El Estado se posicionó en 2017 como la entidad con mayor incidencia en robo de vehículos, esto por cada 100 mil habitantes; además ocupa el segundo lugar a nivel nacional en robos totales. Tijuana, Ensenada y Rosarito enfrentan una severa crisis que arrastran desde 2016. Prácticamente, uno de cada 10 robos que ocurre en México, se dan en este Estado
Francisco Javier Rodríguez Acosta fue detenido la tarde del 3 de enero por robo de vehículo. Policías municipales lo detuvieron en la Zona Centro luego de intentar escapar a bordo de la unidad robada.
El propietario del automóvil Honda Civic, modelo 1993, color rojo, con placas de Baja California, se estacionó en el cruce de las calles F y Madero, sorprendiendo al delincuente cuando éste echó a andar el carro, por lo que intentó perseguirlo a pie, lo que resultó inútil.
La víctima pidió ayuda a conductores que circulaban por la zona hasta que integrantes del Grupo Beta detuvieron su marcha para ayudarle e iniciaron la persecución que se prolongó por la calle México hasta llegar a la calle Altamirano.
En el trayecto, varias unidades de la Policía Municipal se unieron a la intervención, por lo que, al descender e intentar escapar a pie, Francisco Javier fue detenido.
Habían tres testigos, incluyendo la víctima, además de acreditarse los complementos circunstanciales -tiempo, lugar y modo-, aún así, el Juez determinó que podía llevar su proceso en libertad y se le citó el día 9 de enero para la audiencia de vinculación a proceso; Francisco Javier no se presentó y se solicitó la orden de aprehensión por el delito de robo de vehículo. Durante esos días pudo robar al menos seis automóviles.
Según la coordinadora de Investigación de Delito de Robo de Vehículos, Verónica Ortiz, alrededor del 50 por ciento de los detenidos reincide en este delito. Pese a ello, existen abundantes criterios de oportunidad y mecanismos para que no pisen prisión.
En 2017, Baja California se ubicó en un punto crítico al registrar 18 mil 454 denuncias por hurto de automóviles -dos mil más que el año pasado- de los cuales, en mil 561 ocurrieron con violencia; solo Tecate y Mexicali presentan cifras amigables en comparación con el año anterior, mientras que en Tijuana se cometen poco más de la mitad de estos crímenes.
El robo de autos en números
Un total de 471.27 robos de automóviles por cada 100 mil habitantes se registraron en Baja California, el número más alto del país; mientras que en la totalidad de las denuncias se ubica en el segundo puesto, solo por debajo del Estado de México.
En los promedios totales, uno de cada 10 hurtos de automóviles en el país se da en cualquiera de los cinco municipios de este Estado.
Otro deshuesadero ubicado en la colonia Palo Verde, donde hace una semana detectaron 16 automóviles
La crisis recae en Tijuana, donde se concentra la mayoría de las querellas, pues hasta el mes de noviembre se reportaron 10 mil 441 casos, en los que mil 106 se cometieron con violencia, a diferencia de 2016, año en el que ocurrieron siete mil 655, de los cuales, 343 fueron con agresión física o psicológica. El aumento significaría un 37 por ciento en comparación con el año anterior.
Ensenada y Rosarito mantuvieron la misma línea ascendente, pues en comparación con el año pasado, incrementaron un 36 y 33 por ciento, respectivamente. Para el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, Juan Manuel Hernández Niebla, eso lo vuelve más preocupante porque ambos municipios son turísticos.
El empresario afirmó que esto es parte de la constante que se mantiene desde el año 2016, cuando en algunos municipios, la incidencia creció hasta en un 76 por ciento; solo en Mexicali y Tecate se redujeron los números.
El director de la Policía Municipal, Alonso Ulises Méndez Manuel Gómez, presumió la reducción de la incidencia delictiva en este tema, refiriendo que al llegar al puesto, recibían hasta 500 denuncias por mes, pero al implementar nuevas estrategias y desarticular algunas bandas que operaban, sobre todo en la Zona Oriente, los reportes disminuyeron considerablemente, ya que en el último mes se denunciaron poco más de 200 robos.
Méndez Manuell-Gómez dijo que en el caso particular de Mexicali, los 300 hurtos mensuales que se cometen en promedio son perpetrados por las mismas 20 o 30 personas que conforman los últimos tres grupos que mantienen operaciones y que están plenamente identificados como “Los Carranzas”, “Los Venegas” y un tercer grupo operado por un hampón identificado como “El Jessy”, el cual se especializa en el robo con violencia.
Pese a los números alegres en estos municipios, Hernández Niebla afirma que existe una gran cifra negra en el robo de automóviles, dado que las víctimas con unidades “chocolate” no interponen denuncia, ya que les solicitan documentación que no tienen.
En algunos casos, la Procuraduría revisa predenuncias que llegan en la central de emergencias para encontrar a los posibles propietarios cuando encuentran vehículos robados.
Deshuesaderos hasta de 70 automóviles
Verónica Ortiz, coordinadora de la Unidad de Investigación de Robo de Vehículos, afirmó que en Mexicali detectaron zonas despobladas con hasta 70 vehículos desmantelados e incendiados, los cuales ya son conocidos como “cementerios de automóviles”.
Las unidades modelo Civic y Accord, de Honda; Sentra, de Nissan; Silverado, de Chevrolet; y GMC, entre los modelos 1990 y 2005, son los preferidos por los delincuentes, ya que no cuentan con chip y son fáciles de robar.
Estos son trasladados a zonas despobladas de la periferia de la ciudad, donde los desmantelan y las piezas se venden a diversos negocios.
El año pasado ubicaron uno de los más grandes deshuesaderos en los alrededores del dren San Fernando, al poniente de la ciudad, donde localizaron 70 unidades, de las que solo se recuperaron 40, ya que el resto no contaba con reporte de robo.
El jueves de la semana pasada detectaron uno más en la colonia Palo Verde, también conocida como “La Ladrillera”; 16 automóviles desmantelados y quemados fueron localizados gracias al reporte de un ciudadano que recorría la zona en busca de su unidad.
Verónica Ortiz dijo que la intención de quemarlos es borrar evidencia. Sin embargo, aun así puede obtenerse información sobre los propietarios. De hecho, alrededor del 50 por ciento de las unidades robadas se recupera todavía en condiciones de uso, según sus cifras.
Consideró que la intención de las personas que trasladan las unidades a la periferia y desmantelarlas es para obtener piezas de valor y venderlas a talleres o a personas en específico que necesitan alguna parte de un vehículo, para así no dejar rastro alguno.
Foto: Cristian Torres.- Alonso Ulises Méndez Manuell-Gómez, comentó que prácticamente todos los robos de vehículos en Mexicali son cometidos por entre 20 y 30 individuos pertenecientes a tres bandas delictivas.
“Los desmantelados se trasladan al depósito vehicular. Hay que anunciar en qué condiciones quedan los vehículos, cuando los queman, ya no quedan con motor o transmisión, que son identificables o que puedan ser localizables y que puedan dar lugar a una detención por una modalidad de robo de vehículo”, señaló la funcionaria de la PGJE.
Sobre las chatarreras y su posible intervención en el robo de vehículos, Ulises Méndez aclaró que resulta escasa la participación de éstas, ya que con frecuencia realizan operativos en estos puntos para combatir la compra de artículos robados.
Desmantelan y venden al interior del país
Los autos robados tienen dos destinos: el primero, abastece un mercado fuera del Estado; mientras que el segundo es dotar a los consumidores locales de autopartes, sobre todo los de la marca Honda, pues, según Ulises Méndez, es fuerte el mercado juvenil que repara y modifica sus vehículos.
La funcionaria de la PGJE aseveró que han detectado una constancia en el robo con violencia de vehículos para obtener unidades de modelo reciente, cuyo destino normalmente es el Estado de Sonora, particularmente los que son de carga.
Al principio del año pasado hubo una serie de asaltos a conductores Uber, pues los criminales podían fácilmente llamar a un chofer engañándolo a través de un servicio.
“Muchas de estas unidades fueron ubicadas en Sonora”, dijo la coordinadora, quien declaró que en algunos casos, la intención puede ser simplemente escapar, luego de cometer un crimen, pero esto no es tan frecuente.
Una forma general de decirlo es que los vehículos nuevos son robados con violencia para ser vendidos al sur del país, a diferencia de los autos estacionados que son requeridos para abastecer un mercado local.
Los crímenes violentos se dan principalmente en vialidades obscuras y despobladas, como Islas Agrarias o las carreteras de la zona conurbada.
Por otro lado, el director de la Policía Municipal aseveró que gracias a ciertas bondades de las leyes, los ladrones pueden salirse con la suya, pues para cometer el robo, usan a menores de edad que recuperan la libertad en cuestión de horas.
Méndez Manuel Gómez dijo claramente que es “una forma de impunidad”, ya que los adultos abren y encienden el vehículo, pero el menor es quien lo conduce y si no existe flagrancia en la detención al momento de encenderlo, solo podrá ser enjuiciado por posesión de vehículo robado, lo que no es considerado grave.
Estas piezas son vendidas a bajo precio en talleres mecánicos específicos o directamente a algún comprador que cuente con un automóvil de similares características.
Indicó que al mes cumplimentan 50 órdenes de aprehensión por este hecho delictivo, pero según la misma funcionaria de la PGJE, por lo menos 15 llegan a obtener beneficios de libertad o acuerdos reparatorios, dado que es una figura que la Ley contempla.
Para su infortunio, alrededor del 50 por ciento de los ladrones de autos son reincidentes e incluso están bajo criterios de oportunidad o cumpliendo de medidas cautelares en libertad.
Ambos funcionarios y el mismo Presidente del CCSP, aprovecharon para solicitar ciertas modificaciones o mecanismos para facilitar la intervención y procesamiento de los delincuentes acusados de este delito, pues no son considerados de bajo nivel, sino que son mafias que operan organizadamente.
Hernández Niebla culpó a ciertos criterios del Nuevo Sistema de Justicia Penal como uno de los motivos por los que se incrementó, la incidencia en la mayoría del Estado, pero aún así se deben definir mecanismos más especializados para sacar adelante el problema que es responsabilidad totalmente del Estado y los municipios.
