El 30 de noviembre de 2017, en Tecate, dos hombres que se manifestaban contra la alcaldesa Nereida Fuentes durante su Primer Informe, fueron detenidos. En julio, otros tres manifestantes aprehendidos en el bloqueo a la empresa Constellation Brands; durante febrero pasado en Mexicali, 13 integrantes de Mexicali Resiste también capturados en las manifestaciones contra la Ley del Agua, y en enero, hubo 40 detenidos en las manifestaciones contra el gasolinazo y el cierre a la planta de Pemex en Rosarito… también siete policías fueron arrollados.
La inconformidad social ha sido la constante este año, en el país, en Baja California y en sus municipios. A la par ha estado la discapacidad de las autoridades para atenderla políticamente. El mes pasado surgió el movimiento “Tijuana se Levanta”.
A lo anterior agregue Usted que Juan Manuel Gastélum Buenrostro es hasta ahora el alcalde panista menos popular que ha tenido Tijuana. Cuestionado, incluso denunciado por la recolección de basura, por la inseguridad, por la renta de patrullas y camiones recolectores, por la ausencia de claridad en el contrato de luminarias, por la asignación a modo de la obra del Bulevar Cucapah y demás etcéteras, por no proporcionar información a los regidores de oposición que incluso lo han denunciado por “actos discriminatorios y agresiones verbales”.
Por eso no es extraño que exista resquemor ante la versión pública y real de que en la Ley de Ingreso presentada por “El Patas”, existe un cobro por las marchas, con el cual podría limitar o “castigar económicamente” a quienes se le oponen, piensen diferente y se lo vayan a decir públicamente y en masa.
La Ley de Ingresos del Ayuntamiento de Tijuana contempla que “para la realización de eventos, espectáculos públicos y de diversión sin venta y/o consumo de alcohol, deberá entregarse la documentación necesaria, previo el pago de derechos que se causen”.
En el apartado de “Eventos en Vía Pública”, sugiere un cobro por las “marchas” y las coloca en la misma balanza que las “peregrinaciones, procesiones, caravanas y desfiles”, en las que usualmente, por seguridad, solicitan y pagan resguardo policiaco, y luego les asigna un costo.
En su comparecencia ante el Congreso, Gastélum Buenrostro explicó que para el próximo año se cobrarán 10 salarios mínimos. A pregunta expresa del diputado del Partido Encuentro Social, Luis Moreno, el munícipe aseguró que no se trataba de coartar la libertad de expresión, que esa recaudación era un derecho establecido previamente -se pudo localizar en la Ley de Ingresos 2017- y que solo se recolectaría en las marchas que necesitaran control, que no iban a cobrar a todas porque sería absurdo e imposible.
Es posible que al tema se le haya dado un manejo político, pero el asunto es que dada la redacción de la Ley de Ingresos, más allá de las intenciones -conocidas o desconocidas, buenas o no tanto- del alcalde, la facultad del Ayuntamiento para cobrar por manifestaciones está abierta.
Por un lado, porque el mismo texto no indica cuál es la definición o las características que deben tener las marchas a las que sí les va a cobrar, y solo habla de “concentraciones de una a 500 personas”, lo cual resulta peligrosamente laxo.
Y después, porque la Ley ordena que “… los gravámenes que prevé la presente ley, no serán motivo de exención, condonación o modificación”, salvo “mediante disposiciones de carácter general que apruebe el Ayuntamiento, a propuesta del Presidente Municipal, la cual deberá publicarse en el Periódico Oficial del Estado” y “Excepcionalmente, el Presidente Municipal podrá otorgar la condonación total o parcial de los recargos…”.
Entonces, por el bien de la libertad de expresión, del libre tránsito, del libre pensamiento, la obligación de diputados y regidores, es hacer que los poderes ejecutivos establezcan las debidas aclaraciones y no dejar a los ciudadanos sujetos a interpretación de cualquier gobernante autoritario, que se sienta rechazado, mal administrador, con finanzas en crisis; de esos que desesperados por obtener recursos, abran la puerta a impuestos absurdos, entreguen contratos costosos a sus amigos, cobren comisiones a cambio de licitaciones a modo, o simplemente abusen de su poder.
Porque es un hecho que la ausencia de eficacia y liderazgo, de habilidad para manejar conflictos, la falta de conciencia política, de estrategias indirectas y directas para informar, escuchar, negociar y llegar a consensos para obtener apoyos de la ciudadanía, siguen presentes.
Para qué dejar abierta la puerta de una sanción económica, a quienes han respondido a las manifestaciones con movilizaciones policiacas, despliegues de agentes antimotines, cierre automático de los recintos de gobierno y la prohibición del acceso a los ciudadanos.
