En días pasados, un jovencito fue secuestrado por cuatro adultos, uno de ellos se encuentra prófugo, cuestión que sucede todos los días y forma parte del diario acontecer en el país.
Este hecho, común por su cotidianeidad, pasaría como una nota periodística, ocupando un espacio en la sección policiaca al distinguirse por la ejecución del acto de privación de libertad de un estudiante de primer semestre de la carrera de Licenciado en Derecho, en Mexicali; cuestión que motiva una interrogante que refiere a un viejo programa de televisión en el que el comediante, ante hechos como éste, se pregunta: “¿Qué nos pasa?”
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Eso mismo nos preguntamos cuando un aspirante a sacerdote de la justicia tuerce su plan de vida y se inclina por el camino del delito. No nos queda más que reflexionar hasta dónde ha llegado la subcultura del crimen, la cual permite ingresos fabulosos y una vida de dilapidación y placeres costosos al que pocos tienen acceso y que a su vez implica correr riesgo de perder la vida o la libertad al tener que cumplir una terrible pena de prisión, merecida por un negativo comportamiento antisocial.
Si bien es cierto que la pobreza, la injusticia, marginación, discriminación, la falta de oportunidades y la drogadicción, han propiciado esta terrible situación denominada “delincuencia organizada”, también lo es el hecho de que, en muchos casos, los maestros de los diversos niveles escolares, sacerdotes, padres de familia, etc., hemos perdido ese ánimo de misioneros que requiere el enseñar a vivir conforme a un código de valores que permite el control social.
Profesores que no instruyen ni con teoría, ni mucho menos con el ejemplo; que brindan una conducta criminal con la enseñanza de las formas de cómo evadir, con trucos procesales, la ejecución de la Ley y el cumplimiento de penas por el ilícito cometido, sea o no grave, culpable o no culpable su autor.
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Es la corrupción, el cáncer de la justicia que se agrava cuando los profesores de Derecho de cualquiera de las universidades, se convierte en un apostata de la justicia o abogados especialistas en torcer el sentido de la Ley, ya sea como asesores jurídicos, abogados postulantes o como servidores públicos, y lo más grave, como inductores del crimen cuando enseñan la ciencia y el arte de evadir la aplicación del derecho. Pero en lugar de lamentarnos, debemos de cuidar que quienes aspiran a la carrera de Licenciado en Derecho, posean auténtica vocación. Para ello no basta con someter al futuro abogado, a exámenes de adivinanza teórica o memorística; el secreto estiba en efectuar una selección basada en el conocimiento de los cimientos morales de quien en el futuro desea ser propagador del derecho, a través de la divulgación del conocimiento y del pensamiento de los grandes científicos de la jurisprudencia.
Arnoldo Castilla es abogado y catedrático de la UABC.
