Tribunales en Baja California conceden amparos a Víctor Magno Escobar “El Matapolicías” y a Manuel Ivanovich Zambrano “El Jimmy”, ex jefes de células del Cártel Arellano Félix, contra órdenes de aprehensión por secuestro y delincuencia organizada. Las pifias de siempre: insuficiencia probatoria por parte del Ministerio Público y mala valoración de pruebas por el juez de la causa penal. En ambos casos, los amparos son para que se repongan los procedimientos y se subsanen los errores, pero en el proceso de Escobar parecen insalvables
Uno de ellos quiere salir pronto de prisión. El otro ya no quiere regresar.
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Son dos de los más notorios miembros del Cártel Arellano Félix (CAF) de inicios del Siglo XXI. Ambos fueron detenidos a finales de la década pasada, pero el más afortunado recuperó su libertad en 2014. Ahora, el tiempo hace coincidir sus nombres en tribunales de Tijuana, donde fueron favorecidos con sendos amparos contra órdenes de aprehensión que pesan en su contra por delitos similares.
Víctor Magno Escobar Luna “El Pareja” y Manuel Ivanovich Zambrano Flores “El Jimmy” fueron notificados por jueces federales de Baja California del otorgamiento del amparo y protección de la Justicia de la Unión para que queden sin efecto los mandamientos de captura dictados en su contra en 2001 y 2014, respectivamente. Al primero le dieron la noticia en el penal de máxima seguridad “Altiplano”. Al segundo, a través de sus defensores.
Considerados jefes de células del CAF, a Escobar le señalan como uno de los hombres favoritos de su encarcelado patrón Javier Arellano Félix “El Tigrillo”, a su vez, ex jefe de otro de los más temidos sicarios de la organización criminal: Raydel López Uriarte “El Muletas”, también preso. Mientras que al “Jimmy” Zambrano le ubicaban como el escudero de Carlos Herrera Ávalos, alias Gustavo Rivera Martínez o “El P1”, igualmente recluido.
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Incluso Zambrano fue rankeado aún más arriba que otros de los miembros del clan buscados en su época. La Procuraduría General de la República (PGR) y agentes del gobierno de Estados Unidos, señalaban que el perfil, más empresarial que sanguinario, colocaba al referido en el grupo de primer contacto de Fernando Sánchez Arellano “El Ingeniero”, entonces a la cabeza del cártel.
Los amparos concedidos a ambos personajes están sustentados en los errores frecuentes de agentes del Ministerio Público o jueces de primera instancia. Los unos que no aportan pruebas suficientes y contundentes. Y los otros, que no realizan la adecuada valoración de dichas pruebas, y solo reproducen las imputaciones ministeriales o les enmiendan la plana a los fiscales, violando con ello preceptos constitucionales. Las resoluciones son de las llamadas “para efectos” y tienen la finalidad de que se repongan los procedimientos y se subsanen los errores para dictar nuevos fallos.
“El Matapolicías”
Más de diez años han transcurrido desde que Víctor Magno Escobar Luna “El Pareja” fue detenido en Tijuana, con algunos de sus secuaces. Aquel 31 de marzo de 2007 contaba con 29 años de edad. Agentes federales le atraparon durante un operativo de cateo en la finca 10267 de la calle Ingenieros Civiles, en la colonia Chapultepec, delegación Centro.
Ex policía municipal, Escobar estaba señalado de ser uno de los principales ejecutores de elementos policiales en la frontera. Fueron muchos los gendarmes caídos entre 2003 y 2007. Por eso al ser capturado, el también llamado “Matapolicías” se cambió el nombre por el de Héctor González Pérez. Con él cayeron otros ex policías y dos mujeres. En la vivienda fueron asegurados tres fusiles AK-47, tres rifles AR-15 y una subametralladora MP-5; una escuadra calibre 9 milímetros marca Glock, cuatro chalecos antibala y dos camionetas.
En otro domicilio ubicado en el número 250 de Avenida Artículo 27, Fraccionamiento Soler, fueron detenidos tres cómplices más, presuntos narcosecuestradores. En el sitio fueron incautadas otras dos armas, una de ellas escuadra calibre 9 milímetros de la marca Browning y un rifle AR-15, además de una camioneta.
Junto con sus matarifes, “El Pareja” -uno de los hombres de mayor confianza de Javier Arellano “El Tigrillo”- fue trasladado a las instalaciones de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (antes SIEDO), en la Ciudad de México, donde rindió su declaración y días después fue arraigado. Un mes más tarde se obtuvo la orden de aprehensión en su contra y los imputados fueron enviados al Centro Federal de Readaptación Social Número 1 “Altiplano”, en Almoloya de Juárez.
Foto: Archivo.- Manuel Invanovich Zambrano Flores “El Jimmy” operador del cártel de los hermanos Arellano Félix
El 28 de abril de 2007, vía exhorto y en auxilio del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California con residencia en Tijuana, el Juez Cuarto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México dictó auto de formal prisión contra Víctor Magno, dentro de la causa penal 194/2006, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de delincuencia organizada y privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro.
Para desgracia del “Matapolicías” no son las únicas acusaciones. Familiares de una víctima de secuestro agravado formularon denuncia por hechos ocurridos el 31 de marzo de 2000. La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) integró la averiguación previa 02623/00/200. Una vez detenido el implicado, un fiscal ejercitó acción penal solicitando la correspondiente orden de aprehensión por el secuestro y asociación delictuosa, ante el Juez Cuarto Penal del Fuero Común en Tijuana, mandamiento que fue concedido, pero que a la fecha no se ha cumplimentado.
Los abogados de Escobar Luna formularon demanda de garantías para allanar el camino de su cliente. El juicio se admitió en el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Tijuana y, el 31 de enero de 2017, se le negó la protección constitucional. La defensa interpuso el recurso de revisión y, hace unas semanas, el Cuarto Tribunal Colegiado con residencia en Mexicali revocó el fallo para amparar al quejoso contra la orden de captura.
Por unanimidad, los magistrados Fabricio Fabio Villegas Estudillo, David Guerrero Espriú e Isaías Corona Coronado, estimaron que el juez que ordenó la aprehensión de Víctor Magno “sustituyó el actuar deficiente del fiscal dentro de su pliego consignatorio, donde no precisó los hechos y la conducta que se atribuyen al inculpado”. Es decir, el juzgador fue más allá de la pretensión ministerial.
El agente del Ministerio Público enlistó una serie de pruebas, pero no realizó un razonamiento lógico-jurídico de las mismas, según el tribunal: “El fiscal consignante inobservó en forma indiscriminada su obligación mínima de relacionar los medios de prueba en forma tal que ilustraran al Juez natural a efecto de situarlo en las circunstancias de tiempo, modo, lugar y ocasión en que se suscitaron los hechos motivo de consignación; ya que se constriñó a citar cuáles pruebas eran con las que contaban”. Por su parte, el juez se extralimitó al suplir las deficiencias del representante social en sus facultades exclusivas de órgano acusador.
Por lo anterior, fue concedido el amparo al “Pareja” para que el Juez Cuarto Penal de Tijuana anule la orden de aprehensión de fecha 8 de marzo de 2008, y en su lugar emita otra resolución en la que se limite a analizar las circunstancias que el fiscal precisa en su consignación, y destaque que la omisión en que este incurrió, “constituye un impedimento para constatar el acreditamiento del cuerpo del delito y la demostración de la probable responsabilidad, que son presupuestos jurídicos para la emisión de una orden de aprehensión”. O sea, que la niegue y regrese la averiguación previa al Ministerio Público, entidad que posteriormente podría insistir en el ejercicio de la acción penal.
¿Y las pruebas?
En cuanto a Manuel Ivanovich Zambrano Flores “El Jimmy”, su captura ocurrió el 7 de agosto de 2009, cuando elementos de la desaparecida Secretaría de Seguridad Pública Federal realizaban un operativo de localización en la Zona Norte de Tijuana. Los agentes detectaron a Ivanovich, quien conducía un vehículo Volkswagen Touareg sobre la calle Coahuila. Escapó a toda velocidad y se le persiguió durante algunas cuadras, hasta que fue interceptado.
Los integrantes de la Fuerza de Seguridad -que se denominaba “Operativo Conjunto Tijuana”- acreditaron la identidad de su objetivo y triunfantes lo informaron a las autoridades centrales, que al día siguiente dieron a conocer la detención del operador del CAF.
En un taller mecánico de su propiedad, al “Jimmy” le aseguraron siete armas largas AK-47 calibre 7.62, tres armas largas AR-15 calibre .223, siete armas cortas de diversos calibres, 145 cargadores de diversos calibres, 3 mil 887 cartuchos para diferentes tipos de armamento, equipo táctico y una identificación.
Entonces se dijo que Manuel Ivanovich Zambrano Flores pertenecía a la célula delictiva de Gustavo Rivera Martínez “El Gus” o “El P1”, capturado por la Policía Federal en Los Cabos, Baja California, el 12 de marzo de 2008, y cuyo verdadero nombre es Carlos Herrera Ávalos. Supuestamente “El Jimmy” ocupaba el lugar de su depuesto jefe, quedando bajo su responsabilidad gran parte del trasiego de droga hacia Estados Unidos y el manejo de las finanzas de la organización.
Zambrano fue considerado parte de una nueva generación de narcotraficantes que operaba en esta frontera, bajo el mando de Fernando Sánchez Arellano “El Ingeniero”, para entonces, la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) lo tenía identificado como uno de los lugartenientes más importantes del CAF y existía una investigación en su contra por delitos relacionados con tráfico de drogas. Su foto ya aparecía en los afiches de la agencia norteamericana.
El personaje no era desconocido para el gobierno estadounidense, pues fue arrestado en San Diego, California, en julio de 1997, bajo cargos de distribuir marihuana. Fue trasladado a la ahora SEIDO y posteriormente remitido al Centro Federal de Readaptación Social Número 2 “Occidente”, en Puente Grande, Jalisco, donde quedó a disposición del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales de Nayarit. Recibió formal prisión por delincuencia organizada con el propósito de cometer delitos contra la salud, portación de armas de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército.
Sin que existan datos exactos, en los primeros meses de 2014 trascendió la liberación de Zambrano Flores. Las autoridades bajacalifornianas se dieron cuenta de su retorno luego que un detenido por el homicidio de un taxista, perpetrado el 21 de mayo de ese año, mencionó al “Jimmy” como uno de los que estaba encabezando los grupos al servicio del “Ingeniero” Sánchez Arellano. En ese tiempo promovió un amparo contra una posible orden de extradición, pero esta nunca existió.
Luego de estos sucesos, el 3 de diciembre de 2014, el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales con residencia en Tijuana dictó orden de aprehensión contra Manuel Ivanovich, a petición del Ministerio Público Federal. Los cargos fueron por delincuencia organizada y privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro. Hechos que habrían ocurrido en 2007, sin que sean precisados.
La defensa de Ivanovich presentó demanda de amparo el 30 de diciembre de 2015 ante el Juzgado Segundo de Distrito de la especialidad en esta ciudad y, el 25 de enero de 2017, le fue concedida la ansiada protección de la justicia federal. Hace unas semanas, el Primer Tribunal Colegiado con residencia en Mexicali confirmó la resolución contra la orden de aprehensión.
Juez de Distrito y magistrados de circuito encontraron las pifias ministeriales de siempre: copias de una averiguación o averiguaciones previas diversas a la original, falta de motivación que explique tiempo, modo y lugar de la participación del imputado, y ausencia de un real análisis de las pruebas por parte del juzgador emisor del mandamiento judicial reclamado.
Lo que es peor, ahora “ni siquiera se tiene noticia si se trata de copia certificada, simple, o el original de la misma, ni los autos de la indagatoria de origen, pues únicamente se cuenta con la constancia ministerial en la que la agente del Ministerio Público investigadora, asentó que le fue ‘entregada’ en siete fojas útiles por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Secuestro”, señalaron los revisores del amparo.
En otras ocasiones se han concedido amparos porque el contenido de una declaración recabada en diversa averiguación previa a la de origen, para la formación del proceso penal, no puede ser tomado en consideración como una verdadera testimonial, sino en su caso, como una prueba documental.
Al margen de lo anterior, se observó que el juez federal responsable omitió señalar los actos concretos de intervención del imputado en el delito de delincuencia organizada, conforme a las circunstancias de espacio y tiempo de verificación, citando las pruebas que lo sustenten: “Resulta evidente que el Ministerio Público de la Federación, al ejercer acción penal a través del pliego de consignación respectivo, tampoco formuló un debido razonamiento en torno al tema relativo de la probable responsabilidad del inculpado, aquí quejoso en la comisión de los delitos que se le atribuyen, pues sobre el particular sólo realizó afirmaciones vagas en el sentido que con los medios de prueba analizados se tenía por demostrado que el inculpado había participado en los eventos delictivos que se le reprochan”.
Como en el caso del “Pareja”, al “Jimmy” también le dejaron insubsistente la orden de aprehensión en su contra. En este último asunto, el juez de origen deberá purgar los vicios detectados y analizar los elementos del cuerpo de los delitos atribuidos a Manuel Ivanovich, prescindiendo de valorar las pruebas bajo las reglas de las testimoniales. Enseguida deberá resolver si se acredita o no la materialidad de los ilícitos y decretar o negar la orden de captura.
55 amparos
Víctor Magno “El Matapolicías” ha presentado por lo menos 55 demandas de amparo, quejas y recursos de revisión, contra diversas autoridades, principalmente jueces que llevan procesos penales en su contra y directivos del reclusorio federal “Altiplano”, a los que acusa de violentar sus derechos fundamentales con actos como incomunicación, tortura y sobre todo falta de atención médica especializada y la negativa a entregarle medicamentos.
Sin embargo, en el presente año Escobar Luna fue intervenido quirúrgicamente debido a una serie de males oncológicos que le atacaron durante los últimos dos o tres años. Por ello su último juicio de amparo pretendió interponerlo contra el director general de “Altiplano”, reclamando de forma específica “la omisión y/o negativa de las autoridades responsables de autorizar mi reubicación de dormitorio o celda, así como la falta de atención médica y de proporcionar las condiciones óptimas para la recuperación post-operatoria”.
Dos demandas más fueron presentadas en agosto de 2017 por parte de una mujer en representación de Víctor Escobar, por falta de atención médica a otro de los padecimientos del interno: hipertensión; y por actos consistentes en incomunicación y negativa a recibir la vista íntima. A pesar de que el juez amparista concedió al quejoso la suspensión del supuesto abuso, en una cédula de notificación, el reo informó al impartidor de justicia: “Su Señoría le informo que todavía no dejan pasar a mi familia a la visita, que dicen que porque trae imagen inusual, y mi esposa no trae nada indebido, por favor le agradecería si autoriza a un actuario para que de fe. Gracias”.
