El jueves 21 de diciembre, el Presidente Enrique Peña Nieto, promulgó la Ley de Seguridad Interior que antes hizo que fuese aprobada por el Poder Legislativo. Fuera del día que tomó posesión, el 1 de diciembre de 2012, y a raíz de los acontecimientos del 26 de septiembre de 2014 en Ayotzinapa, Iguala, Guerrero, cuando 43 normalistas fueron desaparecidos, no se habían sucedido tantas manifestaciones públicas como la que generó la aprobación de la Ley de Seguridad Interior.
No hay que equivocarnos, las consignas contra el gobierno de Enrique Peña Nieto, por hartos casos de corrupción ligados a gobernadores y funcionarios de su círculo principal, de abusos de las corporaciones y Fuerzas Armadas, así como por complicidades con el Poder Legislativo, no han cesado en los cinco años que tiene al frente del Poder Ejecutivo. Sin embargo, ahora, con la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, la manifestación subió de nivel.
No solo se tomaron calles y se formaron grupos de la sociedad civil; también a través de las redes sociales, en reuniones públicas, en medios de comunicación y con grupos de la sociedad civil, se instó primero a las cámaras a no aprobar la Ley, y, cuando ignorando a la sociedad civil los legisladores la aprobaron, entonces la manifestación se volcó en pedirle al Presidente que la vetara.
En la manifestación de las ideas participaron organismos internacionales, nacionales, locales, grupos sociales, de intelectuales y periodistas, defensores de los derechos humanos, y de la población vulnerable; todos los organizados en su mayoría así lo solicitaron, pero una vez más, el Presidente Peña desoyó a sus ciudadanos. Su gobierno se impuso a la petición popular.
No es la primera vez que lo hace. Mejor dicho, se le ha vuelto una costumbre actuar de forma unilateral con la complicidad de las cámaras legislativas que le aprueban cuanta reforma desea, Ley le place, o, le retrasan los procedimientos que no desea que avancen. Como es el caso de la Fiscalía General de la República, la elección del fiscal anticorrupción, la designación de magistrados administrativos para el Sistema Nacional Anticorrupción.
Es decir, es una realidad que Enrique Peña Nieto manda en el Congreso, punto. Por eso, promulgar la Ley de Seguridad Interior y decir que no hará la declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, hasta en tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación determine sobre su constitucionalidad, asumiendo que alguno de los entes facultados para ello promueva el recurso de anticonstitucionalidad, es tan cínico como un débil deslinde.
El Presidente tuvo tres momentos para escuchar a su sociedad y no aprobar una Ley que no satisface a las mayorías. Cuando llegó a la Cámara de Senadores, cuando llegó a la Cámara de Diputados, y cuando votada a favor por ambas, pudo vetarla. Pero no. Ahora pone en duda aquello que festinó y promovió, al decir que la última palabra la tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Molesta el cinismo, y por supuesto las consecuencias de una Ley que no fue consensuada. Para la cual se aprovecharon del contexto de inseguridad que ellos mismos, a partir de la corrupción, las complicidades y la impunidad al crimen organizado, han contribuido a que exista.
Es verdad que se requería de una Ley que otorgara facultades a cada una de las Fuerzas Armadas y corporaciones policíacas, para que coordinadas combatieran, por así decirlo, la criminalidad, la inseguridad y la violencia, pero es una Ley que debió venir aparejada de un Mando Único o mixto, que le diera la facultad a los estados de actuar y encabezar los operativos en conjunto para defender a la sociedad de los criminales.
También es cierto que la decisión para emitir una declaratoria de protección a la seguridad interior, debería estar más sólida en razón de -otra vez- consensos entre los actores inmiscuidos, los municipios o estados que requieren de la intervención de las Fuerzas Armadas o de la Policía Federal, a partir de sus congresos y de la mano con el Congreso de la Unión. Pero no. La Ley Peña le otorga esa facultad al Presidente de la República. “Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior: El mandato ejecutivo que habilita la intervención de la Federación, incluidas las Fuerzas Armadas, para que por sí o en coordinación con otras autoridades, realicen acciones de seguridad interior para contener y reducir amenazas a la seguridad interior”, se explica en el documento promulgado.
En el Artículo 5 se lee: “La aplicación de esta Ley corresponde al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Gobernación, con la participación de las dependencias y entidades de la administración pública federal, fuerzas federales y, en su caso, Fuerzas Armadas, en coordinación con los otros órdenes de Gobierno, en el ámbito de sus atribuciones y competencia”.
Ciertamente se habla de periodos delimitados en los que las fuerzas federales o las Fuerzas Armadas pueden actuar en una zona, municipio o estado, donde esté amenazada la seguridad interior, pero también de prórrogas, y muy poco de coordinación con los estados, aunque estos sí deberán absorber costos de los operativos.
Para una parte de la sociedad esto significa “militarizar al país”, para otros, darle facultades al Ejército Mexicano que no tenía, y para la gran mayoría, una Ley sin consenso que debió permear a la sociedad civil para su estructuración y aprobación.
Sin embargo, nada de eso fue posible, dado el autoritarismo de la Presidencia de la República y el entreguismo de las cámaras legislativas federales. De ahí la inconformidad social, que ahora enfocará sus baterías hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para intentar revocar aquello que de forma unilateral el Presidente de la República empañó, a pesar de la necesidad que existe en México, de delimitar facultades en tiempos de extrema violencia.
