Aunque la resolución tomada por el pleno del Tribunal de Justicia Electoral de Baja California, desmiente la versión del gobierno de Juan Manuel Gastélum de no llevar a cabo el plebiscito por carecer de un reglamento vigente para conformar el Consejo Ciudadano, éste no lo obliga a cumplir con la petición ciudadana de llevar a consulta pública el incremento a las tarifas de transporte y la concesión de alumbrado.
La sentencia del TJEBC solo confirmó la respuesta que dio el Consejo Estatal Electoral de Baja California, respecto a esa misma solicitud expuesta por un grupo de ciudadanos tijuanenses, la cual se respaldó por 15 mil firmas.
La postura de ambos órganos plantea que el desarrollo del plebiscito es competencia del gobierno local, toda vez que sí se encuentra vigente el Reglamento de Participación Ciudadana, “pues no fue abrogado por el acuerdo de Cabildo del 27 de noviembre de 2013”, como en su momento pretextó la administración de “El Patas” para no atender la petición.
Pero ni el Instituto, ni el Tribunal se dicen competentes para obligar a la autoridad municipal de llevar a consulta, decisiones impugnadas como el alza a la tarifa de transporte público y la concesión del servicio de alumbrado de la ciudad a una empresa privada.
Si bien, en el dictamen del Juicio sobre la solicitud para llevar a cabo un plebiscito, se estableció “un plazo perentorio de 72 horas la integración del Consejo Municipal para dotar de eficacia a la sentencia aprobada”, éste fue una demanda particular del Magistrado Leobardo Loaiza Cervantes y no del pleno del Tribunal.
La resolución final del TJEBC fue advertir “que, en base al marco normativo aplicable y al Reglamento de Participación Ciudadana, existen las condiciones legales para que se integre dicho Consejo”, pero sin requerir a la autoridad municipal.
De hecho, su resolución solo la notificó al IEEBC y al Consejo de Organizaciones Ciudadanas Independientes (Coci), indicando que el informar de esta sentencia al XXII Ayuntamiento correspondería, en todo caso, al IEEBC.
Consultado por ZETA, el IEEBC consideró que no es necesario el realizar la notificación, toda vez que la resolución del Tribunal va en el mismo sentido de la sentencia emitida por el Instituto sobre este mismo caso.
Al respecto, Carlos Atilano, representante de Coci, dijo que el organismo insistirá en el desarrollo del plebiscito, ya sea mediante amparos o denuncias penales, “en aras de hacer valer nuestro derecho ciudadano de ser tomados en cuenta en las decisiones de gobierno”.
