En la columna anterior, titulada “Análisis de la Ley de Seguridad Interior”, por falta de espacio, omitimos reiterar lo que ya hemos comentado en ocasiones pasadas, que el gobierno, para actuar con efectividad, requiere de captación de información y evaluación por mentes formalmente capacitadas para ello.
Y lo que hemos dicho también es que la tarea de reunir información no debe ser pretexto para violar derechos humanos de los ciudadanos.
Una vez aclarado esto, pasemos al comentario de hoy, un poco atrasado, pero no deja de tener vigencia y es el caso de un intento de montar en la sede del Congreso del Estado en Mexicali, una coraza de grueso plástico que separaría a los diputados de sus representados y todo esto, que costó al erario público 200 mil pesos, se pretendía justificar con el argumento de evitar que, exaltados los ciudadanos, arrojaran objetos que pudieran dañar la integridad física de los políticos.
Afortunadamente se dio marcha atrás a la medida que, con todo respeto para los señores diputados, era de corte autoritario.
En una democracia hay que apostarle más a las medidas preventivas que ya se han instalado en la sede del Congreso, como es el caso de un arco detector de armas y metales y la vigilancia de policías preventivos estatales.
Esto no es motivo para que los legisladores del Estado de Baja California quedaran en momento de indefensión, hay que profesionalizar con más detenimiento a los cuerpos de seguridad del Congreso y, sobre todo, los señores legisladores deben abrir espacios constantes para que exista un diálogo satisfactorio con la comunidad. La violencia, por otra parte, de los ciudadanos protestantes debe sustituirse por un diálogo firme, pero respetuoso.
Así, diputados abiertos al diálogo y votantes con argumentos valederos pueden lograr avances en un Estado que pretende ser democrático, plural, social y de derecho.
Arnoldo Castilla es abogado y catedrático de la UABC
