Hace unas semanas salí de mi casa y hubo algo que “jaló” mi atención, desafortunadamente no era un tema positivo, sino el auto de mi vecino sostenido sobre ladrillos y un gato hidráulico. En la madrugada de ese día le robaron las llantas con una facilidad que espanta a cualquiera. Cuando llegaron los elementos policiacos, uno de ellos con el ánimo de consolarnos nos dijo: “esto no es nada en comparación con otras colonias”. Evidentemente, el policía no se dio cuenta del terrible fondo de sus palabras que solo nos preocupó más.
En lo personal, hace tiempo que no me sentía tan inseguro en las calles y menos en mi colonia, la percepción de vulnerabilidad ha crecido en prácticamente todas las familias del país. Las anécdotas negativas relacionadas con un hecho delictivo son cada vez mayores, lo peor del caso es que no se ve por dónde pueda mejorar.
Recuerdo que cuando llegó al poder el Presidente Enrique Peña Nieto junto a su entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, declaró que el problema de la inseguridad se debía principalmente a la falta de coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno y que la administración del anterior mandatario -Felipe Calderón-, se la pasó justificando sus malos resultados al responsabilizar directamente a estados y municipios de mantener a cuerpos policiacos corruptos.
Casi seis años después y apostando a la desmemoria, Peña Nieto y Osorio Chong reciclaron el mismo discurso. Sus últimas intervenciones sobre el tema han sido para señalar que los estados y municipios, por su debilidad institucional, son los causantes del desastre nacional y que es la federación quien realmente hace su trabajo.
Si analizamos a fondo sus palabras, seguramente no se equivocan como tampoco erró Felipe Calderón. Tienen razón al afirmar que los estados y municipios han fallado principalmente en la aplicación de la Ley y que en sus cuerpos policiacos se fomenta y prevalece la incapacidad y corrupción. En lo que no tienen razón es en “lavarse las manos” y ahora responsabilizar a entidades gobernadas por la oposición, como las causantes de este mal.
En este gobierno, los homicidios dolosos, robos de auto, casa habitación y otros delitos crecieron exponencialmente.
Un dato que ilustra el fracaso de la política de seguridad del gobierno en turno, son las personas ejecutadas: 2017 cerró con casi 10 mil ejecutados, lo que representa un incremento del 60% en comparación con 2016.
Si analizamos mes a mes, nos daremos cuenta que septiembre registró el saldo más bajo de ejecutados con 477, en contraparte con noviembre, donde se presentaron mil 287 personas asesinadas. El promedio diario es de 26 personas ejecutadas en el país, según el periódico Reforma.
En el gobierno de Peña, y bajo la responsabilidad de Osorio Chong, la única política pública que se aplicó fue la de presionar a los medios de comunicación, como noticieros de radio y televisión, para que desaparecieran de las primeras planas, los asuntos de inseguridad (secuestros, asesinatos, robos, etc.).
Como suele pasar, cuando se actúa de forma torpe y sin estrategia, el problema crece, no pudieron contener la difusión en medios. Se impuso la realidad por encima de la censura.
¿Dónde quedó la tranquilidad con la que viviríamos los mexicanos ofrecida en campaña? De nueva cuenta escucharemos en los comicios presidenciales que se avecinan promesas y “varitas mágicas” de solución. Ojalá y algún candidato(a) decididamente esté diseñando un programa real, aplicable y que brinde resultados. Sinceramente no lo creo.
A los ciudadanos solo nos queda como opción invertir recursos propios en protegernos y salvaguardar a nuestras familias, como a mi vecino que instaló dos cámaras de seguridad afuera de su casa con la esperanza de que no vuelva a pasar una situación como la que desafortunadamente vivió.
Alejandro Caso Niebla es consultor en políticas públicas, comunicación y campañas; se ha desempeñado como vocero en la Secretaría de Hacienda y Secretaría de Desarrollo Social en el Gobierno Federal, así como Director de medios en la Presidencia de la República. También fungió como Director de Comunicación Social en el Gobierno del Estado de Baja California. @CasoAlejandro
