Ciertamente el PRI de Enrique Peña Nieto, terminará el sexenio con más sospechas de corrupción de las que tenía cuando tomó posesión. El Presidente de la República perdió la oportunidad de hacer un buen gobierno y se rodeó del escándalo, la inseguridad y la corrupción. Conocido es que su equipo, tanto en los estados como en el gabinete y pasando por el Poder Legislativo, convergen en un solo objetivo: evitar a toda costa que en el futuro, el todavía Ejecutivo nacional sea juzgado por actos de corrupción.
De ahí que las candidaturas se estén repartiendo para trabajar en ello. Vaya, todos quienes ocuparán cargos de importancia pertenecen al equipo del mandatario. Empezando por José Antonio Meade, el débil candidato del Partido Revolucionario Institucional a la Presidencia de la República, salido de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no sin antes pasar por la Secretaría de Desarrollo Social, dos dependencias en la mira de organizaciones de la sociedad civil y periodistas de investigación, para develar actos de corrupción que desde ahí se sospecha realizaron.
Ahí está el caso del gobernador de Chihuahua, Javier Corral, quien ha denunciado las presiones que desde la Secretaría de Hacienda ha recibido por la investigación que sobre corrupción lleva en su Estado y que implica a la cúpula del Revolucionario Institucional. En entrevista concedida a este Semanario, Corral detalla las amenazas del titular de hacienda para no entregarle recursos ya comprometidos.
De la Secretaría de Desarrollo Social ha surgido una de las investigaciones periodísticas que documenta la estafa más grande cometida hasta la fecha. Un desvío superior a 7 mil millones de pesos, utilizando universidades y empresas de simulación.
Un eventual triunfo de Meade aseguraría el congelamiento de las investigaciones y la continuación de la impunidad para los corruptos.
Pero en caso que el candidato del PRI siga como hasta ahora, con una campaña que va a la baja, sin despegar, sin carisma ni propuesta social, en el tricolor ya preparan una horda de seguidores de Peña Nieto para encabezar las posiciones en el Legislativo y, desde ahí, como ha sucedido en este sexenio, detener cualquier investigación, retrasar la instalación real del Sistema Nacional Anticorrupción e incluso congelar la entrada de una Fiscalía General de la Nación con cierta autonomía, y por lo tanto, no nombrar un fiscal nacional anticorrupción.
Hace unos días, desde el PRI en el centro del país se empezó a manejar una lista de aspirantes al Senado de la República, y por los nombres que se especulan, la veracidad no se pone en duda. Todos los incluidos pertenecen a ese PRI de Peña, al de la corrupción en este sexenio, al de los abusos y la soberbia.
Por ejemplo y en primer lugar está quien ya dijo que sí buscará un escaño en el Senado, el ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien habrá que reconocerlo, falló en la estrategia de seguridad cuando al ser artífice del proyecto de nación, contribuyó a la eliminación de la Secretaría de Seguridad Pública Federal para conservar las facultades de operaciones policíacas en una comisión nacional de seguridad, por supuesto en su facultad, en Gobernación.
A Osorio, Joaquín Guzmán Loera se le escapó del sistema penitenciario federal de máxima seguridad, que también está en las responsabilidades de la Secretaría de Gobernación, y solo fue posible capturar al capo cuando este bajó la guardia por una mujer, y fue seguido de cerca por corporaciones policíacas de Estados Unidos, en coordinación con Fuerzas Armadas de México.
En cinco años que Miguel Ángel Osorio estuvo al frente de Gobernación, hay más ejecutados, más cárteles, más células criminales y más afectación para ciudadanos y empresarios en materia de seguridad. Aun así, va por una silla al Senado de la República, donde seguramente intentará proteger a su jefe político.
Otro en lista es Luis Miranda, el hasta hace unos días secretario de Desarrollo Social. También incluyen a actuales funcionarios, como Enrique de la Madrid, quien hubo de quedarse en la Secretaría de Turismo luego que el PRI le negó la candidatura que creía natural para él, al Gobierno de la Ciudad de México, misma que fue otorgada a un seguidor de Meade, Mikel Arriola, quien dejó la dirección general del Instituto Mexicano del Seguro Social para buscar arrebatarle al PRD la Ciudad de México.
Por supuesto están considerando a la secretaria general del PRI, Claudia Ruíz Massieu, quien sirvió a Peña en la Secretaría de Relaciones Exteriores y fue sacrificada cuando requerían una posición para reintegrar a Luis Videgaray Caso al Gobierno Federal, luego del triunfo de Donald Trump en la Presidencia de Estados Unidos.
No podía faltar en la lista al Senado el ex gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, no precisamente un peñanietista destacado, pero sí muy hábil para acomodarse en los grupos de poder al interior del gobierno y del partido, y que ahora está incrustado en el equipo de campaña de Meade. Aunque probablemente su mayor logro y por el cual tendrá recompensa, acaso sea haber contribuido al triunfo de Alfredo del Mazo, el primo del Presidente, al gobierno del Estado de México.
Y como para que vean que para todos hay, en la lista aparecer la hija de Manlio Fabio Beltrones Rivera, Sylvana Beltrones, lo mismo Beatriz Paredes, que la hermana del Subcomandante Marcos, Carmen Guillén Vicente, y hasta el hermano de Humberto Moreira, Rubén.
Dos aún funcionarios federales también son considerados: Ildefonso Guajardo, titular de la Secretaría de Economía, y por supuesto el cuatacho del Presidente, don socavón, Gerardo Ruiz Esparza.
Es evidente, pues, por la integración de la lista, que la intención de este gobierno es que, en caso de perder la Presidencia de la República, controlar por lo menos el Poder Legislativo, desde donde hasta la fecha han obstaculizado, bloqueado y congelado cualquier tema anticorrupción.
Ese es el PRI de Peña, el de la sospecha.
