Por estos días, Rosario Robles Berlanga, la todavía secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, está siendo señalada de mal gobierno, irregularidades financieras y corrupción. La Auditoría Superior de la Federación (ASF), entidad que revisa las cuentas de los gobiernos en el ejercicio del presupuesto federal, encontró que en las dos secretarías que ha encabezado Robles -antes tituló la de Desarrollo Social- hubo desvíos de dineros por más de 3 mil millones de pesos.
La señora Robles primero desacreditó al medio de comunicación que dio a conocer los resultados de las auditorías federales, e incluso los llamó a la Procuraduría General de la República (PGR) para arreglar cuentas. Desviada también la dirección de su enojo, pues no fue el periódico quien hizo las auditorías, sino una entidad pública como la Auditoría Superior de la Federación, Rosario Robles no tuvo éxito en ¨limpiar¨ su imagen. Entonces emprendió una gira de medios afines. Acudió a aquellos que le otorgaron un espacio para defenderse de las observaciones y los desvíos de dineros señalados oficialmente por la ASF. No lo ha logrado.
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La realidad es que las justificaciones no las debería hacer mediáticas, sino oficiales, respondiendo a la ASF sobre las observaciones y comprobando que los dineros fueron bien utilizados, probando que no se desviaron. Por su parte, la Auditoría deberá presentar denuncias legales en caso que la señora secretaria no acredite fehacientemente dónde quedó el dinero y que este fue invertido adecuadamente.
En Baja California, de los recursos federales revisados por la ASF, el resultado de la auditoría de la institución fue que en el gobierno de Francisco Vega de Lamadrid, se habían desviado de su destino obligado, más de mil 400 millones de pesos. Eso es oficial. Los resultados de la auditoría están a la vista y análisis de quien los quiera consultar en la página de la ASF. Ni una línea más, ni una menos, tal información fue considerada por ZETA a través de la reportera Inés García Ramos para elaborar una nota informativa dando cuenta, a detalle proporcionado por la Auditoría Superior de la Federación, de los desvíos en la administración de Vega de Lamadrid.
A diferencia del tema nacional donde medios tradicionales y digitales han retomado el caso de los desvíos de Robles o incluso los de Javier Duarte de Ochoa, el encarcelado ex gobernador de Veracruz, en Baja California, a muy pocos, incluidos ciudadanos o liderazgos sociales, los ha importado el resultado de la ASF, que determina el desvío de más de mil 400 millones de pesos en la administración estatal de Vega.
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Por otro lado, el Ejecutivo estatal ha acudido a medios de comunicación impresos mayormente, para “dar su versión”. Niega los desvíos a pesar de los documentos oficiales que los prueban. Minimiza el impacto de una mala administración en programas sociales que se vieron afectados por la distracción del dinero, y hace el vacío pretendiendo ignorar a la autoridad que representa la Auditoría Superior de la Federación, en lugar de subsanar las observaciones y probar, ante esa misma instancia, que el dinero no fue desviado, que lo destinado al pago de maestros se utilizó para el pago a maestros, que lo etiquetado para obra y que la ASF no pudo localizar -más de 760 millones de pesos-, sí se invirtió en obra que además está visible. Que los más de 4 millones de pesos que su gobierno pagó a aviadores, dado que en la auditoría no fueron localizadas las plazas, fueron invertidos en trabajadores eficientes del gobierno.
Pero no, “Kiko” no subsana lo observado en la auditoría, mejor vende la idea de que no es verdad, a pesar de los documentos oficiales que lo prueban, lo mismo hace su secretario de Finanzas, el vacío, ignorar las observaciones. Mientras su director de Comunicación, Raúl Reynoso, se altera con la reportera que escribió la nota en ZETA, basada en los resultados de la revisión de la ASF, y amenaza con mandar cartas con derecho de réplica que siempre termina por no ejercer. No es la primera ocasión que, molesto por una información publicada en este Semanario, llama para quejarse, aunque sí es la primera que dirige su enojo hacia una reportera.
Reynoso acusó a García de difamar al Gobierno del Estado, incluso se exasperó porque la reportera no le pidió su opinión antes de la publicación, acción que se pasó de largo al tratarse el reportaje exclusivamente sobre los resultados de la ASF, basándose en los documentos oficiales que, se insiste, están al alcance de quien los quiera revisar, incluidos los funcionarios aludidos.
La información que Raúl Reynoso calificó ante Inés García de “alarmante y difamatoria” es, pues, oficial, y no es en ZETA donde el funcionario y el gobierno que representa deben subsanar las irregularidades, sino ante la ASF.
En el colmo de su ligereza, Reynoso preguntó a la reportera si ella consideraba que el gobierno había desviado esos mil 324 millones de pesos, cuando -se reitera- la información publicada no es opinión personal de la periodista o datos generados en el Semanario. Se trata de información oficial de la Auditoría Superior de Fiscalización.
La tarde del jueves 1 de marzo, ya muy cerca del cierre de esta edición, el mismo Raúl Reynoso envió una carta ¨aclaratoria¨ sobre el reportaje, pese a la llamada a la reportera el viernes anterior. La carta está publicada en la sección Cartaz de la edición que el Lector tiene en sus manos, a pesar que la réplica, las justificaciones, las explicaciones, deben hacerlas a la ASF, la misma que con documentos institucionales, establece que el gobierno que encabeza Francisco Vega desvió más de mil 400 millones de pesos.
Explicaciones que, una vez oficiales, se determinará si proceden.
