El órgano de investigación del Senado de la República alertó que tal y como está redactada la Ley abre “la posibilidad de considerar una movilización de protesta social o político-electoral como un ‘riesgo’ a la seguridad interior”. Criticó además que sólo se incluye un mecanismo limitado de rendición de cuentas a las Fuerzas Armadas.
Ante los cuestionamientos de los que ha sido objeto el proyecto de ley, el Instituto Belisario Domínguez recordó que desde hace tiempo se discuten diversas alternativas para la mejora integral de la seguridad en México como la reforma policial que fortalezca las corporaciones de todos los niveles de gobierno y el cumplimiento de las sentencias y recomendaciones en materia de seguridad, justicia y uso de las Fuerzas Armadas, emitidas por la CoIDH, la CIDH y la ONU.
Ciudad de México, 10 de diciembre (SinEmbargo).– El Instituto Belisario Domínguez (IBD), órgano del Senado de la República, alertó sobre los riesgos que plantea para las libertades en México que se apruebe la Ley de Seguridad Interior… que está justamente en el Senado de la República.
El IBD es el “órgano especializado encargado de realizar investigaciones con el fin de contribuir en la toma de decisiones” en la Cámara Alta.
Ayer se dio a conocer que la convocatoria de sesión de las comisiones del Senado que analizarían la ley fue pospuesta luego de que durante días grupos civiles y extranjeros, especialistas internacionales y organismo multinacionales levantaran la voz debido a que la legislación abre la puerta a violaciones a los derechos humanos. Las comisiones de Defensa Nacional, de Marina y de Estudios Legislativos Segunda, y de Gobernación votarían el lunes el dictamen de esta ley que fue aprobada por diputados.
Apenas este viernes, el Presidente Enrique Peña Nieto llamó al Senado a “que amplíe los espacios de diálogo, de acercamiento con las distintas organizaciones de la sociedad civil para escuchar todas las voces”, pese a que días antes sostuvo que la Ley de Seguridad Interior “dejó se ser solo valiosa para convertirse en una imperiosa necesidad”.
El órgano de investigación legislativa resalta que con el proyecto de ley se permite “la actuación permanente de las autoridades federales, incluyendo las Fuerzas Armadas, para la identificación y atención de “riesgos” a la seguridad interior”.
Destaca la ausencia de distinción entre “amenazas” y “riesgos” -que ha generado la polémica en torno a las manifestaciones o protestas pacíficas- y apunta que aunque el artículo 8 de la Ley de Seguridad Interior prohíbe expresamente considerar estas movilizaciones de protesta como “amenazas” no se hace extensiva esta prohibición a la noción de “riesgo”.
“Esta omisión abre la posibilidad de considerar una movilización de protesta social o político-electoral como un ‘riesgo’ a la seguridad interior, permitiendo así la actuación de las Fuerzas Armadas en su contra”, señaló el centro de investigación.
Sobre las críticas que han hecho respecto a que la ley atenta contra la transparencia, la rendición de cuentas y mecanismos de control de las Fuerzas Armadas, el IBD señala que en la minuta “sólo se incluye un mecanismo limitado de rendición de cuentas, el cual consiste en el envío de informes al Presidente de la República y a la Comisión Bicamaral del Congreso (lo cual no configura un mecanismo de control parlamentario en sentido estricto). Por el acomodo y redacción de los artículos relativos a estos informes, pareciera que únicamente serán efectivos durante los casos en que se haya emitido una Declaratoria de protección”.
Refiera además que “este proyecto de ley faculta a las Fuerzas Federales, incluidas las Fuerzas Armadas, a realizar ‘actividades de inteligencia’ en materia de seguridad interior”.
Agrega además que “algunas de las actividades que realizan de manera rutinaria las Fuerzas Armadas y otras Fuerzas Federales, implican la afectación de derechos. Por ejemplo, la instalación de retenes en vías públicas y la revisión de automóviles sin mandamiento judicial que lo autorice, implican la suspensión de facto de algunos derechos”.
Ante los cuestionamientos de los que ha sido objeto el proyecto de ley, el Instituto Belisario Domínguez recordó que desde hace tiempo se discuten diversas alternativas para la mejora integral de la seguridad en México como la reforma policial que fortalezca las corporaciones de todos los niveles de gobierno; consolidación de la reforma a la justicia penal, incluyendo la transformación integral de la procuración de justicia; fortalecimiento del Poder Judicial; reglamentación del artículo 29 constitucional; y cumplimiento de las sentencias y recomendaciones en materia de seguridad, justicia y uso de las Fuerzas Armadas, emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos”.
Los senadores podrían decidir esta semana si aprueban o no el proyecto de Ley de Seguridad Interior, que el 30 de noviembre consiguió pasar en la Cámara de Diputados con 215 votos a favor, 101 en contra y 4 abstenciones.
La norma, según organizaciones civiles e instituciones de derechos humanos -que han manifestado un rechazo unánime a la propuesta- no hace sino legitimar un plan de seguridad fallido, y no contempla una estrategia para favorecer que los militares regresen a los cuarteles.
las críticas han venidos desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Organización de las Naciones Unidos (ONU) y de ex relatores de este organismo internacional, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, además de decenas de grupos civiles mexicanos y de la Asociación Nacional de Alcaldes mexicanos,
Este retorno, de forma “gradual”, fue una de las promesas del presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, quien ahora, a un año de finalizar su mandato (2012-2018), urgió al Legislativo aprobar la ley por la “imperiosa necesidad” de dar certidumbre a las Fuerzas Armadas y a la sociedad.
México vive un momento delicado en cuanto al impacto de la violencia. El pasado octubre se registró la cifra récord de 2 mil 371 homicidios, lo que hizo de este mes el más violento en dos décadas y se perfila que este año sea el que mas asesinatos reporte.
En la plataforma Change.org, una petición dirigida a Peña Nieto y que expresa su rechazo a la ley acumula más de 300 mil firmas.
Además, otras más de 7 mil personas se han sumado a la propuesta del sitio #SeguridadSinGuerra de enviar un correo a los senadores para hacer presión y que no apruebe el proyecto.
