“La clave es el dinero secreto de la campaña que debe ser rastreado”, más o menos esa es la frase que habría sido resumida -para la ficción y la leyenda popular- como “sigue el dinero”, y que está en el centro de la investigación de dos periodistas de The Washington Post, en la pieza conocida como Watergate, que llevó a la renuncia del Presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, en 1974.
Indagando el robo de documentos a una base del Partido Demócrata, los investigadores conocieron también de dinero no reportado en la campaña para la reelección del republicano Nixon. “Siguiendo el dinero” se develó el entramado de corrupción que tumbó al Presidente y lo demás es historia.
La frase “seguir el dinero” se quedó para establecer que en un acto de política, campaña y gobierno, hay corrupción, y la única forma de establecer las líneas y las pruebas de ello, es precisamente, seguir el dinero. Investigar de dónde salió, cómo salió, a dónde se transfirió, quién lo gastó, en qué.
En México, a pesar de ser de los países más corruptos del mundo, rankeado en la posición 123 de 176 países analizados por Transparencia Internacional, y el más corrupto de los 35 que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de acuerdo al mismo organismo, rara vez se sigue el dinero de forma eficiente, científica y ministerial.
Ahí está el caso por ejemplo, de la profesora Elba Esther Gordillo Morales, en el cual tanto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como la Procuraduría General de la República, siguieron el dinero y encontraron el delito de lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita y… hasta ahí llegaron. Cinco años después, han dejado de seguir el dinero, porque lo que persiguen en este caso, es político, es poder, y ahí está una alianza electoral.
La corrupción lo permea todo.
Un ambiente de corrupción gubernamental y partidista como el que estamos atestiguando este sexenio, afecta otros sectores de la sociedad. La corrupción afecta la construcción, la educación que se provee en las aulas escolares, inhibe el crecimiento económico, y fomenta la inseguridad y la violencia.
Seguir el dinero sería lo conducente para atrapar a los capos de la droga y disminuir con ello la creciente ola de asesinatos en este país. Seguir el dinero sucio en las campañas, quitaría candidaturas a los aliados de la criminalidad. Seguir el dinero en las cuentas privadas de los funcionarios, sentaría el precedente de cárcel para los deshonestos.
El problema en México es que las instituciones de investigación ministerial, administrativa, solo siguen el dinero cuando les conviene. Cuando quieren castigar por razones de partido o personales a alguien, y no cuando deben procurar justicia y certeza jurídica para todos.
Hay en México hoyos de corrupción que no han sido escarbados lo suficiente para encarcelar a los culpables. Veracruz es uno de ellos.
De la mano del PRI, del Presidente Enrique Peña Nieto, del ex Secretario de Desarrollo Social José Antonio Meade, del ex Secretario de Hacienda, Luis Videgaray y arropado por los dirigentes nacionales del Partido Revolucionario Institucional, Javier Duarte de Ochoa convirtió aquel bello estado en paradigma de la corrupción, de la impunidad y la inseguridad.
Ayer asesinaron al periodista número 13 en México en 2017. Gumaro Pérez Aguilando, de La Voz del Sur estaba amenazado. Él contaba con medidas cautelares pero únicamente cuando estaba laborando. El día que lo mataron fue en la escuela de su hijo a la que había acudido para presenciar el festival navideño.
Todo sucedió en Veracruz, el hoyo negro de la corrupción priísta. Durante el sexenio de Javier Duarte, el más corrupto del que se tenga memoria, 17 periodistas fueron asesinados en aquel Estado. En lo que va del año, cuatro han sido ejecutados.
La corrupción que inicia en el poder público, el desfalco multimillonario de Duarte a las arcas estatales y por lo cual él y varios ex colaboradores están siendo procesados, solo trajo inseguridad y violencia. La corrupción que inicia en el Gobierno llega hasta el narcotráfico y el crimen organizado.
El crecimiento del narcotráfico y con ello de la violencia, es el reflejo de un mal Gobierno. Así sucede en Tamaulipas donde los ex Gobernadores son perseguidos, en Chihuahua donde uno está prófugo, en Coahuila donde dos cargan con la sospecha y el señalamiento público, en Baja California donde la inseguridad incrementó a niveles inéditos.
En México con Enrique Peña Nieto, se vive en el sexenio de la corrupción y la impunidad política, en el cual se contabilizan más de 104 mil ejecutados en cinco años de gobierno. Y los dineros desviados o reportados en este país y en otros como producto de lo ilícito, suman miles de millones de pesos.
Seguir el dinero ilícito en el gobierno, es dar con la línea de la corrupción de funcionarios y de criminales, y con ello, llegar hasta los asesinos de periodistas.
Pero en este sexenio, en el que México ocupa los primeros lugares de corrupción, los primeros en los índices de inseguridad, catalogado como el segundo país más violento, y el primero ya de mayor riesgo para los periodistas empatado con Siria con 13 asesinatos (en 2016 México empató con Afganistán con 13 muertes de periodistas según la UNESCO), es evidente que no hay justicia, que lo que prevalece es la impunidad. Lo mismo para políticos y funcionarios que para narcotraficantes, criminales y asesinos.
Los actos de corrupción que se van sumando en el sexenio, ahora los desvíos de dinero público para actividades electorales en Tamaulipas, Chihuahua y Veracruz, con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como aval de la transa según consta en actas ministeriales, permanecen en la impunidad, y eso, genera violencia. No hay castigo, no hay ni siquiera apercibimiento, no proceso contra los señalados, y la impunidad se vuelve la regla.
A punto de finalizar 2017, el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto sigue destacando por la violencia y la corrupción. Por los excesos de sus funcionarios, y la falta de procuración de justicia. Porque no se sigue el dinero en las investigaciones, y son permisivos con los actos de desvíos detectados por autoridades fiscalizadoras, reportados por testigos encarcelados, o denunciados por ciudadanos organizados. Actores todos que se topan con la impunidad oficializada en este sexenio.
