestatal, toda vez que en forma previa, Miguel Lemus había dado a conocer una circular firmada por Jorge Luis Martínez Zavala, subdirector de Administración de Recursos de la dependencia, en la que daba a conocer su solicitud de licencia, asignando como relevo temporal de su cargo a Manuel Gerardo Ocejo Miramontes.
Eso obligó que al día siguiente, 14 de marzo, se emitiera una nueva circular para dejar sin efecto la que daba nombramiento al recomendado de Lemus.
AUTORIDADES DE SAN DIEGO PRESENTAN DEMANDA
10 días antes de su licencia, autoridades de San Diego se unieron para entablar una demanda en contra de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (IBWC, por sus siglas en inglés), ante “los derrames de aguas residuales en curso que causan el cierre y enferman a la gente en Imperial Beach”, flujo por el que ya han exigido a CILA estadounidense, investigar las aguas residuales provenientes del Río Tijuana.
Circulares generaron confusión
Fueron las autoridades del Distrito Portuario Unificado de San Diego y la Ciudad de Chula Vista, quienes el 2 de marzo anunciaron que se unían “a la Ciudad de Imperial Beach en demandar a la agencia federal para detener el flujo de desechos tóxicos y aguas residuales, desde el Río Tijuana al Océano Pacífico”, exigiéndole que su homóloga mexicana expliqué por qué no se han frenado los derrames de agua sin tratar.
El alcalde, Serge Dedina ya había interpuesto una denuncia ante CILA americana en noviembre de 2017, acción que la dependencia en mención no atendió, mientras que Miguel Lemus negaba las descargas de aguas negras vertidas sin tratar al mar y al Río Tijuana.
“Los derrames de aguas residuales en curso causan el cierre de playas y enferman a la gente en Imperial Beach; son un desastre ambiental y humano que está empeorando con 28 cierres de playas desde el 1 de enero -de 2018-”, informaron en un comunicado.
Serge Dedina dijo que esta nueva demanda se presentó “como último recurso”, al tiempo que alentó a otras comunidades y organismos interesados a unirse “para encontrar una solución permanente a los que podrían ser las peores violaciones ambientales en curso, en Estados Unidos”.
Recordó que durante años han estado trabajando para coordinarse con las autoridades mexicanas correspondientes para que se corrijan estas violaciones “y tomen medidas rápidas para detener y tratar la contaminación del agua que fluye a través de sus instalaciones en el Río Tijuana”.
Por su parte, Dan Malcolm, comisionado del Puerto de San Diego, dijo que todos los residentes del condado de San Diego se ven afectados por la contaminación del Río Tijuana, “porque daña nuestros activos costeros compartidos”.
Mientras que la alcaldesa de Chula Vista, Mary Casillas Salas, recordó que “somos comunidades conectadas por nuestra costa y la calidad del agua afecta a todos los que disfrutamos de las playas, muelles”.
Paloma Aguirre, representante del organismo ambiental Costa Salvaje, expuso que en las reuniones efectuadas para tratar el tema de contaminación proveniente del Río Tijuana, el director de Cespt ha evadido asumir su responsabilidad, omisión que se busca revertir, “primero presionando a las autoridades americanas correspondiente, para que éstas a su vez exijan cuentas a las autoridades mexicanas”.
A la fecha, ni el gobierno de Baja California, ni la propia Cespt han dado respuesta a las acusaciones de las autoridades de San Diego.
