Perla del Socorro Ibarra es la única funcionaria que ocupa un cargo en dos poderes del Estado. Es procuradora general de Justicia de Baja California en el Ejecutivo, y magistrada con licencia en el Judicial. Acapara las dos posiciones, aunque por el momento solo cobra en una.
Su ausencia en el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) no había representado problema hasta ahora, cuando por no renunciar al cargo judicial y aferrarse a la magistratura para cuando la chamba se le acabe en el Gobierno del Estado, los diputados locales podrían incurrir en una ilegalidad.
Vamos, actualmente hay un proceso de selección de magistrados que se encuentra detenido luego que cuatro aspirantes al cargo se ampararon (solo queda un amparo vigente, tres desistieron) y les fue concedida la suspensión provisional del proceso en tanto no se falle respecto a su queja. Sin embargo, al conceder el amparo, el juez dejó en claro que suspendía el proceso porque no se ocasionaba un perjuicio, toda vez que había los suficientes magistrados numerarios para suplir las ausencias.
Efectivamente, cuando salió la convocatoria había tres numerarios y dos ausencias para suplir, precisamente la del magistrado inhabilitado, y la dudosa licencia de Perla Ibarra. Quedaba uno, en este caso para reemplazar al magistrado recién retirado, pero en el proceso, una magistrada, Olimpia Ángeles Chacón, tuvo una lamentable afectación física que la mantiene fuera de circulación y atiende su salud desde hace algunos meses, con licencia por incapacidad.
De esta manera quedaron las suplencias: Víctor Ruíz de Chávez en lugar de Carlos Cataño, Gustavo Medina por Perla Ibarra, y el abogado Fausto López sustituyendo la licencia por incapacidad de Olimpia Ángeles Chacón; por tanto, la silla del magistrado Raúl González Arias, retirado por edad, está vacía.
En ese contexto, desde la presidencia del TSJE hicieron un llamado al Congreso del Estado para que emita un fallo sobre los magistrados a designar, desestimando el amparo y, por lo tanto, la suspensión que persiste, dado que “existe un perjuicio”: no hay numerarios para cubrir las ausencias.
En este punto es donde entra la licencia de Perla Ibarra, pues abogados consideran que es ilegal y debería actuar en una de dos vías: regresar a su magistratura, o renunciar a la misma y no ocupar dos cargos en dos poderes.
Deducen que los diputados actuaron de manera irregular al concederle una licencia por años a la abogada, cuando la Ley orgánica del Poder Judicial determina que la licencia más extensa será de seis meses, y que precisamente ningún magistrado puede ocupar cargo en otro poder, como sucede.
En el tribunal, del lado del presidente Salvador Ortiz, dicen que esa determinación no aplica a los magistrados, quienes si el Congreso lo determina, pueden tomar licencias más extensas en tanto no pasen el número de años para los que se elige magistrado, es decir, 15.
Pero ignoran el principio de derecho básico que indica que si la Ley no distingue, la autoridad no puede distinguir, y que al no haber una especificación para las licencias de magistrados, los diputados debieron remitirse a la Ley orgánica del Poder Judicial, la cual establece que la licencia más larga será de seis meses. Argumento con el cual, o Ibarra despacharía en el Poder Judicial, o ya hubiese sido suplida luego de una convocatoria.
Con los actuales procesos entrampados, con la urgencia del presidente del tribunal de que sean nombrados dos magistrados afines para volver a tener mayoría en el pleno, y la voluntad del gobernador Francisco Vega para mandar a sus diputados a votar para seleccionar magistrados, en el Congreso del Estado han convocado para analizar el tema y actuar en consecuencia la próxima semana.
De suceder así, lo que vendrán serán más amparos, y esta vez contra la licencia de Perla del Socorro Ibarra, al ser considerada irregular. Además, la conducta de los diputados podría sancionarse en caso de comprobarse que en la Legislatura anterior no debieron otorgar una licencia por tres o seis años a Ibarra, de manera que no era necesario un numerario más en estos momentos, ya que con ello no se causaba perjuicio y, por tanto, la suspensión debía respetarse.
En unos días, en el Congreso del Estado de Baja California los diputados podrían forzar el tema hasta rayar en la ilegalidad, en una intentona por quedar bien con el titular del Poder Ejecutivo, Francisco Vega de Lamadrid, y con el del Poder Judicial, Salvador Ortiz, y elegir de la lista que elabora el Consejo de la Judicatura sobre quienes consideraron aptos y aprobados para ocupar las plazas de magistrados. Aunque con ello convaliden una licencia que se precia irregular, y se ignore una suspensión que persiste sobre el proceso de selección.
Y como el tiempo se les viene encima, hay más. En agosto de este año, un tercer magistrado, Félix Herrera, saldrá también por llegar a los 70 años, la edad de retiro. La convocatoria para suplirlo debe salir a finales de febrero o principios de marzo, dado que la Ley marca que se emita seis meses antes del retiro. Y de no elegir de manera expedita al magistrado para suplirlo, o hacerlo con la misma convocatoria que las anteriores y entrampar el proceso con amparos, ahí estarán otra vez, necesitando suplentes cuando solo hay tres, y muchos intereses, políticos, económicos y de poder, como el caso de la magistrada con licencia y procuradora.
