Representantes de agrupaciones que tramitan amparos han tenido reuniones con la Secretaría de Gobernación y aseguran, no está contemplada una regularización vehicular definitiva
En 2017, las redes sociales fueron el recurso perfecto para los vendedores de automóviles ilegales en Baja California que, según estimaciones de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur), suman más de un millón 200 mil en la entidad.
Jorge Menchaca Sinencio, presidente del organismo comercial en Ensenada, quien tiene cinco años encabezando el tema en la zona norte, indicó que la crisis en el sector ha bajado tanto que de los 50 negocios dedicados a la importación solo quedan 20 inscritos.
La fallida intención del Gobierno Federal por impulsar la venta de unidades nacionales se ha hecho un problema al aumentar la oferta de unidades sin importar, sumado al alto costo del trámite de nacionalización, que alcanza los 40 mil pesos.
La tasa de importación es alta, el trámite es tardado y cada vez son más requisitos.
“La autoridad federal hace oídos sordos, ya sea en recogerlos o legalizarlos. Esto ocasiona que sigan circulando a sabiendas de que los delitos se cometen en este tipo de autos”, sostuvo Menchaca.
Personas entrevistadas por ZETA sostuvieron que por no traer una placa oficial o avalada por alguna organización, un policía federal pide hasta 5 mil pesos de “mochada”, bajo la amenaza de no decomisar el auto cuando no están facultados para ello.
PROLIFERAN AUTOS BARATOS E IRREGULARES
Natalí Morán, comerciante con una década de experiencia en la venta de automóviles usados en Ensenada, nunca había vendido tantas unidades sin importar como en 2017.
“La gente hace un gran esfuerzo por comprar un auto para transportar a su familia porque el costo del transporte público en 13 pesos es muy alto para una familia de más de seis integrantes”, compartió.
Otra novedad fue que sus clientes comenzaron a pedir carros cuyo precio no rebase los mil dólares, todo un reto para su negocio, pues significa introducir autos con mayor antigüedad a la permitida.
También le piden que mantenga el precio en moneda nacional por el tipo de cambio inestable que a finales de 2017 alcanzó casi los 20 pesos por dólar, “pero eso es imposible”.
Explicó que las importaciones son cada vez son más complicadas, desde que solo pueden importarse los de diez años de antigüedad, por ejemplo, 2008; estos pagan más porcentaje por ser los últimos en pasar.
La importación de este modelo cuesta alrededor de mil 500 dólares. Entonces, si una persona tiene mil o mil 500 dólares para comprar un carro, pagar lo mismo o más por regularizar es algo ridículo e imposible, criticó.
“Si el gobierno quisiera facilitar la economía y el bienestar de la gente buscaría opciones accesibles para que puedan estar regulares con sus autos, mientras tanto la gente prefiere comprar más caro de entre 2 a 3 mil dólares por una unidad más nueva y segura, a sabiendas de que no pasa”, indicó Morán.
PROLONGAN DECRETO Y AUMENTAN AMPAROS
Los altos costos de las importaciones ha generado la presencia de agrupaciones en Ensenada que tramitan amparos para supuestamente evitar que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) recoja las unidades. Éstas son Anapromex, Onappafa y Unión Campesina.
Alfredo Jiménez Fragoso, coordinador en Baja California, así como consejero nacional de la Unión Campesina, expuso que el organismo nacional se rige en tres acciones: proyectos productivos, desarrollo social en comunidades indígenas y tratamiento de los automóviles irregulares. Se trata de una lucha social y tienen más 25 años trabajando con 500 mil automóviles afiliados en todo el país.
Datos del Gobierno Federal refieren que existen 5 millones de autos irregulares en México, de los cuales dos millones circulan en el interior de la República, tres millones en la frontera y, de estos, un millón 200 mil andan por Baja California
Aunque han tenido reuniones con la Secretaría de Gobernación, dijo que por lo pronto no está contemplada una regularización.
En el caso de la Unión, hay un cobro de mil pesos como mínimo a un automóvil 1999 o inferior, mientras que el costo más alto es para los modelos 2012, una tarifa de 2 mil 400 pesos.
“No carros convertibles, ni de extremo lujo, solo los que pasen hasta 2011. Sí motos, sí remolques”, se lee en la volanta.
Jiménez Fragoso aclaró que la única autoridad en el país con atribuciones para decomisar unidades es el SAT, sin embargo, hay artículos que los protegen y solo terminan cobrando una infracción.
Los artículos son el 5, 14, 16 y 18 constitucional, dictó el representante.
Opinó que las personas que no pueden comprar un auto nacional, por el costo que representa, tienen la opción de pagar un precio más económico, de ahí la propuesta de pagar un impuesto de 5 mil pesos por vehículo regularizado.
POCA ESPERANZA PARA LOS “CHOCOLATE” EN 2018
A pesar de los esfuerzos legislativos que se han realizado, las autoridades ejecutoras han sido omisas y no han dado seguimiento a lo planteado por los diputados, informó la legisladora federal Eloísa Talavera Hernández.
Tantas condicionantes han causado una considerable reducción en el número normal de vehículos que se venía importando hasta antes de estas determinaciones. El promedio de importación de 170 a 220 unidades diarias se redujo a tan solo 60 o 75 vehículos por día.
Existen tres dictámenes aprobados, el primero data del 29 de abril de 2016, otro del 31 de agosto, y el último del 17 de mayo de 2017.
En el primero se exhortó al titular del Ejecutivo federal y estatal, a implementar de manera coordinada un programa de regularización definitiva de vehículos usados que se publicó en la gaceta parlamentaria del 27 de enero de 2016.
El llamado fue también para que los gobiernos fronterizos de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas hagan lo propio con sus unidades, donde se registra el mismo problema.
Mientras que el tercer dictamen, manifiesta que estos autos han favorecido la actividad ilícita en delitos como robo, homicidio o secuestro en Baja California.
LOS AUTOS NO BRINCAN EL CERCO: SÁNCHEZ ARREDONDO
La legisladora federal Nancy Sánchez Arredondo mencionó que ha tenido varias reuniones para emitir un dictamen, y aunque no se comprometió, es probable se apruebe este enero.
“Es una realidad que se vive y no hay día que te detengas y no veas un auto irregular, pero dejen decirles que los autos no se brincan el cerco; tienen que pasar por Aduana, así que tienen que ver el problema”, opinó, considerando urgente regularizar o destrabar los procedimientos onerosos y tardados por decisiones tomadas a más de 3 mil kilómetros de distancia.
Para la diputada es sencillo, pues únicamente es buscar que el parque vehicular esté en mejores condiciones, además de conjuntar el resto de las iniciativas de los compañeros en el parlamento.
“Lo que pedimos es que solo sea para la frontera y no es competencia desleal con los armadores, porque solamente estamos hablando de la parte fronteriza”, reiteró.
ASOCIACIONES CIVILES EN MÉXICO PRESIONAN
Tanto la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) como la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles (AMDA), han solicitado detener el proceso de importaciones con el fin de aumentar las ventas de automóviles nacionales en toda la franja fronteriza.
En un comunicado de prensa, las agrupaciones reportaron que durante diciembre de 2017 la venta de vehículos ligeros fue de 158 mil 717 unidades, es decir, 17.6 por ciento inferior a las unidades comercializadas en el mismo mes de 2016.
En el acumulado de enero a diciembre de 2017 se registraron un millón 530 mil 317 vehículos ligeros vendidos, lo cual significa una caída de 4.6% en relación al acumulado del mismo periodo del año previo. Se estima que en Baja California el 30% de las unidades son nacionales y que las ventas se mantienen.
Las asociaciones de vehículos celebraron que el 28 de diciembre de 2017, el Gobierno Federal publicó en el Diario Oficial la prórroga del Decreto que Regula la Importación Definitiva de Vehículos Usados hasta el 31 de marzo de 2019.
La AMDA calificó la decisión como positiva, por considerar que los términos actuales del decreto han permitido regular la importación de vehículos, disminuyendo la entrada de chatarra que entre 2006 y 2008 sobrepasó la venta de unidades nuevas y que para 2018 representará solo el 8% de la venta de automotores de agencia.
CON TODO, CONDONACIÓN DE RECARGOS
El 31 de diciembre de 2017 concluyó la campaña de condonación de multas y recargos en pagos de derechos e impuestos para trámites como tarjetas de circulación, licencias y placas, por lo cual la Secretaría de Finanzas del Estado cerró el año con 738 mil 519 trámites vehiculares, de un padrón de un millón 96 mil 643 unidades.
En el caso de Ensenada, se tiene un registro de 146 mil 412 vehículos, de los cuales revalidaron 94 mil 488. De este total, 11 mil 756 corresponden a San Quintín.
Sobre las operaciones de organizaciones que amparan a los automovilistas que no usan placas oficiales, el secretario de Planeación y Finanzas del Estado, Bladimiro Hernández Díaz, recordó que todos los elementos de verificación vehicular, como calcomanías, tarjetas de circulación y láminas, se otorgan exclusivamente en las oficinas de Recaudación de Rentas del Estado.
“Somos la autoridad competente, nomás, para la entrega de ese tipo de elementos de verificación”, externó.
Las características de las placas son definidas por el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, mientras que el SAT tiene facultad para recoger unidades que no circulen legalmente en la ciudad o las carreteras, con apoyo de la Policía Municipal.
