Beneficiarios del programa en Baja California no pueden cobrar apoyos por falta de tarjetas bancarias. Pobres sin acceso a beneficios de programas sociales politizados y con preferencias. Según Coneval, a nivel nacional aumenta a 41.8% el número de personas con salario insuficiente para canasta básica
Casas pequeñas, en su mayoría de un nivel, con techos de lámina, cercos y cimientos improvisados con llantas, dominan el paisaje de la colonia El Niño en Tijuana. La pobreza es latente por sus calles sin pavimentar, por donde camina Beatriz Robles, originaria de Oaxaca. Desde hace cuatro años obtiene asistencia social. “Cuando estaba en la Cruzada Nacional contra el Hambre, cada bimestre recibía una despensa más 480 pesos por mis dos hijos, que van a la primaria”.
A partir del bimestre de julio-agosto de 2017, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) la cambió a Prospera, con el que se le otorgan 950 pesos al bimestre y que, a pesar de contar con el documento que lo acredita, no ha podido cobrarlos debido a que no hay recurso para que le den la tarjeta de Bansefi. “Se está juntando todo para cuando nos la den, porque no pueden hacer tantas para toda la gente en un ratito”.
Caso similar es el de María Guadalupe Santos, vecina de Beatriz y a quien ZETA visitó en 2013, cuando inició la Cruzada. De entonces a la fecha su casa casi no ha cambiado, pues con ayuda del Gobierno Federal solo pudo “echar el piso de cemento” y continúa teniendo el techo de lámina.
En su hogar, en el que hay un sofá y enseres domésticos básicos, viven ella y uno de sus tres hijos, Ángel, quien padece Síndrome de Down. La señora relata que abandonó la Cruzada Nacional contra el Hambre debido a que él dejó de estudiar cuando cursaba el tercer semestre de bachillerato.
Posteriormente, en 2015 Guadalupe volvió a inscribirse. En esa ocasión, la Sedesol determinó darle un apoyo alimentario diferenciado por 280 pesos al bimestre, que al igual que Beatriz, no pudo cobrar inicialmente por la falta de la tarjeta bancaria de Bansefi.
Aunque cada bimestre acudió a la reunión de los beneficiarios de Prospera, hasta junio de este año se le entregaron. “Cuando fui a sacar el dinero esperaba tener el acumulado, alrededor de mil pesos, pero solo había 280 pesos. Según el papel, en diciembre me quitan el apoyo. Tantas vueltas que di no sirvieron para nada”, reflexionó.
Sobre estos casos, el delegado de Prospera en Baja California, Pavel Murillo Frías, afirmó que el programa no tiene nada que ver con las tarjetas, las cuales son generadas y repartidas por Bansefi.
Foto: Julieta Aragón
A decir del funcionario, “son casos aislados, no es una preocupación. Sí una preocupación porque nuestro interés es que la ciudadanía, que todos los que están en Prospera tengan el apoyo, pero no para alarmarse, y para decir que de las 81 mil 830 familias en el padrón hay un déficit de atención o de entregas de tarjetas de 10 mil, no, no llega a mil”. Por lo que, consideró, es mínimo el número de personas que no pueden cobrar el apoyo.
Al buscar una entrevista con algún ejecutivo de Bansefi, su departamento de comunicación social señaló que el proceso de elaboración de tarjetas toma hasta tres semanas; pasado ese tiempo, Prospera emite una convocatoria para su entrega. En caso que el beneficiario no acuda a esta, podría pasar a la sucursal por ella.
Pese a que el área se comprometió a determinar el número de medios electrónicos que no han sido reclamados por los beneficiarios y se encuentran en sus sucursales, la institución financiera no proporcionó el dato.
Apoyos que no llegan a los más necesitados
El secretario de Desarrollo Social del Estado de Baja California, Alfonso Álvarez Juan, afirmó que se redujo la pobreza extrema y la moderada en la entidad. En 2014, había 105 mil 500 personas en pobreza extrema y, dos años después, 39 mil 700. La población con pobreza pasó de 984 mil 900 a 195 mil 800.
“Creemos que la reducción es consecuencia del esfuerzo enfocado a los lugares donde existe. En la carencia de alimentación entregamos despensas y tenemos comedores comunitarios (…). En carencia por calidad y espacios de la vivienda, 91 mil 100 personas recibieron el servicio y cómo le hicimos: fuimos a una, dos o tres colonias y pusimos drenaje”.
Pese a ello, el Consejo Nacional de Evaluación Política de Desarrollo Social (Coneval) señala que al segundo trimestre de 2017 aumentó 4% el número de personas que tienen ingresos laborales menores al valor de la canasta básica. Además de que en los indicadores de rezago social de 2015 del organismo, el Estado continuó en el lugar 28 a nivel nacional, tal como se ubicaba en el año 2000.
La pobreza se encuentra a lo largo de la entidad, pues el mayor número de hogares con piso de tierra se concentra en Ensenada, las viviendas sin sanitario en Playas de Rosarito, las que no cuentan con energía eléctrica en Tecate y la mayor población sin derecho a servicios de salud en Tijuana.
Aunque el área de pobreza extrema se localiza al sur del Estado, en San Quintín, por falta de infraestructura, detalló Álvarez Juan, esta también afecta a la zona urbana, donde hay cinturones de miseria. Según declaraciones recientes del delegado de Sedesol en Baja California, Guillermo Peñúñuri Yépiz, se ha detectado la politización de algunos programas sociales.
“Al inicio de la administración del presidente municipal de Tijuana, Juan Manuel Gastélum Buenrostro, le llamé para decirle ‘Oye, licenciado, está pasando esto, vamos viendo la forma de calmar las cosas y que sigan caminando’ los más de 183 comedores comunitarios”.
Esto es evidente para la señora Guadalupe Santos, puesto que muchas veces la entrega de apoyos depende del líder comunitario. “A la gente que necesita más, luego no le dan el apoyo, pero sí a sus cercanos. Ahorita andamos con un grupo de un señor de nombre Osvaldo, que nos presentó una líder comunitaria del PAN. Me apunté para láminas para mi techo; otras mujeres, para ampliación. Como una cooperación para él, nos pide 15 pesos por semana, para ir y venir de México. Ya son varios meses que le damos y no nos resuelve. Dice que él anda por Sedesol, pero no sabemos exactamente si trabaja ahí porque no trae gafete”, refirió.
Respecto a la politización del apoyo, se consultó Álvarez Juan y al secretario de Desarrollo Social Municipal, Mario Osuna Jiménez, quienes negaron que esté sucediendo.
“Son otros tiempos. Afortunadamente estamos promoviendo la participación ciudadana, entre más participación ciudadana esté involucrada en los procesos del gobierno, más transparencia podemos tener en la ejecución de los programas”, afirmó el funcionario local, quien agregó, las áreas de la ciudad con mayor rezago son Valle Bonito, El Florido y Ejido Lázaro Cárdenas.
“Calculo que por las condiciones en que estamos trabajando y por los distintos programas, hemos atendido al 80% de las personas en pobreza extrema y moderada” en el municipio.
Un dilema nacional
De acuerdo con el Coneval, el porcentaje de personas con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo aumentó a 41.8% en el tercer trimestre de 2017, con respecto al año anterior. Es decir, el salario que recibe este sector de la población es insuficiente para comprar la canasta básica de alimentos, bienes y servicios.
Si bien ese incremento se observó a nivel nacional, en las zonas rurales la tendencia fue más pronunciada, al pasar de 53.7% en el tercer trimestre de 2016 a 56.3% en igual periodo de este año. Los estados con más personas cuyo salario no alcanza para tener el bienestar mínimo son Hidalgo, Tabasco y Campeche.
Foto: Archivo
Estas cifras contrastan con las reportadas en agosto pasado por la propia institución, que indican que el porcentaje de personas en pobreza extrema disminuyó 1.9% entre 2014 y 2016, al pasar de 11 millones 442 mil personas a 9 millones 375 mil.
Según este informe, la pobreza también bajó en 2016, cuando se reportó que 53 millones 418 mil 151 personas la padecen, lo que representa 43.6% de la población en México.
Leticia Aparicio Soriano, académica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), consideró necesario investigar la manera en que se modificó la medición de la pobreza, dados los indicadores económicos negativos como la alta inflación, previo al proceso electoral de 2018.
Dijo que en la población indígena, que históricamente ha tenido rezago económico y social, la pobreza no ha disminuido, “por el contrario, dada la violencia que se vive en el país, en las zonas rurales la pobreza ha aumentado. En estos lugares tenemos migración. El incremento de esta indica que la pobreza se ha recrudecido”.
Respecto a la política pública enfocada a los programas sociales instaurados por las autoridades de los tres órdenes de gobierno, comentó que generalmente son paliativos, al ser de carácter asistencialista. No son pertinentes a las culturas que van dirigidos y las personas no necesariamente se apropian de ellos.
Por esa razón es fundamental contar con la participación de la población. “Si se siguen diseñando programas sociales desde el escritorio, no van a funcionar ni a trascender, simplemente desperdician recurso”, destacó.
Mientras que el profesor e investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Rodrigo Salazar Elena, coincidió en que la política social instaurada en México no logra que las familias salgan de la pobreza de forma sostenida y permanente.
Los subsidios que se les dan están condicionados a que sus hijos vayan a la escuela, de modo que la idea no es tanto sacarlos de la pobreza en el presente, sino aportar por que los niños, cuando sean adultos, ingresen al mercado laboral en mejores condiciones y salarios.
“Pero apostar al futuro es mucho apostar, porque las familias tienen necesidades actuales y las personas en pobreza enfrentan situaciones de mucha vulnerabilidad que pueden ser catastróficas; de manera que es mejor invertir en la calidad de la educación y la salud pública para que sean accesibles a todos”.
Las dos formas de abatir verdaderamente esta problemática social van por otro camino al del asistencialismo. “Es mucho más eficaz una política de crecimiento económico sostenido y una política que fortalezca a la población trabajadora para una mejor distribución de la riqueza”, afirmó.
Según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2016, 30% de los hogares más ricos del país concentró 63.3% de los ingresos, mientras que 30% de las familias más pobres obtuvo apenas el 9% de dichos ingresos.
Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportan que 3.3 millones de hogares sobrevive con menos de 25 pesos al día en promedio, siendo las remuneraciones por trabajo subordinado la principal fuente de ingresos en el país.
En ese sentido, Salazar Elena añadió que la distribución inequitativa se debe a múltiples factores, entre estos la histórica debilidad del trabajo organizado. “Cuando hay una situación laboral con tutelaje, los trabajadores no están en capacidades de negociar un mejor salario”.
