Si bien falta que el Senado discuta y vote la Ley de Seguridad Interior aprobada por la Cámara de Diputados, el Dr. en Derecho Álvaro González Contreras advirtió que la promulgación de la misma contravendría el principio de transparencia y respeto a los derechos humanos en que se basa el Nuevo Sistema de Justicia Penal.
La ley permitiría al Ejército y fuerzas armadas la intervención en el combate al crimen organizado, pero no hace una clara definición de cuáles son las situaciones en que podrán participar.
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El abogado señaló que la medida militarizará las ciudades y permitirá al Ejército realizar acciones preventivas del delito a su criterio, lo que deriva en que la seguridad pública recaiga en personas que no cuentan con preparación en el tema de seguridad pública, cuando los soldados son formados para enfrentar amenazas a la seguridad nacional.
8 de cada 10 personas intervenidas por el Ejército fallecen, señaló González Contreras, por lo que el que la Ley que se pretende aprobar carezca de un protocolo de actuación propiciará situaciones peligrosas.
Además, comentó los soldados carecen de formación en el respeto a los Derechos Humanos y tendrán el derecho de intervenir protestas sociales, cuando se considere las mismas no son pacíficas, por lo que se está legalizando un mecanismo de represión.
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El ordenamiento también establece la confidencialidad sobre las acciones preventivas y de investigación que realicen las fuerzas armadas y no contempla controles ni contrapesos, es decir, no da pie al consenso respecto a la entrada del Ejército a las entidades y municipios.
El abogado concluyó señalando que el Ejército ya ha contribuido anteriormente en labores de seguridad pública sin la necesidad de un marco jurídico, por lo que consideró que una ley transitoria que permita a las fuerzas armadas intervenir en delitos flagrantes y en colaboración con las corporaciones policiales hubiese bastado para atender el tema de inseguridad
