El “exitoso empresario” y Gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, está en posibilidad de generar más riqueza en la entidad, de dar mayor movilidad a la economía local, pero decide no hacer su máximo esfuerzo.
A pesar de que una parte de sus obligaciones es “fomentar, impulsar y promover el desarrollo sustentable” de las actividades productivas locales, “considerando la participación del sector social y privado”; en repetidas ocasiones, el gobernador y su comité de adquisiciones han decidido favorecer a los proveedores del centro del país por sobre los locales y para hacerlo legal, elaboran convocatorias a modo.
Conforme a sus declaraciones, durante el gobierno kikista, el crecimiento económico anual ha sido de 3.6 por ciento y en lo que va de su sexenio, Baja California ha pasado de ser la economía 14 a la 12 en el país. Situación que seguramente sería más próspera si una mayor cantidad del presupuesto del Estado se quedara en el Estado.
Los detractores del mandatario y su gabinete, aseguran que estos decidieron entregar obras y contratos millonarios a empresas de otros estados, porque éstas no denuncian, ni rechazan el cobro irregular de comisiones que exigen algunos funcionarios estatales a las empresas favorecidas con contratos en las licitaciones y asignaciones directas, y a cambio, los representantes gubernamentales se hacen de la vista gorda con los sobreprecios y la ausencia de calidad.
Los gobiernos pueden ignorar a las empresas locales, porque la Ley de Adquisiciones se los permite; de hecho, solo la Ley de Obra Pública contempla, en dos apartados, la posibilidad de favorecer a las empresas bajacalifornianas, cuando entre dos empresas que “satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados… una se encuentre en el Estado y el precio no exceda en un cinco por ciento respecto a la otra proposición”.
Y cuando “se trate de trabajos que requieran fundamentalmente de mano de obra campesina, urbana marginada y, que la dependencia o entidad contrate directamente con contratistas o habitantes beneficiarios de la localidad, o del lugar donde deban realizarse los trabajos, o con las personas morales, o agrupaciones legalmente establecidas por los propios habitantes beneficiados”.
Caso distinto, la Legislación del Estado de Sonora, en una decena de artículos habla de que, en igualdad de condiciones, se preferirá “a las MIPYMES fabricantes y distribuidores regionales de productos o mercancías regionales… para generar cadenas de proveeduría respecto de bienes y servicios que liciten regularmente”.
De otorgar “ventajas a empresas tractoras o distribuidores regionales de productos foráneo… en razón del desarrollo de cadenas de proveeduría local, derrama económica, empleos y otras condiciones económicas favorables que se generen en el Estado”, habla de realizar licitaciones regionales.
Claro, tampoco se trata de beneficiar a los compadres y amigos de funcionarios, como la empresa Makro y su Nodo 20 de Noviembre, mal hecho y parchado en Tijuana, o cuando obligaron a los constructores a comprar material en la empresa propiedad del secretario de Desarrollo Económico, Carlos Bonfante. Tampoco es la intención abusar del presupuesto al privilegiar empresas locales, si éstas no cumplen con las condiciones idóneas de precio, calidad y financiamiento; pero bien valdría la pena analizar la posibilidad y la necesidad de “impulsar las potencialidades regionales” y ponerlo en Ley para evitar la discrecionalidad de esos funcionarios que manejan el dinero de todos los bajacalifornianos, como si se tratara de sus carteras personales.
Vale mencionar que el gobierno de Sonora, que se presenta con su legislación proteccionistas, ocupa el lugar número cinco en la economía nacional, siete lugares por encima de Baja California, y su crecimiento anual se estimó en 5.2 por ciento, 1.6 por ciento mayor que el de Baja California.
Si tan solo el Gobernador privilegiara la economía local por encima de la transa con las empresas externas.
* Los porcentajes de crecimiento dados por los gobernadores a finales de 2017 son cifras preliminares del Inegi con base en 2016 que tendrán ajustes.
