El concepto del cambio se apoderó del imaginario colectivo mexicano desde 1988, fecha en la que salió masivamente a votar por él, después de 12 años ininterrumpidos de una crisis económica nacional que había devastado la economía familiar y dado al traste con el milagro económico mexicano del desarrollo estabilizador, así como con la confianza en un régimen político, fundado en el crecimiento económico, el desarrollo, la permeabilidad social y la esperanza de que estábamos construyendo un futuro de grandeza nacional. El cambio que ganó en las urnas y hubo de ser vencido mediante un fraude, planteaba la recomposición de las políticas públicas que nos habían permitido décadas de bonanza económica, partiendo de la hipótesis de que el derrumbe económico se debía a la modificación substancial de esas políticas y no a la inoperancia de éstas. El fraude impidió el cambio aprobado en las urnas en aquel 1988 y permitió la radicalización de las políticas económicas neoliberales que se venían aplicando desde 1977, año en el que comenzamos a endeudarnos para vender petróleo, con el garlito de abundantes riquezas si nos convertíamos en exportadores de materia prima. Esta radicalización, en un principio lleno las expectativas de cambio que la sociedad mexicana se había hecho, pues se controló la inflación, se estabilizó la moneda, se le quitaron ceros al tipo de cambio; se vendieron las empresas estatales para invertir en desarrollo social; se generaron nuevas expectativas de grandeza nacional cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio con los EE.UU. y Canadá, y nos ilusionamos con la transición política que inició fundando nuevas instituciones democráticas.
Parecía que el cambio había llegado de manera exitosa, pero como dice la canción de Emanuel, “todo se derrumbó” cuando al final del sexenio salinista y principios del zedillista, nos topamos con una realidad obscena: una crisis económica aún más catastrófica que las anteriores, la cual apareció descubriendo que la bonanza había sido financiada fraudulentamente. El tipo de cambio se disparó, los escándalos de corrupción llegaron a la familia presidencial y los crímenes políticos cimbraron al país; comenzó una escalada de violencia fundada en el crecimiento de negocio del narcotráfico. En pocos años, las empresas estatales vendidas generaron enormes ganancias para un puñado de personas y dio inicio un proceso de concentración de la riqueza que inhibió la permeabilidad de la sociedad, máximo logro de los gobiernos del desarrollo estabilizador.
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El neoliberalismo se sembró con López Portillo; con Miguel de la Madrid se regó y fertilizó; con Salinas y Zedillo echó raíces; y con los gobiernos de Fox y Calderón comenzó a rendir los mejores frutos para quienes lo instauraron y patrocinaron, mientras que los peores resultados fueron para el grueso de una sociedad, precarizada salarialmente, desprovista de herramientas efectivas para desarrollar su potencial económico y empobrecida en márgenes estadísticos escandalosos. Por eso, desde finales del gobierno de Carlos Salinas, la noción del cambio retomó fuerza y legitimidad, encarnada por el ingeniero Cárdenas y el PRD que se había mantenido firme en una la disputa política llena de atropellos posibles solo gracias al acuerdo fundador del PRIAN. Agotada políticamente la figura emblemática de Cárdenas, irrumpió en la oposición mexicana el relevo generacional, personificado en una figura política compleja y única, dotada de una terquedad y capacidad de comunicación extraordinaria y una determinación incontrolable, quien ha sido el personaje más importante de la vida política nacional de los últimos 18 años, AMLO, de quien me ocuparé en la segunda parte de esta saga.
Jesús Alejandro Ruiz Uribe es Doctor en Derecho Constitucional, ex diputado local, rector del Centro Universitario de Tijuana en el estado de Sonora y coordinador estatal de Ciudadanos Construyendo el Cambio, A.C. Correo: chuchoruizuribe@gmail.com
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