Por lógica, los que pagan por la corrupción, errores, omisiones, fallas de juicio, negligencias y discapacidades cometidas por funcionarios públicos, son invariablemente los ciudadanos honestos y, en algunas ocasiones, también los deshonestos.
En el tema de seguridad y justicia, los daños resultan catastróficos al poner en riesgo justo los derechos que deben tutelar, como el de la libertad o la vida, en referencia a los homicidios, secuestros, extorsiones y asaltos violentos -porque ahora parece que todos los delincuentes de todas las calañas andan armados-, delitos que en fecha reciente preocupan a los bajacalifornianos porque remiten con claridad al terror vivido en años anteriores.
El año, ocho meses y cinco días transcurridos desde la entrada en operación del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) acusatorio en todo el Estado y el país,-en Mexicali desde agosto de 2010-, la curva de aprendizaje de todos los protagonistas en la obligación de procurar e impartir justicia, ha resultado muy larga para los ciudadanos, ante la constante liberación de presuntos delincuentes reincidentes.
El panorama pasa desde secuestradores y homicidas detenidos en flagrancia, liberados por cuestiones de forma y no fondo, hasta personas capturadas “ilegalmente” en el lugar y momento equivocado, que no tienen que ver con hechos delictivos y después lo demuestran con videos.
Policías operativos que sí aprehenden delincuentes, pero no saben reunir los requisitos para una captura o rendir apropiadamente un Informe Policiaco Homologado (IPH). O Ministerios públicos que arman y presentan bien sus casos, pero son apabullados por extraños y cambiantes criterios de los jueces; incluso ministerio públicos que en casos mediáticos, a sabiendas que el expediente no reúne los requisitos legales para vincular a proceso, igual lo presentan para poder echarle la culpa al juez. Y los juzgadores, trabajando bajo la premisa del NSJP, que procura que la mayoría de los delincuentes lleven sus procesos en libertad, a veces sobrepasándose, comportándose como defensores en lugar de árbitros.
Se suma un Consejo Ciudadano de Seguridad que advierte con exhibir a los jueces que se excedan como garantistas, mientras se hace evidente que si se trata de exponer a quienes no están cumpliendo, se necesitará una vitrina más amplia porque las fallas están en los tres niveles y órdenes de gobierno.
Enmarcando esta dinámica de sociedad y autoridades de seguridad, están los políticos y funcionarios ejecutivos, alcaldes, el gobernador con sus reclamos públicos, pero que sin acciones de fondo, no dejan de ser más que frases vacías para ganar la voluntad ciudadana. Luego, intercaladas con esa lluvia de declaraciones, la gente lee a diario cómo se abusa de estas reformas.
La primera semana de marzo, una jueza liberó a Miguel Ángel Aguilera Valadez, detenido en flagrancia por el secuestro de un empresario, porque según ella, el Ministerio Público no lo imputó.
El 16 de marzo, elementos de la Policía Estatal Preventiva entraron sin orden judicial a la casa de un agente ministerial en Tijuana, jalonearon a la madre del oficial y estuvieron a punto de provocar un enfrentamientos, en un hecho donde había más de 50 elementos de las diferentes corporaciones armados.
O la recaptura y liberación -26 de febrero y 17 de marzo de 2018- de Alfredo Heynes Alonso, presunto sicario del Cártel Arellano Félix; la primera vez presentado ante el juez por el Ministerio Público, sin elementos suficientes y por el delito equivocado: homicidio en lugar de homicidio en grado de coparticipación, además de no haber enviado a la Procuraduría General de la República el desglose por el arma que le encontraron en posesión; y la segunda vez, por posesión de arma, pero con imprecisiones en IPH que permitieron su regreso a la calle.
El ciudadano común, no conoce a fondo ni el Código Nacional, ni el Nuevo Sistema de Justicia Penal, pero conoce muy bien la sensación de miedo, indefensión e impunidad que su implementación de manera deficiente en algunos delitos, han generado.
Hasta ahora solo se ha visto a representantes sociales, a todos los actores políticos quejándose de las leyes, de un Código que da libertad y otorga todos los beneficios a los presuntos delincuentes, a los detenidos con droga o portando armas. Cuando más, regidores y diputados locales enviando exhortos a la Federación. Y así han pasado veinte meses sin que aparentemente ninguno haya hecho algo sólido que realmente se encamine a generar los cambios o reformas necesarios. O mejore y etiquete los presupuestos de las corporaciones para crecer sus capacidades en la aplicación del NSJP.
A punto de cumplir dos años de su implementación generalizada, llegó el momento de dejarse de reclamos y lamentaciones para pasar a las acciones, si el Consejo Ciudadano va a evaluar para exhibir, que sea con un sistema riguroso y a todo los protagonistas, para que esa información sirva también para saber exactamente en qué puntos se está fallando, para corregirlos y fundamentar las peticiones de reformas y asignación de presupuestos.
Y si los político-funcionarios como el alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gastélum -que aprobó el Código que hoy repudia-, van a quejarse, que lo hagan ante la Federación, diputados y senadores del Congreso de la Unión, ante la Secretaría de Gobernación y los candidatos a legisladores federales, con peticiones formales e información de sus corporaciones para fundamentar lo expuesto.
