Tomando en cuenta a las 32 entidades de la República Mexicana, el promedio nacional del Índice de Impunidad (IGI-MEX 2018), elaborado por el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia (CESIJ) de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), aumentó a 69.84 puntos, en comparación con la última medición de 2016, que fue de 67.42
Según este Índice, Baja California tiene un grado de impunidad “muy alta”, colocándose en la posición 30 a nivel nacional, debido a que presenta una “fuerte” deficiencia en las dimensiones estructural-justicia y funcional-justicia, además de que presenta una variación en los sistemas de justicia -que aumentó- y seguridad -que se se mantuvo- en la medición de la impunidad directa, a comparación del año pasado, con una mínima disminución en la impunidad indirecta, que es una “cifra negra”, dice el IGI-MEX 2018.
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El estudio de la UDLAP destacó que a pesar de que en 2010, en la entidad del noroeste del país entró en vigor el nuevo Código de Procedimientos Penales, con características de corte acusatorio adversarial, el cual buscaba homologar el sistema de justicia penal en el país, “hasta la fecha se ha visto mermado por la lenta homologación en todos los municipios del estado, a excepción de la capital: Mexicali”.
El estudio indicó que por medio de los indicadores se puede observar que los 3 mil 188.01 presuntos delitos por cien mil habitantes, registrados en el estado, “están muy por encima de la media nacional”, con 1,263.14.
A su vez, el número de Ministerios Públicos por cada mil habitantes es apenas de 1.98, a comparación de la media nacional que registra 3.53, lo cual se puede interpretar dentro de las deficiencias estructurales del sistema de justicia del estado.
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Esto también se puede notar que en el caso del personal dedicado al proceso de procuración de justicia, número que está por debajo de la media nacional, “y, por ende, podría entenderse el porqué se registran tan pocas sentencias para el número de presuntos delitos”, señaló el estudio de la UDLAP.
“En el caso de procesados en primera instancia por causas penales concluidas, Baja California registra un número de 3.67, lo cual se encuentra arriba de la media nacional que tiene sólo el 1.33; lo mismo sucede con el índice porcentual de sentencias condenatorias, que arroja un 98.23 por ciento, a comparación del índice nacional con un 83.49 por ciento.”
“Pero aún con estas cifras se puede observar que el 29.51 por ciento de los reclusos en BC están sin sentencia en primera instancia, apenas arriba del porcentaje nacional que es del 27.72 por ciento”, indicó el IGI-MEX 2018.
También recordó que México ocupa el cuarto lugar del Índice Global de Impunidad (IGI 2017) con 69.21 puntos -Croacia es el país con el menor índice con 36.01 y Filipinas el peor con 75.6-, y, además, la República Mexicana encabeza la lista de países del continente americano con el más alto índice de impunidad.
El IGI-MEX 2018 reportó que los diez estados con mayor índice de impunidad son: el Estado de México (80.06); Tamaulipas (78.88); Baja California (78.08); Coahuila (77.88); Quintana Roo (77.33); Guerrero (76.08); Aguascalientes (75.85); Veracruz (75.62); Puebla (75.59); y Oaxaca (75.12).
Por otra parte, el estudio de la UDLAP indicó que las siguientes entidades tienen menos del promedio nacional de jueces y magistrados para atender a su población: Aguascalientes (3.34); Baja California (2.73); Coahuila (2.74); Hidalgo (2.5); Estado de México (2.32); Michoacán (3.2); Nuevo León (2.56); Puebla (1.5); Sonora (3.31), Tamaulipas (3.08); Tlaxcala (2.82) y Yucatán (2.97).
Asimismo, el IGI-MEX 2018 destacó porcentaje de encarcelados por homicidio entre homicidios en averiguaciones previas bajó de 27.5 a 17.09 por ciento, una disminución de casi diez puntos porcentuales de dicho indicador, “resultado de los problemas estructurales de las instituciones de seguridad y justicia a nivel estatal, las entidades no tienen agencias de investigación profesionales, independientes y con capacidades suficientes para atender el delito de homicidio”.
Los estados con mayor nivel de impunidad con respecto al homicidio son los siguientes en orden de impunidad: Tamaulipas (0.15); Tabasco (2.24); Michoacán (4.64); Puebla (5.21); Guerrero (5.39); Tlaxcala (5.56); Quintana Roo (7.81); Sinaloa (8.28); Oaxaca (8.94); y Morelos (9.90).
Asimismo, en 27 de 32 estados disminuyó el porcentaje de encarcelados por homicidio entre homicidios en averiguaciones previas iniciadas: Aguascalientes (32.2 a 15.79); Baja California (119.2 a 33.50); Baja California Sur (170.1 a 35.45); y Sinaloa (de 11.1 a 8.28), entre otros.
El IGI-MEX 2018 también encontró que los delitos no denunciados, se mantiene en un nivel muy alto, inclusive aumentó casi un punto porcentual en dos años, al pasar de 92.8 a 93.7 por ciento, “lo que confirma que los mexicanos siguen sin tener confianza en sus instituciones de seguridad y justicia para denunciar sobre los delitos de los cuales fueron víctimas”.
Además, el Índice de Impunidad destacó que los ministerios públicos estatales “están sufriendo un deterioro estructural y de sus capacidades humanas frente al aumento de los delitos y de la población en el país”, ya que número de agencias para atención es de tan solo 3.53 agencias por cien mil habitantes.
Las entidades con el menor número de agencias del ministerio público por cada cien mil habitantes son: Estado de México (1.01); Tlaxcala (1.25); Yucatán (1.27); Puebla (1.73); Baja California (1.98); Quintana Roo (2.03); Ciudad de México (2.27); Querétaro (2.29); Sonora (2.34); Aguascalientes (2.49); Sinaloa (2.61); Oaxaca (2.77); Tabasco (3.40); Sonora (3.41); y, Oaxaca (3.77).
El IGI-MEX 2018 también observó un aumento de los peritos del ministerio público estatales en relación a los delitos registrados. La cifra pasó de 1.73 a 2.85 peritos por cada mil delitos registrados. “Este aumento es positivo, sin embargo es marginal porque el aumento de este personal técnico debe ir acompañado de instalaciones y equipo adecuado para su buen desempeño”, indicó el estudio coordinado por los investigadores Juan Antonio Le Clercq Ortega y Gerardo Rodríguez Sánchez Lara.
Los estados que hicieron “el esfuerzo” de aumentar el número de peritos del ministerio público para atender su incidencia delictiva (peritos por 1,000 delitos registrados) son los siguientes: Baja California Sur (3.01 a 3.96); Chihuahua (0.07 a 4.65); Ciudad de México (0.98 a 2.63); Puebla (0.6 a 2.27); Sinaloa (0.31 a 3.16); Sonora (0.12 a 2.86); Veracruz (0.68 a 5.45) y Zacatecas (3.89 a 5.33).
IGI-MEX 2018 CAPÍTULO BC
El estudio recordó que según cifras del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2016, los cinco delitos del fuero común más recurrentes en Baja California son: 1. Robo de vehículo; 2. Lesiones; 3. Robo a casa habitación; 4. Daño a la propiedad; y, 5. Violencia familiar
Además de que la entidad fronteriza reporta “la cifra negra” de 89.90 por ciento, la cual se encuentra por debajo de la media nacional, que es de 93.71 por ciento.
El IGI-MEX 2018 indicó, también, que la “cadena impune” del estado de Baja California “da señal de un comportamiento escalonado regular que orienta a que la información analizada sea fiable, pues no se observa un comportamiento atípico o contra intuitivo”.
“Se observa que existe el mismo número de carpetas de investigación abiertas (averiguaciones previas iniciadas) que presuntos delitos y delitos registrados en las procuradurías o fiscalías generales de justicia, en averiguaciones previas iniciadas y/o carpetas de investigación abiertas (111,075), lo cual significa que, al menos en la primera etapa del sistema de justicia, se está haciendo un mejor trabajo al identificar un delito por cada carpeta de investigación que se abre”.
“Pero a la par se puede ver una drástica disminución entre averiguaciones previas y averiguaciones previas determinadas (38%), lo cual arroja que existe una baja productividad en el proceso de investigación al no alcanzar ni la mitad el número de averiguaciones”, señaló el estudio de la UDLAP.
El Índice también recordó que de los 43 mil 930 inculpados en averiguaciones previas, sólo 14 mil 437 son procesados en las causas penales en primera instancia y 2 mil 762 son sentenciados. La mayoría de estos condenados -2 mil 713-, representan el 5.9 por ciento de sentencias a nivel nacional.
Con cifras del año pasado, que corresponden a 43 mil 930 inculpados en averiguaciones previas -mismo cantidad en ambos años- 16 mil 358 son procesados en las causas penales en primera instancia, 943 son sentenciados y, en su mayoría, condenados. “Con esto se puede observar que hubo una disminución en la capacidad institucional en el proceso, pero un aumento de más del doble en sentencias que el año pasado”, finalizó el IGI-MEX 2018.
