Para el secretario de Seguridad Pública de Baja California, Gerardo Sosa Olachea, la propuesta de aplicar prisión preventiva a personas en portación de armas no va prosperar durante lo que resta del gobierno de Enrique Peña Nieto.
“Yo siento y casi estoy seguro que esta administración federal no va a cambiar la ley”, dijo en referencia a la petición que ha venido haciendo el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública encabezado a nivel estatal por Juan Manuel Hernández Niebla.
Sosa Olachea refirió que con todo y que se han llevado a cabo reuniones con diputados de Baja California, para que ellos “hagan la atenta recomendación al congreso federal”, el catálogo ilícitos meritorios de prisión preventiva va a seguir sin incluir la portación de armas.
Ante la disposición contemplada en el Nuevo Sistema de Justicia Penal, referente a dejar en libertad a personas sospechosas que porten armas, Sosa Olachea refirió que por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, se hace lo posible por retirárselas.
En cuanto a los detenidos armados que al final de cuentas quedan libres, “lo que tratamos, es quitarles el arma”, según dijo, para procesarla.
Mencionó que una vez que el juez de distrito la libera, el arma no vuelve a circular en las calles, pues “se deposita en la guarnición militar”. En ese sentido recordó que “hace unas semanas hubo una destrucción de armas”.
“Estuvimos presentes en la destrucción”, dijo y precisó: “fueron mil 835”.
Refirió que “todavía hay 4 mil por ahí guardadas hasta que los jueces de distrito liberen esas armas para que sean destruidas”.
