Diputados locales plantean reformar el Código Penal de Baja California para que funcionarios públicos que promuevan la operación de taxis piratas, sean sancionados con prisión de dos a cinco años y una multa de 300 a 500 veces al equivalente a la Unidad de Medida Administrativa -UMA-; además de aplicar penalidades de uno a tres años de prisión y una multa de hasta 100 UMAS a quienes operen una unidad clonada o con un permiso irregular.
La iniciativa planteada por la diputada Mónica Hernández Álvarez no es nueva, la retomó de la modificación aprobada en septiembre de 2010 por la XIX Legislatura de Baja California, que adicionó el artículo 250 TER al Código estatal, pero que tres meses después derogó el XX Congreso del Estado, a petición del entonces diputado Gregorio Barreto Luna.
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El argumento de Barreto Luna, quien controlaba el transporte en el Este de Tijuana, fue que la iniciativa que se promovió desde el gobierno municipal de Jorge Ramos, a través de la Secretaría de gobierno a cargo de Marco Corona, no definía qué autoridad sería la “responsable de determinar la validez de los documentos; cuál será el procedimiento y lo más grave de todo, a quién se castigará si al presunto permisionario o al chofer de la unidad de transporte”.
Otro razonamiento del extinto líder transportista fue el manejo de las entidades municipales encargadas de regular el transporte público, “la venta de placas fuera de procedimiento, el aprovechamiento de quienes no realizaron su trámite de revalidación en tiempo para reasignar en los oscurito las concesiones; el otorgar concesiones sin fundamento legal y la autorización indiscriminada de invasión de rutas”.
Al respecto, Mónica Hernández dijo que por ello, a la iniciativa se le añadió la aplicación de sanciones contra funcionarios públicos que incurran en solapar este tipo de delito y otorguen permisos al margen de la Ley, “toda vez que los funcionarios tienen una mayor responsabilidad al serle concedida la confianza de llevar a cabo esa tarea”, subrayó.
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También se adicionaron candados para que la sanción no se enfoque solo al chofer, “quienes por los regular son ajenos al delito”, anotó, sino que se dirija hacia los titulares de los permisos irregulares, no solo de taxis “piratas”, sino que incluyan todas las modalidades de transporte público.
La legisladora agregó que de aprobarse la iniciativa, la cual se presentó al pleno del Congreso, el jueves 8 de marzo, se le inscribirían adendas, en las cuales se podría incluir la regulación por Ley del servicio de taxis que opera a través de plataformas digitales y que el número de permiso coincida con el de la placa, medida que coadyuvaría a disminuir la clonación de permisos piratas.
Con ello se estaría atacando de lleno la problemática de la circulación de cuando menos 900 taxis amparados que actualmente circulan en Tijuana y que interpusieron juicios ante el Tribunal de lo Contenciosos Administrativo -TCA-, para no ser sancionados por el municipio; así como de un número no determinado de unidades que operan con copia de esos mismos amparos, señaló el regidor Arnulfo Guerrero, presidente de la Comisión de Vialidad y Transporte del XXII Ayuntamiento de Tijuana.
“Tenemos un problema en cuanto al alcance de nuestras facultades administrativas. El Ayuntamiento se queda corto ante el problema tan grave que hay, no solo de taxis libres, sino también de ruta”, dijo al calificar como un acierto el hecho de que el Código Penal se tipifique como un delito el que una unidad opere sin el permiso oficial correspondiente.
PIDEN FRENAR UNIVERSOS PARALELOS EN TRANSPORTE
Marco Corona, uno de los impulsores de la reforma en 2010, expuso a ZETA su beneplácito de que se considere nuevamente sancionar con cárcel a quienes operan en forma irregular cualquier tipo de transporte público, “particularmente debe sancionarse a los taxis tipo Uber, porque invaden una facultad que es obligación del Estado proporcionarlo y cuando está imposibilitado lo puede delegar vía concesión; es decir, nadie sin concesión puede o debe de dar ese servicio”.
Por ello, anotó, si se debe considerar un delito usurpar un servicio público, es decir, dar el servicio público sin concesión, como en el caso de Uber, empresa extranjera que tiene su residencia en San Francisco, California, o cualquier otra que por ser de plataformas digital, se nieguen a regularizarse, lo que las coloca en la misma situación que aquellas personas que falsifican documentos, clonan unidades y dan el servicio.
“En materia de transporte, existen universos paralelos, por ello la reformar penal no puede ni debe eximir de sancionar a aquel que da el servicio de transporte sin autorización”.
