Alrededor de 20 organizaciones emitieron un posicionamiento, en el que rechazan “el uso discrecional de los recursos públicos” por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en especifico, en el caso del Gobierno de Chihuahua, al que no le quiere depositar 900 millones de pesos de tres convenios firmados entre dicha entidad y el Poder Ejecutivo Federal.
El conflicto [entre Chihuahua y la SHCP] ha puesto en el debate nacional una de las causas más importantes de la corrupción en el sector público: la discrecionalidad en el ejercicio del gasto por parte de la autoridad hacendaria”, señalaron las organizaciones, entre ellas Causa en común, el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), Ciudadanos Contra la Corrupción y Ciudadanos por la Transparencia.
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“Los que firmamos este comunicado consideramos que esta es una oportunidad para exigir un cambio profundo en los mecanismos de asignación y control sobre el gasto público, particularmente los que rigen al Ramo 23 del Presupuesto de Egresos de la Federación”, señalaron los firmantes, entre otros, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), y los Consejos Cívicos de Instituciones de Coahuila y Nuevo León
“La SHCP tiene la capacidad para aprobar una gran cantidad de recursos adicionales y modificar los presupuestos aprobados y asignados, mediante el Ramo 23 (Previsiones Salariales y Económicas) y a través de las adecuaciones presupuestales”, afirmaron Ethos, Laboratorio de Políticas Públicas; Impunidad Cero, Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), y, Jalisco, ¿cómo vamos?.
Dichos mecanismos colocan a la SHCP “en una posición de poder y privilegio, desde la que puede usar políticamente los recursos públicos de manera unilateral y arbitraria para premiar o castigar a los aliados o adversarios del gobierno en turno”, indicaron Más ciudadanía, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), Mexicanos Primero, México, ¿cómo vamos?, y, México Evalúa.
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“Tenemos un sistema con reglas laxas y poco claras, en donde los pesos y contrapesos que deberían existir en un sistema democrático quedan anulados. Los usos y costumbres de la Secretaría de Hacienda son una herencia vigente de nuestro pasado centralista, donde el Ejecutivo Federal tenía facultades legales y extralegales para doblegar a los poderes regionales”, señalaron México SOS, México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), Sociedad en Movimiento y Transparencia Mexicana.
“En una democracia funcional sería de esperar que el Congreso de la Unión exigiera a la SCHP una explicación sobre las enormes variaciones entre el dinero presupuestado y el efectivamente ejercido. La débil rendición de cuentas del Poder Legislativo sobre el ejercicio de la bolsa presupuestal, pone en duda el cabal funcionamiento de la división de poderes en nuestro país”, señalaron las 20 organizaciones firmantes.
“Para recobrar el equilibrio de poderes es necesario abrir un debate sobre las reformas legales necesarias que frenen el uso discrecional, político y electoral del presupuesto. A ese efecto exhortamos a los legisladores a convocar al Secretario de Hacienda a una comparecencia con el fin de explicar los detalles del uso que se ha hecho de los recursos del Ramo 23.”, indicaron las ong’s.
“Al mismo tiempo, es necesario que los gobernadores asuman su responsabilidad en el cobro de impuestos, dejando atrás la ‘pereza fiscal’ que los ha caracterizado; que asuman su compromiso con el ejercicio transparente de los recursos y: que se sometan ellos mismos a los controles y supervisión que exigen al Gobierno Federal”, indicaron en su posicionamiento.
EL PLEITO ENTRE CHIHUAHUA Y LA SHCP
el gobernador Javier Corral Jurado acusó de forma directa al Gobierno Federal, encabezado por Enrique Peña Nieto, de una represión contra su estado, por las investigaciones que lleva a cabo sobre probables delitos de corrupción del ex mandatario estatal, César Horacio Duarte Jáquez, y de posible desvío de recursos al PRI.
El gobernador chihuahuense acusó que el Gobierno de Peña Nieto no quiere detener a César Duarte, pero si detiene los recursos para el estado, ya que hay “una evidente intención” de “estrangular” a Chihuahua, además de que se está utilizando a la SHCP, como “instrumento de control político” contra los mandatarios estatales que investigan hechos de corrupción.
Corral Jurado narró que el pasado 4 de enero sostuvo una reunión con el titular de la SHCP, José Antonio González Anaya, y con otros altos funcionarios de Hacienda Federal, y que en ella se le comunicó que no le serían depositados 900 millones de pesos de participaciones federales que le corresponden a Chihuahua.
“Nos deben 900 millones de pesos, 700 del convenio firmado el 4 de diciembre para el saneamiento financiero, más 120 del programa de saneamiento financiero para enero, más 80 de otros tres convenios”, afirmó Corral Jurado.
El pasado 20 de enero, el gobernador inició junto a ciudadanos y líderes políticos de Chihuahua, una marcha, de la fronteriza Ciudad Juárez, a la Ciudad de México, que denominó: “Caravana por la Dignidad Unidos con Valor contra la Corrupción”, y que tiene como objetivo central, combatir la corrupción y el pacto de impunidad que “han detenido el desarrollo social y económico de México”.
Por este caso Alejandro Gutiérrez Gutiérrez se encuentra preso en el Centro de Readaptación Social (Cereso) estatal, Número 1, en Aquiles Serdán, en Chihuahua, y fue detenido en Saltillo, Coahuila, el 20 de diciembre del año pasado.
El ex secretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se encuentra recluido por dos procesos penales de presunto peculado agravado, uno por 250 millones de pesos, 246 de los cuales se triangularon, supuestamente, desde la la SHCP hacia la administración del ex gobernador César Duarte.
Todo ello a través de empresas fantasma, y después entregados al PRI para las campañas estatales del 2016, en Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo. Por esta investigación, Gutiérrez Gutiérrez recibió seis meses de prisión preventiva. Mientras que el segundo proceso es porque una empresa propiedad del también ex senador, supuestamente recibió un millón 740 mil por servicios que nunca prestó, por lo que se le dictó la medida cautelar de un año de prisión preventiva.
El diario estadounidense The New York Times publicó un reportaje en el que afirmó que Gutiérrez Gutiérrez era un “aliado” del presidente Enrique Peña Nieto. Además, citó documentos a los que tuvo amplio acceso en los que se vincula a Manlio Fabio Beltrones Rivera, ex presidente nacional priista, como la cabeza de un amplio plan para saquear el dinero público y destinarlo a las campañas estatales del PRI en 2016.
