Hace unos días, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, magistrado Salvador Ortiz Morales, envió al Congreso del Estado el proyecto de presupuesto que requiere para el año 2018. Considerando que hacen falta dos Juzgados Familiares en Mexicali y otros dos en Tijuana para aligerar el trabajo a los ya existentes, y que también se requieren unas 19 salas para el Nuevo Sistema de Justicia Penal -ocho en Tijuana, seis en Mexicali, cuatro en Ensenada y una en Rosarito-, su estimación fue de mil 400 millones de pesos. La realidad era que Ortiz esperaba le asignaran unos mil 100 millones de pesos, con los cuales, aunque apretado, saldría adelante en la construcción de Juzgados que tanta falta hacen. Pero nada, los diputados (y el secretario de Finanzas del Estado) únicamente le presupuestaron 964 millones de pesos, 20 millones más de los 942 que les fueron asignados en 2017. El problema es que para abrir un Juzgado Familiar con tres secretarios, se requiere algo así como 15 millones de pesos, y en construir y adecuar una sala del NSJP, unos 3 millones de pesos, con lo que los 20 millones de incremento resultan insuficientes. Y lo más grave es que ante la falta de infraestructura en el NSJP, particularmente los juicios son diferidos una y otra vez, y la justicia de por sí en entredicho, tarda en llegar. Pero claro, eso los diputados no lo ven, ni lo sienten… y al parecer ni les importa. Uff.
Publicidad
