El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela Rodríguez, y la canciller, Isabel De Saint Malo, firmaron este viernes la resolución para la extradición a México del ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Ángulo, quien deberá ser trasladado por las autoridades mexicanas en un plazo no mayor a 30 días, según lo informó la Cancillería panameña.
La resolución fue firmada después de que el pasado lunes la Corte Suprema de Justicia de Panamá rechazara tres hábeas corpus presentados por la defensa de Borge Ángulo para impedir su extradición a México, donde se le acusa de peculado, desempeño irregular de la función pública y aprovechamiento ilícito de poder.
El pasado 27 de julio, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) presentó a su homólogo panameño la solicitud formal de extradición contra el ex mandatario estatal, acompañada de una copia certificada de la orden de aprehensión librada el 31 de mayo por un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Nezahualcóyotl, Estado de México.
El ex mandatario estatal fue detenido la noche del 4 de junio en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Panamá, cuando se disponía a tomar un vuelo hacia París, Francia. Se encuentra recluido en la prisión de “El Renacer” desde el pasado 9 de junio.
La Procuraduría General de la República (PGR) mexicana le imputa al político de 37 años de edad, cuatro causas penales. Una del fuero federal por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que involucran 25 inmuebles con un valor de mercado de unos 5 mil millones de pesos.
Las tres restantes acusaciones del fuero común contra el ex gobernador de Quintana Roo del 2011 al 2016 son por: peculado, aprovechamiento ilícito y ejercicio indebido de la función pública; delitos que se pueden enfrentar en libertad bajo caución, ya que no se consideran graves en el Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP).
El pasado 8 de junio, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI) expulsó al ex gobernador Borge Angulo, al considerar que su conducta provocó “efectos negativos” a dicho instituto político.
