A pesar de que a finales de octubre, el secretario de Educación y Bienestar Social en Baja California, Miguel Ángel Mendoza González, señaló que se espera un recorte al presupuesto de educación de la entidad, por alrededor de 30 millones de pesos, el funcionario aún desconoce con certeza en qué magnitud se verá afectado el Sistema Educativo Estatal (SEE) y qué programas verán reducidos sus fondos.
“Estamos trabajando con el presupuesto, hasta ahorita enviamos una propuesta de cerca de 23 mil millones de pesos… todavía no traemos la parte de recorte porque eso es por parte federal, todavía no nos dan el trancazo”, manifestó a ZETA.
“Lo que hizo el señor Gobernador (Francisco Vega de Lamadrid) fue llamar a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para, precisamente, lo que son los programas de tiempo completo no sufran un daño, un recorte”, añadió.
Dentro de la estrategia nacional, “La Escuela al Centro”, se espera que los recortes tampoco causen afectaciones en los programas de capacitación para docentes, así como también se busca no solo mantener intacto, sino aumentar el presupuesto para Educación Superior, con lo que se desea incrementar la matrícula de las universidades de la entidad.
“Nosotros lo que hicimos fue ir a proponer una cantidad de más o menos 60 millones de pesos adicionales, pero no han hablado de cuánto sería recortado, nosotros fuimos a pedir 60 millones de pesos para estos temas que te comento”, aclaró.
Otra alternativa del SEE será participar para acceder a los diferentes fondos en materia educativa que vayan abriéndose en el Ejercicio Fiscal 2018, los cuales pueden tener como finalidad la ampliación de matrícula o programas de oferta educativa.
“Lo que buscamos también nosotros es involucrar recurso de la sociedad para poder llevar a cabo obras, relacionarnos más con empresas para que nos ayuden a hacer, todo esto son parte de los recursos que buscamos para ir potenciando, para ir generando sinergias y que nos alcance más el dinero público”, lo que permite minimizar cualquier amenaza de recortes que puedan afectar el funcionamiento de los programas educativos aplicados en la entidad, concluyó Mendoza.
