En 2018 el gobierno de México aumentará fiscalización tributaria en menoscabo del crecimiento económico. EU busca hacer todo lo contrario. Inviable disminuir el ISR a 20%. Necesario que se modifique el presupuesto, alertan especialistas.
En el escenario de la reforma fiscal estadounidense, que pretende incentivar el crecimiento económico de esa nación, la autoridad hacendaria en México aumentará la fiscalización hacia los contribuyentes mediante diversos instrumentos, como las auditorías electrónicas, en detrimento del desarrollo económico del país.
Ello evidencia que carece de una mirada real y a largo plazo contra la pérdida de competitividad tributaria que conllevaría la aprobación de la reforma fiscal impulsada por el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
De acuerdo con fuentes federales, en el programa de fiscalización del Servicio de Administración Tributaria (SAT) se establece que se llevarán a cabo auditorías electrónicas para detectar la diferencia entre impuestos a cargo declarados contra lo efectivamente pagado y las omisiones de retenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR).
Las omisiones de retenciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA), los acreditamientos indebidos en pagos provisionales en declaración anual, y los donativos otorgados superiores al 7 por ciento al igual serán vigiladas.
Esto, junto con la determinación incorrecta del ajuste anual por inflación acumulable o deducible, y la deducción indebida de intereses pagados por créditos hipotecarios de más de una casa habitación, entre otros.
Los comprobantes fiscales (facturación 3.3), el reporte de operaciones relevantes, la Cuenta Única y la Vista 360 Grados, son algunos de los instrumentos que facilitarán la vigilancia del SAT. Lo anterior va en línea con el Plan Estratégico del SAT 2014-2018, en el que el organismo federal incrementará entre los contribuyentes la percepción de riesgo por no cumplir con las obligaciones fiscales.
“El contribuyente debe apreciar que el SAT conoce su comportamiento y actúa en total apego a la normatividad fiscal”, por lo que incumplir tiene consecuencias, destaca dicho documento.
Mientras tanto, en Estados Unidos, el Comité de Diálogo (Conference Committee) es la instancia que armonizará las propuestas aprobadas por la Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos en materia de reforma hacendaria.
Foto: Tercero Díaz/Cuartoscuro.com.- José Antonio González Anaya, secretario de Hacienda
La propuesta aprobada en la Cámara Baja el 16 de noviembre de 2017, impulsada por el mandatario Donald Trump, considera:
* La reducción de impuestos de 1.4 billones de dólares a diez años.
* Disminución del impuesto a empresas del 35% al 20%; mientras que los impuestos para las personas físicas se dividirán en cuatro niveles en lugar de siete (12%, 25%, 35% y 39.6%).
* Duplicar las deducciones que pueden hacer las familias hasta por 24 mil dólares.
* Eliminar el impuesto de sucesiones vigente para herencias superiores a 5.59 millones.
La propuesta aprobada el 2 de diciembre por la Cámara Alta plantea:
* Un recorte de impuestos de 1.5 billones de dólares a dos años.
* Disminuir el impuesto para las empresas de 35% al 20%.
* Para las familias, duplica el mínimo que pueden exentar, al pasar de 12 mil a 24 mil dólares.
* Eliminar las penalizaciones para aquellos estadounidenses que no contraten seguro médico, punto clave de la reforma de salud del ex Presidente Barack Obama.
Con la aprobación de ambas propuestas, Conference Committee trabaja en un proyecto conjunto que cada Cámara deberá aprobar sin que haya fecha para ello, pero Trump espera que sea en próximos días. Tal como tuiteó: “Deseando firmar una ley definitiva antes de Navidad”, al agradecer la aprobación del Senado.
Diversos especialistas consultados por ZETA coincidieron en que si bien el sistema tributario mexicano es más eficiente al recaudar más, ya que pasó de 12.7% del Producto Interno Bruto en el año 2000 al 17.4% del PIB en 2015, no promueve el desarrollo económico y eso contribuye a que prevalezca la pobreza y la informalidad en el país.
Para el presidente del Consejo de Desarrollo de Tijuana (CDT), Gabriel Camarena, una de las razones por las que el sistema no estimula el crecimiento económico radica en que pagar los impuestos sigue siendo complicado.
“Aunque se han modernizado pagos por la vía electrónica, la carga administrativa que se requiere para poder cumplir con todas las regulaciones, es lo que está costando mucho dinero a las empresas”, consideró.
Inviable disminuir impuestos en México
El 5 de diciembre, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) urgió a la autoridad mexicana a emprender una reforma fiscal que dé sustentabilidad a las finanzas públicas y sea competitiva internacionalmente.
Con ella se repararían algunos efectos nocivos de la Reforma Fiscal de 2014, aseveró la organización dirigida a nivel nacional por Gustavo de Hoyos Walther, al tiempo que recordó que en nuestro país se ha pospuesto el análisis y la valoración de alternativas que hagan el sistema tributario atractivo para la inversión.
Entre sus propuestas se encuentra el que a las empresas se les reduzca gradualmente el ISR (un punto porcentual por cada año hasta alcanzar 24.66%, tasa promedio de los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE).
El organismo también propone que se reduzca el pago del ISR para quienes perciben ingresos menores a 10 mil pesos; así como la deducción plena de las prestaciones laborales, tanto las que obliga la Ley Federal del Trabajo como las de planes de previsión social; así como las aportaciones complementarias a fondos de pensiones.
El sector patronal del país también pidió que la retención del ISR del 10% por pago de dividendos a personas físicas sea acreditable contra el impuesto del ejercicio, en lugar de definitiva, como es actualmente.
Asimismo, subrayó que se debe implementar un esquema de deducción inmediata y dar mayor seguridad jurídica a los contribuyentes.
En tanto, el abogado fiscalista Adolfo Solís Farías se pronunció porque Hacienda incentive las deducciones, exenciones, reducciones, minoraciones y hasta condonaciones con las que se potencializará la creación de empleos, infraestructura y las inversiones que produzcan riqueza.
Descartó que sea factibilidad disminuir el ISR a 20%, homologándolo con la posible tasa que tendría Estados Unidos luego de la aprobación de su reforma fiscal, ya que México no es capaz de encontrar fuentes de financiamiento.
“Si el gobierno mexicano bajara el ISR al 20% dejaría de recaudar más de medio billón de pesos, lo que provocaría que el sistema colapsara”, agregó el especialista, quien precisó que en 2018 el gobierno mexicano recaudará 5 billones 279 mil 667 millones de pesos, pero su gasto público ascenderá a 6 billones de pesos.
Indicó que la deuda total mexicana es de alrededor de 725 mil 020 millones de pesos, y si la tasa del ISR se redujera, el país tendría una deuda de 1.2 billones para mantener el gasto público del próximo año.
“Bajaríamos el impuesto, pero subimos la deuda y ahogaríamos al país”, aseguró.
Perspectiva similar expuso el profesor e investigador del Colegio de la Frontera Norte (Colef), Elíseo Díaz González, para quien los ingresos por ISR representan poco más de la mitad de los ingresos no petroleros, por lo que disminuirlos implicaría hacer un “ajuste al IVA a una tasa muy alta y eliminar las excepciones y la tasa cero para poder compensar la pérdida que provocaría disminuir el ISR, homologándolo con EU”.
Consideró que la reforma fiscal estadounidense es un problema importante para nuestra nación, ya que la economía mexicana no está tan diversificada para pensar en un esquema de ese tipo.
“No podemos arriesgarnos tanto a tener pérdidas de recaudación ante un gasto público que tiene actores muy demandantes y del que más del 50% se destina a las entidades federativas”, apuntó el profesor del Departamento de Estudios Económicos.
Al reconocer el riesgo de la pérdida de competitividad fiscal mexicana respecto a la de Norteamérica, Díaz González indicó que “si la reforma estadounidense se concreta y México no es capaz de ajustar su tasa de manera competitiva, lo más conveniente para nuestro país sería salirse del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)”, debido a que muchas empresas -incluso mexicanas- se asentarían en el vecino país, provocando una disminución muy importante en la recaudación mexicana.
Foto: Tomada de Internet.- Donald Trump
El país necesita una reforma presupuestal
Luego de recriminar el aumento en el gasto público del país, cuyo Saldo Histórico de Requerimientos Financieros del Sector Público en 2009 fue de 36.20% del PIB, y al cierre de 2016 se incrementó a 50.50% del PIB, la Coparmex destacó que 6 de cada 10 propuestas del Presidente Enrique Peña Nieto en campaña no se han cumplido en los hechos.
En materia hacendaria, la agrupación señaló que el Ejecutivo debe impulsar la creación de un Consejo Fiscal Independiente con mandato formal para proporcionar una evaluación independiente y experta en materia tributaria, presupuestal y de responsabilidad hacendaria, acorde con las recomendaciones de los organismos financieros internacionales más importantes.
En la opinión del abogado fiscalista Adolfo Solís Farías, México no requiere una reforma fiscal, puesto que se ha recaudado más.
“En los últimos doce años el ingreso se ha catapultado. En 2016, el país recaudaba 1.4 billones de pesos de todos sus ingresos y dependía principalmente del petróleo, hoy captamos más de 5 billones de pesos pero hay más pobres, inseguridad y trastornos de infraestructura. ¿Cómo con más dinero estamos peor?”, cuestionó.
De modo que el problema no es de ingreso, sino de gasto. “No necesitamos una reforma fiscal, sino una presupuestaria”.
Detalló que en el Sistema Presupuestal Inverso, empleado en los países desarrollados, primero calculan cuánto se necesita para mejorar los servicios o acabar con los problemas de esas naciones a largo plazo; posteriormente se determina cuánto se recaudará, y finalmente se diseñan presupuestos multianuales.
En lugar de eso, la autoridad presionará más al contribuyente, ejerciendo sus atribuciones incluso de manera excesiva y abusiva.
De los 63 millones 031 mil contribuyentes que registró el SAT al segundo trimestre de 2017, presionará sobre todo a las 9 mil 948 grandes empresas y 21 mil 158 grandes contribuyentes físicos, quienes prácticamente mantienen la economía, pues el resto tiene ingresos per cápita muy bajos.
Es así como el SAT exigirá pagar impuestos de primer mundo mientras los ciudadanos tendremos servicios de tercer mundo, agregó.
Sobre el gasto público, el presidente del Centro de Estudios Económicos de Tijuana, Roberto Valero, coincidió en que se debe revisar la estructura completa del gasto, que es muy oneroso.
Dijo que esa variable no se ha querido tocar, debido a que los gobiernos siguen derrochando recursos y el aparato político le cuesta muy caro al país, por lo que se tendría que analizar cómo hacerlo más eficiente.
“El gobierno debe enfocarse a tener un mercado interno fuerte, diversificar el comercio y las inversiones para reducir la dependencia con respecto a Estados Unidos”, expuso, pero no se puede incentivar el mercado interno con un sistema impositivo alto e inequitativo que afecta, primordialmente, a las pequeñas y medianas empresas, y con una inflación alta.
Menos competitividad e inversiones
Al riesgo que representa la reforma fiscal estadounidense, externó Valero, se suma el proceso de renegociación del TLCAN, puesto que algunas estimaciones señalan que a México le puede costar caer 2 puntos porcentuales del PIB, con lo que entraría en recesión y se verían afectados por lo menos un millón de empleos, debido a que habría menos inversión extranjera.
“Cuando nos dicen que México está creciendo a 2% del PIB, no es toda la República, en realidad son las zonas del Bajío y Quintana Roo, específicamente Cancún, las que están impulsando el crecimiento del país”, aclaró.
El crecimiento de los estados del Bajío es provocado por la creación de una mejor infraestructura, con mejores vías de comunicación; así como la instauración de centros de investigación que hacen que el personal sea más calificado y competitivo.
Mientras que Baja California continúa teniendo mano de obra barata, no ha invertido en infraestructura y la inversión ha reportado un freno en los últimos cuatro años.
En 2017, solo 12% de la inversión que se registró en el Estado fue nueva. “Si hablamos de los últimos cuatro años, 32% es inversión nueva, es decir, 3 de cada 10 dólares”, y si bien aún no se puede determinar cuánto le costará a la economía bajacaliforniana la aprobación de la reforma fiscal del vecino país, es claro que será el segundo Estado con más repercusiones, luego de Chihuahua, producto de la dependencia económica que mantiene con la Unión Americana.
Sobre todo, expresó el consultado, si esa nación también eleva los aranceles de las exportaciones de México, lo que encarecería los productos.
En contraste, el presidente del CDT, Gabriel Camarena, no previó afectaciones a corto plazo para la economía estatal, debido al mejoramiento de sus indicadores económicos, lo que dará tiempo a la autoridad federal de modificar el sistema tributario de forma asertiva para contrarrestar las posibles repercusiones.
Por último, Roberto Valero evaluó que si no se hiciera nada hasta 2019, año en que podría estar vigente la reforma estadounidense, nuestro país perdería competitividad y el sector más afectado sería el exportador, al tiempo que pronosticó poco probable ese escenario.
