La razón de ser, de existir del Poder Legislativo, es para equilibrar al Poder Ejecutivo – legislando, dictaminando y votando-, para regular el manejo de recursos y vigilar la conducta de los servidores públicos desde una posición de igualdad.
También tenía el objetivo de proporcionar balance, aquella reforma electoral del año 1963 con la que el monopolizador régimen del Partido Revolucionario Institucional dio cabida por primera vez a los partidos de oposición en los órganos de gobierno, aunque sus candidatos no ganaran elecciones.
Entraron como diputados de representación proporcional, los mejores segundos lugares, pero al paso del tiempo los partidos en el poder han realizado reformas a la Ley, de tal manera que hoy, en el ámbito federal y el local, tenemos diputados de partido, aquellos que no son votados, que integran una lista, que no hacen campaña, pero que por el nivel de votación de partido, ocupan un lugar en las Cámaras.
Incluir a las minorías en el proceso de toma de decisiones significaba para el PRI de los sesenta la forma política de agotar los movimientos y manifestaciones sociales, dándoles voz en el Congreso a quienes representaban a esa fracción de la población que tenía intereses distintos a los que ellos personificaban. Aunque al momento de los votos terminaran avasallados numéricamente.
Han pasado 54 años, y decenas de reformas electorales, los partidos de oposición empezaron a ganar elecciones, en Baja California las siglas del partido hegemónico cambiaron y ahora son los actuales representantes del Partido Acción Nacional quienes monopolizan el poder, apoyado en el clientelismo, el corporativismo y la corrupción que tanto criticaron a los priistas.
La representación más vergonzante de las violaciones a la democracia se exhibe periódicamente en las votaciones de las sesiones del Congreso y los cabildos, justo los órganos que deberían ser ejemplo.
Sintiéndose poderosos, los de blanquiazul deciden que para lograr mayorías no es necesario convencer, no necesitan consultar, presentar el mejor proyecto, el que beneficie y satisfaga a la mayoría de la población, el que cueste menos caro, el que genere menos daños. Para qué hacerlo si pueden poner por encima sus intereses económicos y corromper como lo hicieron sus antecesores.
Entonces se reúnen con diputados o regidores de oposición en lo oscurito y, en lugar de intercambiar ideas, las negociaciones son mundanas. Así, compran a algunos de los representantes de minorías sin escrúpulos, esos votos que necesitan para aprobar, por ejemplo, aumentos a impuestos a los manifestantes, convenientes ventas de predios a precios bajos, leyes de agua, reposición de luminarias, nodos, asignación de obra en bulevares, desalinizadoras o Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Coordinación. Esto denunciado por distintos legisladores.
Como si fuera el protocolo de votación, a la compra de votos para el “mayoriteo” le sigue el avasallamiento y el madruguete. Así llegan a sesiones públicas y, contrariando el espíritu de las leyes, en lugar de darle voz y escuchar, incorporar y coordinar las ideas divergentes, hacen lo posible por acallarlas, exacerbando la inconformidad y el repudio social respecto a la clase política.
Buscan horarios matutinos o nocturnos para que no haya presencia de manifestantes, cierran puertas de los cabildos o el Congreso, o llenan las salas con sus seguidores para que los opositores no tengan cabida.
Y como no les interesa convencer, a los diputados o regidores que no compran, no les hacen llegar la información, los reportes detallados que les permitan analizar los pros y contras y hacer voto razonado, como es su obligación.
Así la oposición que debía dar equilibrio en la toma de decisiones, a quien le correspondería cuestionar y negociar públicamente hasta lograr los mejores proyectos de desarrollo, obligar al Poder Ejecutivo a actuar con transparencia, en Baja California está convertida en un actor secundario, un fantasma.
Ahora, con casi dos años por delante para diputados y regidores, y un 2018 electoral, los proyectos pendientes de aprobar como licitaciones a modo y obras relacionadas con cuantiosas inversiones de Asociaciones Público Privadas, además de la posibilidad de reelección, podría ser interesante para los ciudadanos observar qué hacen las minorías en los órganos de gobierno, más allá de quejarse del mayoriteo, hacer declaraciones a la prensa o amenazar con interponer medidas legales; podrían empezar por presentar denuncias formales de quiénes y cuándo les han ofrecido dinero a cambio de su voto.
Vigilar si los panistas y sus opositores son capaces de dejar de pervertir el proceso legislativo, de presentar, socializar y convencer con proyectos que generen desarrollo y riqueza a todos los habitantes del Estado, y no solo a los funcionarios implicados en su aprobación.
