En septiembre de 2017 entró en vigor la nueva Ley de Protección Civil para Baja California.
Aunque bien intencionada, desafortunadamente el contenido no corresponde con las posibilidades reales de aplicación ni a consultas realizadas, lo que generó diversas inquietudes.
La situación empeoró con la participación de quienes, lejos de buscar informarse y orientar, por el contrario, sembraron confusiones. En el menor de los casos, simplemente no leyeron o no supieron interpretar la ley, pero aún así alimentaron distorsiones.
Una de las principales controversias generadas fue la que se gestó al entender equivocadamente quienes están obligados a cumplir con el Programa de Protección Civil, preocupando indebida e innecesariamente a mucha gente.
La ley define: “Programa Interno de Protección Civil: Instrumento de planeación y operación, circunscrito al ámbito de una dependencia, entidad, institución u organismo del sector público, privado o social; que se compone por el plan operativo para la Unidad Interna de Protección Civil, el plan para la continuidad de operaciones y el plan de contingencias, y tiene como propósito mitigar los riesgos previamente identificados y definir acciones preventivas y de respuesta para estar en condiciones de atender la eventualidad de alguna emergencia o desastre”.
Ese programa puede requerir certificaciones del sistema eléctrico, instalaciones de gas y estructura, así como equipamiento, capacitación y seguimiento.
Sumando costos, más el tiempo que se le tiene que dedicar, resulta oneroso y complicado.
En el caso de los organismos de la sociedad civil (OSC), hay que tomar en cuenta que se originan en un esfuerzo altruista y humanitario para resolver graves problemas: huérfanos, personas desamparadas, enfermos, víctimas; hambruna, migrantes y muchos otros casos más donde los recursos gubernamentales no alcanzan.
Prioritariamente se atienden las necesidades, y como quienes lo han hecho no les sobran recursos económicos, en lo último que pensaron inicialmente fue en construir un establecimiento perfecto, dotado de un programa de Protección Civil y equipada con todas las medidas de seguridad.
Así las cosas, no puede una ley de la noche a la mañana obligar a todos a contar con una varita mágica que subsane instantáneamente las deficiencias. Tampoco pueden suspenderse los elementales servicios que prestan, ni tienen cómo cumplir inmediatamente con todos los requisitos.
Para complicar más las cosas, la nueva ley estableció que el gobierno no podría dotar de recursos económicos a los OSC si no cumplían plenamente la ley, creando una camisa de fuerza de la que parecía nadie podía escapar.
Por lo anterior, se organizó una inédita reunión con la participación de los Consejos Estatal y Municipales que aglutinan a los OSC, Alianza Civil, Colegio de Ingenieros, Asociación de Bomberos, Colegio de Consultores, Secretarías de Desarrollo Social del Estado y Municipios, Direcciones de Bomberos y de Protección Civil locales; Subsecretaría de Enlace Legislativo del gobierno del Estado y la Dirección Estatal de Protección Civil, con la finalidad de establecer debidamente criterios de interpretación y aplicación de la nueva ley, acabando de una vez por todas con confusiones y afirmaciones equivocadas.
Otro logro importante del encuentro fue que se tomó nota de las adecuaciones que requiere la ley, así como las medidas administrativas para facilitar su aplicación; además de que se ayudó a que quienes están encargados de trabajar en el proyecto de reglamento, con lo que se espera que se perfeccione el marco jurídico de la protección civil.
La principal conclusión fue que, con base en una ley justa, deben implementarse las acciones necesarias para proteger la integridad física y la vida de los bajacalifornianos y visitantes, teniendo siempre presentes los trágicos sucesos acontecidos en guarderías y asilos foráneos y locales, así como la preocupación generada por los movimientos telúricos presentados en Ciudad de México, Oaxaca y otras latitudes.
Todo es cuestión de definir criterios de Protección Civil.
Alberto Sandoval es Fundador de Alianza Civil, A.C. y Presidente del COMOSC.
Correo: AlbertoSandoval@AlianzaCivil.Org internet: www.AlianzaCivil.Org Facebook: Alberto Sandoval Twitter: @AlSandoval
