Durante una reunión en el Senado, Alejandro Madrazo Lajous, doctor en derecho por la Universidad de Yale y encargado del Programa de Política de Drogas (PPD) del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), exigió a los legisladores que dictaminarán la iniciativa de la Ley de Seguridad Interior (LSI), que se hagan responsables ante la grave crisis que vive el país.
“Vengo a repetir algunas cosas que ya sabemos que ustedes saben, pero también alertarles de algunas que quizá no estén consientes que están aprobando en esta versión de la ley”, dijo Madrazo Lajous al recordar que hace un año acudió al Senado para debatir por la misma ley, pero en otra versión.
Durante su intervención, Madrazo Lajous les advirtió a los senadores que la Ley somete a las autoridades civiles a las militares, según el artículo 26 de la misma. “Dejen de jugar con etiquetas, dejen de llamarle seguridad interior, a lo que no lo es. Dejen de decir mentiras y engañar diciendo que hay documentos como la agenda de riesgos, que son públicos, cuando no lo son”, espetó el académico.
Advierte el académico Alejandro Madrazo a senadores que #LeySeguridadInterior somete a las autoridades civiles a las militares
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— Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) 12 de diciembre de 2017
La responsabilidad “histórica” del Senado, abundó Madrazo Lajous, está en “contener la postración que hasta ahora hemos visto en nuestros gobernantes, dispuestos a aprobar lo que sea, con tal de evadir la responsabilidad de proveer, lo que la Constitución dice tiene que ser responsabilidad de las instituciones civiles: seguridad pública”.
Este mismo lunes, un total de siete gobernadores respaldaron la Ley de Seguridad Interior, durante una reunión con los senadores de las comisiones que dictaminarán la iniciativa enviada por la Cámara de Diputados.
En el encuentro participaron los mandatarios del Partido Revolucionario Institucional (PRI): de Guerrero, Héctor Astudillo Flores; de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez; de Tlaxcala, Marco Antonio Mena Rodríguez; de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, y de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras López. Así como dos gobernadores del Partido Acción Nacional (PAN): de Querétaro, Francisco Domínguez Servién; y de Durango, José Rosas Aispuro Torres.
Astudillo Flores reconoció, por ejemplo, que el crimen organizado ha superado a las instituciones de la entidad, por lo que requiere de la presencia y apoyo de las Fuerzas Armadas. El gobernador de Guerrero, señaló que su estado representan un riesgo para la seguridad interior del país, ante la disputa de territorios por parte de organizaciones del crimen organizado.
Lamentó que su estado tenga el primer lugar en homicidios dolosos como consecuencia de la lucha entre bandas criminales. Asimismo, aseguró que en Guerrero el Ejército y la Marina han sido leales con los ciudadanos, y “quienes violan los derechos humanos son los delincuentes”, señaló.
“La Ley de Seguridad Interior debe ser muy precisa en establecer la temporalidad de la actuación de las Fuerzas Armadas y, paralelamente, señalar con mucho rigor la ruta para fortalecer a las capacidades de las instituciones de seguridad estatal y municipal”, dijo Astudillo.
“El Ejército está en esa ley por encima de los Gobernadores, están claudicando en sus responsabilidades que aquí han venido a señalar”, les dijo Manuel Bartlett Díaz, coordinador de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y Partido del Trabajo (PT).
“Yo también fui gobernador y lo sé, es difícil, pero es un tema que le corresponde a los gobernadores y meter al Ejército a realizar funciones de los Gobernadores es simplemente romper la estructura política del país”, señaló el ex secretario de Gobernación con Miguel de la Madrid Hurtado.
“Él [Astudillo] dice que no se puede […] que el estado de Guerrero está totalmente dominado por las fuerzas criminales, vamos a pensar que es cierto y lo estamos viviendo: está el artículo 29, gobernador, está la suspensión de garantías, eso se puede atender con la suspensión, pero establece un control del Congreso y temporalidad definida, no ficticia”, señaló Bartlett Díaz.
Por otra parte, alrededor de 250 organizaciones civiles y unos 100 expertos en materia de seguridad pública, que rechazan la Ley de Seguridad Interior y que conforman el colectivo #SeguridadSinGuerra, convocaron a un diálogo nacional a realizarse el próximo 23 y 24 de enero, con representantes de la Presidencia, el Congreso y los diversos partidos políticos.
Para el diálogo, también fueron convocados el Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo Federal, Misha Leonel Granados Fernández, así como el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong, y el presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), Miguel Ángel Mancera Espinosa.
También los presidentes nacionales del PRI, del PAN, de la Revolución Democrática (PRD) y de Morena, así como a los senadores de las comisiones dictaminadoras y representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Marina-Armada de México (Semar).
Al igual que los titulares de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ONU-DH), al subsecretario en la materia de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y de la Secretaría de Gobernación Federal.
