Tras siete años de operar, el trámite de verificación vehicular corroboró lo expuesto por sus detractores, los temas de salud y contaminación son secundarios, solo se estableció como una medida recaudatoria para favorecer a concesionarios. Thelma Castañeda, secretaria de Protección al Ambiente, habla de la necesidad de replantear y fortalece el programa. Únicamente el 27 por ciento del parque vehicular registrado cumple el trámite y el 80% de estos lo aprueba. Dueños de autos “chocolate” ni siquiera son requeridos
En cuanto a su objetivo potencial de reducir los índices de contaminación en Baja California, tras siete años de iniciado el programa de verificación vehicular, sin metas, donde ni siquiera se analizan o contabilizan los resultados, a titular de la Secretaría de Protección al Ambiente (SPA), Thelma Rosa Castañeda Custodia, indicó que es necesario un replanteamiento.
Con más de un sexenio implementado, la sensación entre los bajacalifornianos es que se corroboró lo que se temía: que solo se trata de una estrategia recaudadora con el fin de favorecer a las 18 concesiones que actualmente operan en la entidad.
Desde el inicio, el proceso de asignación que se realizó en la administración del ex gobernador José Guadalupe Osuna Millán (2007-2013), las concesiones se otorgaron de manera discrecional a personas ligadas en ese entonces al dirigente del Partido Nueva Alianza, Jorge Kahwagi (ZETA edición 1997), sin licitación y bajo el esquema de invitación. Muchas de ellas con registros negativos en otros estados, con daños en el servicio, maquinaria obsoleta y mal calibrada.
Para obligar el pago, se estableció la verificación como un requisito para tramitar la tarjeta de circulación anual de los autos, sin embargo, para los casos en los que el auto no acredita, igual se puede renovar el documento, así que no establecieron impedimentos para que un vehículo que contamina continúe circulando
El padrón de autos registrados en el Estado es de un millón 100 mil, esto de acuerdo a estimaciones de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Ensenada durante la primera semana de enero, sin embargo, en Baja California podrían estar circulando más de un millón de vehículos irregulares, estos últimos ni siquiera están obligados a la verificación.
Entrevistado al respecto, el gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid expresó:
“Hemos visto la necesidad de que primero tengamos un programa de regularización de carros llamados ‘chocolate’, porque el programa de contaminación lo acabamos de ver durísimo, independientemente de las medidas tomadas en la primera semana de noviembre”, y calificó la contaminación como “peor” que en años anteriores.
Asimismo, destacó la importancia de que quien tenga su automóvil cumpla con la reglamentación, lo cual es parte de lo que se requiere para un mejor ambiente y por consiguiente, mejor salud.
“La verificación es necesaria, yo sé que es incómoda y tiene un costo, pero es muy necesaria” expresó el mandatario.
Cuestionado sobre la medida recaudatoria, más que un tema de salud, Vega insistió que para obtener la tarjeta de circulación es necesario realizar la verificación.
“Tendremos que ir avanzando, en la reunión pasada que tuvimos en Ciudad de México en el mes de diciembre con el Grupo de Coordinación en materia de seguridad pública, estuvimos de acuerdo en revisar el problema que tenemos de carros irregulares; si hablamos de contaminación, carros irregulares; si hablamos de inseguridad, carros irregulares” puntualizó Vega de Lamadrid.
VERIFICACIÓN ILEGAL
Para el maestro en ciencias Témoc Ávila, uno de los principales opositores a la verificación vehicular, la contratación producida por los vehículos es insignificante, incluso menor que la producida por el ganado.
Destacó que la Ciudad de México tiene veinte años con la verificación, incluso ya pararon tres millones de automóviles el año pasado y no pudieron bajar la contaminación ambiental ni los días de contingencia.
Según datos arrojados por investigaciones de la Universidad Tecnológica de Viena, las termoeléctricas contaminan un 25 por ciento de dióxido de carbono, otro 23% el fuego doméstico, 19% la industria, 15% la quema de parcelas y 5% los automóviles.
“Hablamos de un 5% de un total donde el hombre solo contamina el 3%, el otro 97% lo contaminan los desiertos, los océanos y la propia vegetación que tiene carbono y, al ponerla al contacto con el aire, genera dióxido de carbono” explicó.
Para evitar la verificación, basta con cambiar el domicilio al Valle de Mexicali o a la zona rural de Ensenada y Tecate, con lo que evitan la obligación de pagar la verificación vehicular.
“Es mentira que tengas que regresar en caso que no pases la verificación vehicular, en el Artículo 17 señala que todo vehículo para poder circular debes realizar el trámite de verificación, jamás te dice que tengas que aprobarlo”, indicó el especialista.
Originalmente los ayuntamientos efectuarían las verificaciones, incluso el de Mexicali tenía dos máquinas para tal fin, luego la responsabilidad recayó en el Estado, quien quince días después -5 de enero de 2010 – se declaró incompetente para realizarlas a través de un dictamen de inconveniencia.
Contrario a lo expuesto por el gobierno en ese momento, Ávila asegura que ese documento se falsificó poder justificar legalmente las concesiones con la firma del entonces titular de la Secretaría de Protección al Ambiente, Sócrates Bastida.
SIN MEDICIONES
Por su parte, Manuel Valenzuela, quien en su tiempo organizó marchas en contra de la verificación vehicular, citó que se trata de un fraude, “un pago político que le hizo el Partido Nueva Alianza del entonces gobernador José Guadalupe Osuna Millán. Es solamente recaudatoria porque tú puedes ir y hacer la verificación y, aunque no pases, te dan tus placas, entonces ¿dónde está el interés al medio ambiente? Ahora, la ignorancia del gobernador, que dijo que la contaminación del fin de año fue por los automóviles, fíjate nomás hasta dónde llega la danza de los millones que se siguen repartiendo para los gobernantes en turno para que un gobernador se preste a dar esas declaraciones”.
Contrario a lo asegurado por las autoridades, el activista refirió que ninguno de los centros de monitoreo -por lo menos en Mexicali- sirven, ya que se encuentran fuera de servicio, aunque digan que trabajan a un determinado porcentaje.
“Tengo amigos que trabajan en talleres del Ayuntamiento, cuando sacaron ese aparato que les costó millones, me dijeron que ya estaba ahí desde el tiempo de Rodolfo Valdez, es un aparato viejo que agarraron, le dieron una pintadita, le pusieron una refrigeración y ahí está el centro de monitoreo, ese aparato nunca ha funcionado”, reiteró.
De manera que la exigencia es que existan aparatos nuevos con software nuevo, calibrados de acuerdo a la ciudad donde se realiza el estudio, y que en los equipos que operan en Baja California se mide el factor Landa, el cual solo se debe medir en la Ciudad de México, dada su altura.
NECESARIO REPLANTEAR: SPA
Para la titular de la SPA, Thelma Rosa Castañeda Custodia, es necesario replantear la verificación vehicular, aunque aclaró, no habrá marcha atrás en ese tema.
En Baja California no se ha podido cerrar el círculo para que sea un programa que se aplique al 100% y dé resultados en el mismo sentido, para ello es necesario realizar modificaciones en el Congreso del Estado e involucrar a los ayuntamientos.
Según su declaración, el padrón actualizado es de un millón 100 mil vehículos, de los cuales solo verifican alrededor del 27% (300 mil autos), de los cuales en 2017 aprobaron el 80% (240 mil unidades).
En términos concretos, de los 2 millones 100 mil vehículos que circulan -contando aquellos “chocolate”-, solo 240 mil pasan la verificación vehicular, esto es, apenas el 10%.
Castañeda Custodia manifestó que se tiene que buscar la manera para amarrar lo que quedó suelto en la Ley y así definir la obligatoriedad, pero completa.
Agregó que los ayuntamientos de Mexicali y Tijuana tienen que aplicar las multas por circular sin la calcomanía para poder cerrar otro círculo. Y que hubo un error desde el inicio, debido a la falta de sociabilización en la parte ambiental.
“Si le falta mucho, es momento de volver a plantearlo, es momento de replantearlo, por ejemplo las 16 concesiones que se dieron primero, porque a los dos años se instalaron dos en Tijuana, pero las primeras se vencen en 2020, entonces es momento de ir revisando para fortalecer el programa de manera integral”, opinó Castañeda.
MONITOREO
Según la funcionaria, en Baja California existen doce estaciones de monitoreo, de las cuales once son automáticas y una manual; cinco están en Mexicali, pero solo dos trabajan al 100%,, una ubicada en la UABC y otra en el Colegio de Bachilleres.
“Ahorita de las doce en todo el Estado, están operando en un 66% en general, unas porque las están armando, otras porque están en proceso de calibración y otras por su mantenimiento, pero esas dos son las que nos basamos en Mexicali y en Tijuana otras dos”, externó la titular de la SPA, además de destacar la necesidad de otra estación en Mexicali y más personal para operarlas.
Por otro lado, Efraín Niebla Ortiz, coordinador de Proyectos de Gestión Ambiental de la Universidad Autónoma de Baja California, afirmó ante medios que es necesario realizar un inventario de emisiones, ya que la última se efectuó en 2005.
“No se ha vuelto a hacer uno, pero el hecho es que no tenemos ahorita información a la mano de las fuentes que más impactan, te puedo decir que con base al inventario de 2005 se estaban emitiendo cerca de 200 mil toneladas de contaminantes atmosféricos en la suma de lo que aporta el sector industrial, comercio, servicios, vehículos, quemas agrícolas, etcétera”, planteó Niebla Ortiz.