Articulo 19, organización de ámbito internacional fundada en 1987, que defiende la libertad de expresión y el derecho a la información, aseguró que durante los últimos 6 años se han registrado mil 986 agresiones y 41 asesinatos contra la prensa en México. Tan solo el año pasado se documentaron 507 agresiones contra periodistas mexicanos, así como 12 asesinatos.
Al presentar este martes su informe anual 2017 “Democracia simulada, nada que aplaudir”, la organización documentó que al menos el 48 por ciento de las agresiones a la prensa mexicana en el actual sexenio encabezado por Enrique Peña Nieto, fueron cometidas por funcionarios públicos y 8 por ciento por presuntos criminales.
“Al inicio de sexenio, Artículo 19 documentó que 75 por ciento de los asesinatos de periodistas eran cometidos presuntamente por integrantes del crimen organizado. Al cierre del sexenio puede indentificarse que 21.9 por ciento de los asesinatos fueron presuntamente cometidos por integrantes del crimen organizado y 19.5 por ciento por funcionarios públicos”.
Asimismo, las privaciones a la libertad contra periodistas han aumentado 2.5 veces en este sexenio en comparación con el de Felipe Calderón Hinojosa. Mientras que en el de Peña Nieto cada año se registran 44, con Calderón hubo 17. Además, las agresiones a medios digitales en 2017 aumentaron en comparación con medios impresos, ya que hubo 47.8 y 20.8 por ciento, respectivamente.
En cuanto a los estados más violentos para la prensa, la Ciudad de México, lidera las estadísticas con 383 agresiones; le sigue Veracruz, con 255; Oaxaca, con 177; Guerrero, con 163; y Puebla con 111. En el caso de Coahuila, que en 2014 registró tres agresiones contra periodistas, en 2017 tuvo 41 casos, un aumento del mil 266 por ciento.
En el caso de Baja California, se registraron 18 agresiones contra periodistas, entre ellos un asesinato: el de Luciano Rivera Salgado, reportero de la cadena CNR, muerto a balazos el pasado 31 de julio del 2017, dentro del bar La Antigua, en pleno centro de Playas de Rosarito.
De las 18 agresiones en total, cometidas contra periodistas bajacalifornianos, 10 casos fueron ataques físicos o materiales; 2 intimidaciones; 1 privación de la libertad; 4 amenazas y un asesinato.
De estas agresiones, la la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) abrió tan sólo 4 carpetas de investigación para Baja California.
En cuanto al rubro del Gasto de Publicidad Oficial por entidad federativa, el Gobierno de Baja California ejerció 98 millones 375 mil 661 pesos durante 2017. Mientras que de una Calificación (1/100) del Organismo Garante de Transparencia, el bajacaliforniano obtuvo un 46, con un presupuesto asignado por la entidad para dicho rubro, fue de 13 mdp.
GASTO EXCESIVO EN COMUNICACIÓN SOCIAL POR PARTE DEL GOBIERNO FEDERAL
Ana Cristina Ruelas Serna, directora de Artículo 19 en México, aseguró que del total del gasto pagado de enero de 2013 hasta diciembre de 2017, mismo que asciende a 40 mil 597 millones de pesos, el 55.96 por ciento fue destinado únicamente a 20 medios de comunicación -más de 20 mil millones- y el 44.04 por ciento restante a un total de 3 mil 108 medios de comunicación.
“En la actual administración se sobreejerció el 71 por ciento del gasto presupuestado. De acuerdo con las cifras sobre erogaciones de Comunicación Social de la Secretaría de la Función Pública (SFP), el Gobierno de Enrique Peña Nieto gastó desde enero de 2013 hasta diciembre de 2017, más de 40 mil millones de pesos en publicidad oficial”.
Televisa concentra el 16.45 por ciento del gasto del Gobierno Federal de Peña Nieto, mientras que Estudios Azteca, el 9.70 por ciento. Starcom Worldwide el 3.20 por ciento del total. Grupo Fórmula, obtuvo más de mil millones de pesos y el diario El Universal, esa misma cantidad. Le siguen el periódico Excélsior, con 989 millones de pesos y la Organización Editorial Mexicana (OEM), con 802 mdp.
En su informe, Artículo 19 dedica un capítulo a la publicidad oficial “como mecanismo de control indirecto de las líneas editoriales y como herramienta de censura sutil hacia los medios de comunicación”.
La organización internacional recomendó prohibir esta práctica y crear un ente regulador de la publicidad oficial que no dependa de la Secretaría de Gobernación (Segob), sino que sea una Comisión de Vigilancia o un Consejo Nacional.
IMPUNIDAD EN CASOS DE AGRESIONES CONTRA PERIODISTAS
Artículo 19 mencionó que en algunas zonas los periodistas han dejado de ejercer por su bienestar y el de su familia, y “para protegerse terminan trasladándose a otro estado de la República y cambiando de profesión”.
“No es posible hablar de una protección a periodistas si no tenemos hoy un combate directo a la impunidad y eso implica contar con una Fiscalía que sirva y que se cuente con investigaciones que al final nos lleven a la verdad”, indicó Ruelas Serna.
Tras 10 años de trabajar en México, Artículo 19 reconoció a los periodistas mexicanos que forman parte de nuevas opciones basadas en la investigación, pero recordó que mientras que “algunos seguimos luchando por buscar y encontrar información, otros mueren por difundirla”.
“En el último lustro, nuestro país ha experimentado el surgimiento de un periodismo de investigación vibrante y resistente al miedo que deriva de los embates de la violencia y la represión”, abundó la ong.
En su informe, la organización indicó que nuestro país sigue siendo el más peligroso para ejercer el periodismo en América Latina y que los niveles de violencia a los que se enfrentan quienes buscan informar son solo comparables con aquellos países en situación de guerra, como Siria, señaló.
La organización internacional acusó una “intencionada limitación a las libertades democráticas por parte del Estado y de otros actores del contexto nacional” contra la que la sociedad se habría unido, a fin de “combatir la lacerante impunidad y penetrante corrupción de los organismos del Estado”.
“La violencia no ha cesado y el ingenio para generar nuevas formas de violentar la libertad de expresión e información ha provocado una contracción continua del espacio cívico, ese donde participamos, nos expresamos, nos reunimos e informamos”, denunció Artículo 19.
La organización no gubernamental consideró, también, que la evolución de la tecnología y la evolución de los medios de comunicación al formato digital “ha traído consigo que el espectro de la violencia sea más complejo, pero también hay permitido expandir las libertades y lograr que nuestra voz se escuche más allá de las fronteras”.
Desde julio de 2010 hasta febrero de 2016, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), inició 800 averiguaciones previas por agresiones contra periodistas y medios de comunicación.
De estas, tan sólo se obtuvieron dos sentencias condenatorias hasta el 15 de junio de 2016, por lo que los niveles de impunidad en casos de ataques a la prensa alcanzan prácticamente el 100 por ciento de los casos.
“Durante todo el sexenio, la FEADLE ha fallado en su labor de investigar los delitos cometidos contra las y los periodistas y llevar a los responsables ante la justicia, originando con esto la falta de acceso a la justicia, verdad y reparación para las y los periodistas”, abundó Ruelas Serna.
La directora de Artículo 19 México indicó que tanto la Procuraduría General de la República (PGR), como la FEADLE, que depende de ésta, “han demostrado que son incapaces de investigarse a sí mismas”, por lo que “no existe un combate real” a los ataques contra la prensa.
