El proyecto de Ley de Agua del sector empresarial de Baja California abre la puerta a la concesión del servicio del vital líquido y el encarecimiento de la tarifa, según declararon representantes del CCE y Canacintra, dos puntos sensibles que fueron reclamados por la ciudadanía durante las protestas de enero de 2017 que culminaron con la abrogación de la Ley emitida por el Poder Ejecutivo y aprobada por el Congreso
Colectivos de la lucha por el agua encendieron las alarmas ante el anuncio de una nueva Ley del Agua, esta vez por parte del sector empresarial de Baja California, que con el título de “ciudadana”, pretende abrir la posibilidad de concesionar el servicio de agua y el encarecimiento del mismo, dos de los puntos que provocaron intensas movilizaciones en enero de 2017.
Publicidad
Al proyecto le faltan algunos detalles, pero ya se entregó un primer borrador al Poder Ejecutivo, según comentó el gobernador Francisco Vega de Lamadrid, quien respaldó las acciones realizadas por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) para iniciar los trabajos de una iniciativa de Ley que podría presentarse en próximas semanas al Congreso del Estado para su votación.
Según una copia del proyecto de Ley de Agua en poder de ZETA, el sector empresarial partió de la legislación abrogada hace más de un año, pero eliminó y agregó algunos puntos que consideró importantes, destacando la posibilidad que los municipios pudieran hacerse cargo del tratamiento del agua.
Los primeros trabajos que dieron paso a la Ley establecieron claramente la principal intención, que es otorgar “las bases para lograr un desarrollo económico sustentable de Baja California, considerando que el agua debe ser generador de riqueza que traiga consigo beneficios para los bajacalifornianos”.
Publicidad
El proyecto no contempla normas concretas sobre la preservación ambiental, tampoco proporciona un lugar a las comunidades vulnerables, y aunque fortalece los derechos de los usuarios, no garantiza el agua para toda la población, tal y como, según el colectivo Agua para Todos, debe ser eje rector vital en una Ley de este tipo.
Protestas contra la ley del agua
Ante la información, la Asamblea de Mexicali Resiste acordó esperar hasta que dicha Ley se haga pública, pero no tienen muchas esperanzas, ya que existe un claro vínculo entre funcionarios de gobierno y el sector empresarial encargado. De igual manera, se preparan para posibles nuevas movilizaciones ante un segundo intento por privatizar el agua.
LATENTE PRIVATIZACIÓN DEL SERVICIO Y AUMENTO A LA TARIFA
Hace poco más de un año, miles de personas tomaron las calles para protestar en Baja California -sobre todo en Mexicali- por el encarecimiento de los precios del combustible y la aprobación de la Ley del Agua en Baja California, lo que terminó con una histórica reversa por parte del Ejecutivo estatal en esta última.
Tras el anuncio de la abrogación de la Ley del Agua, el 17 de enero de 2017, el sector empresarial entró al tema y, a través de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) se definió un equipo de trabajo conformado por el ex rector de CETYS, Enrique Blancas; el abogado Víctor Alcántar; los ex directores de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM), Leonel Vizcarra y Efraín Muñoz; el expresidente de Canacintra, Juan Ignacio Gallego Topete; el abogado Marco Aceves, de Hidrosistemas Baja; además de Ismael Villegas y Sergio Sánchez, representante de Canacintra en CESPM, que se encargaría de depurar la anterior legislación.
Eugenio Lagarde afirmó que entre los puntos referidos se encuentra la posibilidad de concesionar el servicio público a través de una empresa interesada en dotar y tratar el vital líquido siempre y cuando se lleve a cabo a través de un proceso transparente y justificado.
Aunque el documento niega la privatización, el Artículo 50 indica que podrán concesionarse a solicitud del Consejo de Administración los siguientes puntos:
* Los servicios de agua potable
* Servicios de alcantarillado sanitario
* Servicios de drenaje pluvial
* Servicio de tratamiento y disposición de aguas residuales
Federico Díaz Gallego, presidente del CCE, dijo que no es malo que el Estado -de ser viable y favorable- concesione los servicios de agua a empresarios interesados, pero rechazó que esto signifique privatizar el agua.
“Claro, no tiene nada de malo la concesión, si hay uno que quiere agarrar la concesión y hacerlo transparente no está mal”.
Iván Martínez Zazueta, representante de la Nueva Constituyente Ciudadana Popular, uno de los colectivos surgidos a raíz de las protestas de enero de 2017 que trabaja en una Ley del Agua Ciudadana, contrapuso al afirmar que concesionar un recurso es prácticamente privatizarlo: “Es importante señalar eso, pretenden privatizar, van a privatizar el servicio, tratamiento, pero al final es una privatizar un recurso, su gestión”.
La antigua Ley establecía que las concesiones tendrían un tope máximo hasta de hasta 30 años, con la posibilidad de renovarse; esto no se modificó en la nueva Ley.
Por otro lado, el incremento a la tarifa parece inminente y, según lo referido por en el CCE y en Canacintra, las personas estarían dispuestas a pagar más, y a una empresa privada, si esto se tradujera en recibir mejores servicios de agua, alcantarillado y drenaje pluvial, o bien, que esté justificado por un tema económico y social.
“Es realmente mínimo, no es representativo, los recibos no son altos, ese 20 por ciento si está en estudios comprobado que ayudaría a CESPM de meter más infraestructura para los drenajes, esa parte no la vemos mal”.
Reclamó que no se trata de un alto precio como el de otros servicios, por lo que no descarta un aumento con el fin de crear un fideicomiso que ayudaría a mejorar las tuberías y drenajes.
Iván Martínez de la nueva constituyente ciudadana popular.
LO QUE SÍ VIENE EN LA LEY
La prioridad de la Ley radica en la modificación del Consejo Consultivo, es en quitarle poder al gobernador para que en las decisiones importantes se tome en cuenta la opinión del sector empresarial y otros.
Este consejo, a través de un consenso, designarían al director del organismo operador del agua, el cual debe tener experiencia probada en el tema y, acorde con el presidente del CCE, Federico Díaz Gallego, no podrá ser ocupada por ningún político “sin chamba”, tal y como ocurre ahora.
De igual manera, definiría los precios del vital líquido a través de consultas e investigaciones transparentes, lo que daría certeza, además de revisar cómo se gastaría el recurso.
También pretende empoderar a los municipios en la toma de decisiones al interior de los órganos operadores, e incluso abre la posibilidad de transferir las responsabilidades a los ayuntamientos. Además, rechaza conglomerar a toda la zona costa en un solo organismo, debido a que las necesidades de cada municipio son diferentes.
Otro de los puntos importantes que contempla la Ley, es que se definirá el pago con base a los servicios que se ofrecen, ya que en la actualidad la tarifa se comprende por los costos del drenaje pluvial, doméstico y el del servicio como tal, pese a que existen zonas que no cuentan con los primeros dos puntos; esto reduciría el costo para las comunidades más vulnerables.
Cabe señalar que el Artículo 152 de la pasada Ley establecía el corte de servicio de agua en caso de no pagarse en un periodo de 90 días, pero esto fue desechado para los usuarios domésticos. Sin embargo, permanece la reducción ante la falta de pago.
De igual manera, eliminó algunos artículos que intervenían en competencia federal y enfatizó que existe poco en el documento sobre el agua como derecho humano.
Díaz Gallego sostuvo comunicación con representantes del Poder Ejecutivo y Legislativo, quienes le recomendaron presentarla lo más pronto posible, ya que se encuentran en coincidencia prácticamente en un 99% de lo plasmado.
ES UNA SIMULACIÓN: EXPERTO
Iván Martínez Zazueta, representante de la Nueva Constituyente Ciudadana Popular, dijo que la relación entre los dirigentes empresariales y el gobierno es evidente, por lo que considera que cualquier Ley proveniente de este sector será prácticamente igual a la abrogada.
Consideró que se trata de una “simulación” al nombrarla “ciudadana”, pues nunca hubo un acercamiento con grupos activistas o defensores del vital líquido, o bien, consultas populares, por lo que se trata de un engaño.
La agrupación que representa, vinculada con colectivos en defensa del agua como Mexicali Resiste -a nivel local- y Agua para Todos -a nivel nacional-, diseñan una Ley ciudadana estatal que contempla diversos puntos omitidos por la interior, como lo son comprender al medio ambiente como un usuario más, garantizar el agua para todos los ciudadanos y promover el uso responsable de la misma.
La intención es realizar consultas populares y foros de expertos a las colonias de toda la entidad, con el fin de recabar información que los ayude a diseñar las principales necesidades de cada comunidad.
Los trabajos requerirán por lo menos seis meses para ver los primeros resultados, pero consideró que representaría un importante avance y cuyas conclusiones serían tan positivas como las que propusieron diversos colectivos al Congreso de la Unión.
Entre los puntos que contemplan en su Ley, destaca la creación de un “Manifiesto de Impacto Sociohídrico” que determine las afectaciones a la población de la instalación de una empresa que utilice el agua como materia prima -como Constellation Brands-, además de la evaluación ambiental que ya se realiza.
Manifestaciones contra privatizacion del agua
La Ley también debería contemplar la preservación de paisajes y sistemas lagunares, o bien, cauces naturales, evitando afectaciones a los mismos, además de políticas públicas que promuevan el reúso del agua, sobre todo en el sector industrial.
ALGUNOS RESULTADOS DE CONCESIONAR EL AGUA
En su página de internet, el colectivo Agua para Todos documentó los resultados de diversos municipios, tanto en México como en otros países, de la privatización de los servicios de agua, en los cuales prácticamente en todos ha tenido resultados negativos.
En Aguascalientes, por ejemplo, la empresa contratada -que fue financiada por Banamex y que finalmente su adeudo fue ingresado al Fondo Bancario de Protección al Ahorro o Fobaproa- no cumplió con el 23% del contrato, esto según la Auditoría Superior de la Federación, además que el Estado continuó responsabilizándose de muchos de los servicios. Aunado a que el precio del agua incrementó de manera sustancial.
En Saltillo hubo algunos avances en el sistema de aguas, pero también generó incrementos importantes del agua, además de la poca transparencia en el manejo de recursos, nuevos elementos de cobro y documentación falsa en las cuentas entregadas al gobierno.
En Ramón Arizpe, Coahuila, una pequeña comunidad de 75 mil habitantes, también se manejó un esquema similar al planteado, cuyo resultado fue el incremento en los precios del agua, se hizo cambio de medidores y tomas de agua que se cobraron al usuario sin su consentimiento y el cobro de los adeudos a las instalaciones gubernamentales, a quienes se impuso una tarifa industrial.
De igual manera en Puebla, se concesionó el servicio a empresas ligadas a Rafael Moreno Valle, no existe información pública sobre el manejo de recursos, además, el contrato se restringió por un periodo de siete años. Se desconocen las ganancias de la empresa y los proyectos de infraestructura.
El mismo documento refiere que ciudades como París y Barcelona, han tenido que regresar a estos esquemas públicos para solventar la crisis de agua que resultó tras ser concesionadas, teniendo que garantizar el vital líquido como un derecho humano.
