Sorprendidos mientras tiraban el cuerpo desmembrado de un hombre, Raúl Martínez Magaña y David España Bustos fueron vinculados a proceso; un tercer cómplice, Juan Rubén Sánchez Lara se dio a la fuga. Son acusados por el delito de inhumación y exhumación de cadáveres, considerado crimen menor, razón por la cual alcanzan los beneficios de Ley y una pena mínima que podría incluir semi-libertad
Con los mismos argumentos presentados por el Ministerio Público, pero en momentos diferentes, la juez de Control, Martha Elvia Luna Vargas, primero liberó bajo proceso -en la audiencia de control de detención- a tres hombres capturados cuando transportaban un cadáver, y después, en la audiencia de vinculación los sometió a prisión preventiva.
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La justificación de la juzgadora para no aplicarles prisión preventiva en la primera audiencia fue que el Ministerio Público expuso los motivos para apresarlo, pero en un momento procesal diferente al que correspondía, lo que corrigieron en la segunda audiencia. Plantearon los argumentos en la solicitud de vinculación a proceso y no en la solicitud de medida cautelar de prisión preventiva. Fue cuestión de forma, no de fondo.
El problema fue que a la segunda audiencia solo se presentaron Raúl Martínez Magaña y David España Bustos como imputados. Y el tercero, Juan Rubén Sánchez Lara, faltó sin justificación, entonces se le declaró sustraído de la acción de la justicia y el proceso suspendido en cuanto a su persona, en tanto que el Ministerio Público solicitó la orden de aprehensión.
El 10 de enero de 2018, los tres hombres fueron intervenidos por una falta al Bando de Policía, tiraban unas maletas y, al revisarlos, los policías se dieron cuenta que transportaban un cuerpo seccionado y en avanzado estado de descomposición.
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A partir del 16 de enero, Martínez y España están siendo procesados por el delito de inhumación y exhumación de cadáveres, contemplado en el Artículo 243 del Código Pernal del Estado que indica comete esta falta quien “destruya, mutile, oculte, sepulte, exhume o haga uso de un cadáver o restos humanos”, y abarca una pena de seis meses a cinco años de prisión. Es considerado delito menor, por lo que alcanzan beneficios para dejar la pena en un año seis meses, o sustitución por semi-libertad.
Los argumentos para que los imputados lleven el proceso en prisión preventiva fueron:
* No pudieron probar que contaban con un empleo formal.
* Los domicilios proporcionados resultaron inexistentes o las personas habitándolos negaron que vivieran en dichos inmuebles.
* El riesgo de que se sustrajeran a la acción de la justicia era alto.
* Podría resultar perjudicial para los agentes aprehensores amenazados.
* Tendrían la oportunidad de ocultar o destruir elementos de prueba relacionados con una investigación paralela: la del homicidio de la persona contenida en las maletas.
LA SEGUNDA AUDIENCIA, VINCULACIÓN
Tomando en cuenta que durante la audiencia inicial la fiscalía motivó y fundamentó la solicitud de vinculación a proceso, tan pronto dio inicio la audiencia, la juez de Control, Martha Elvia Luna Vargas, se pronunció al respecto, señalando que los elementos de prueba presentados eran suficientes para demostrar la existencia del delito y la probable participación de los imputados en el hecho, a título de coautores y dolosamente.
El Informe Policial Homologado ofrecido por la fiscalía, refiere que Sánchez y Martínez Magaña fueron sorprendidos mientras arrojaban un par de maletas a la vialidad con partes del cadáver y en un vehículo cercano con olor fétido. Al volante estaba España y, ante las evidencias, los aseguraron en flagrancia. Los oficiales informaron que el de nombre Juan Rubén se comportó de manera violenta y aseguró se la iban a pagar por no dejarlos terminar el “jale”.
Los detuvieron a las 5:37 am y dieron vista al Ministerio Publico hasta las 8:20 am, situación que hizo notar la defensora pública Edith Castro, no obstante la juzgadora calificó de legal la detención, al ajustarse estos a los parámetros legales y constitucionales.
Otra prueba ofrecida fue el certificado de necropsia de un hombre desconocido de entre 30 y 35 años de edad, realizada por el médico legista José Ramón Escajadillo, señalándose como causa determinante de la muerte traumatismo craneoencefálico y contusiones profundas en tórax y abdomen. Además, la fecha probable del deceso fue entre ocho y diez días anteriores al hallazgo del cuerpo.
En la audiencia de vinculación, los imputados trataron de mantenerse en libertad mostrando comprobantes de pago de servicios para acreditar que vivían en los domicilios que dieron, pero la juez refirió que el momento procesal para hacerlo ya había concluido.
El argumento de la defensa de que no existía intención de sustraerse por parte de los inculpados, evidenciado con su presencia en la audiencia y la disposición de los mismos de llevar a los agentes del Ministerio Público a identificar plenamente sus domicilios, tampoco surtieron efecto sobre Luna Vargas.
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Ante las mínimas consecuencias por la comisión del delito, y al no ser relacionados directamente con el homicidio de los cadáveres que transportan, se está convirtiendo en un crimen común.
Por la tarde del 19 de agosto de 2017, Félix Toscano fue detenido mientras circulaba en su auto en Rosarito, tras ser denunciado porque transportaba el cadáver de un hombre asesinado con violencia.
La mañana del 19 de octubre, Javier “N” fue aprehendido en la Zona del Río, a la altura del Puente Ferrocarril; en el auto llevaba el cadáver de una mujer.
Mientras que el 1 de enero de 2018, la Policía Municipal de Tijuana detuvo a tres hombres identificados como Alexis Giovanni “N”, Jesús Alfredo “N” y Roberto Carlos “N” por una falta al Bando, remitiéndolos al Ministerio Público porque en uno de dos auto llevaban el cuerpo de un hombre asesinado a golpes.
Para concluir, el martes 16 de enero, cinco personas fueron detenidas, de acuerdo al informe policiaco, dos de ellos a bordo de una camioneta con reporte de robo a la que le marcaron el alto, pero sus ocupantes continuaron el trayecto, hasta que la persecución concluyó en una casa a la que se metieron; en el interior del auto que dejaron en la calle estaba el cadáver de un masculino.
Al ser detenidos, los sujetos aseguraron que no sabían nada del automóvil con el cuerpo y que habían salido a comprar tacos. Al no encontrarse flagrancia, el Ministerio Público se negó a recibirlos por el delito antes mencionado y fueron remitidos a narcomenudeo, sin embargo, aún se desconocen los detalles de cómo y dónde les encontraron la droga.
