El abuso de autoridad y el ser ignorados en sus demandas por parte del gobierno de Juan Manuel Gastélum Buenrostro, derivó el surgimiento de Tijuana se Levanta, organismo de resistencia ciudadana decidido a actuar contra el abuso de autoridad y acciones de gobierno que ignore el sentir de los tijuanenses.
El organismo se constituyó esta semana por 150 ciudadanos, después de que el viernes 10 de noviembre uno de sus integrantes, Miguel Mendoza Álvarez, interpuso una denuncia por el delito de abuso de autoridad y/o lo que resulte, ante el trato despótico y agresivo que dice han sido objeto tanto él como otros ciudadanos que se han manifestado contra el gobierno municipal, al no ser atendidos en demandas como apoyos a personas de la tercera edad o con alguna incapacidad física.
Ubicados como ciudadanos inconformes por el gobierno de Juan Manuel Gastélum Buenrostro, manifestó que a ninguno se le permite el ingreso a Palacio Municipal, “nuestra presencia es motivo de movilización policiaca, generando el inmediato despliegue de agentes antimotines y el cierre automático de cualquiera de los dos ingresos al recinto del gobierno local”, dijo
Acudan solos o en grupo, los vigilantes ya los tienen ubicados, y aunque su intención sea la de realizar un trámite común, como cualquier ciudadano “se nos trata como delincuentes y no se nos permite entrar, mucho menos tener una entrevista con el alcalde o algún funcionario de su gobierno para que nos den respuestas a las peticiones planteadas”, subrayó.
Ejemplo de ello, añadió, fue el hecho suscitado el 10 de noviembre, cuando acompañado de 25 ciudadanos intentaron entrevistarse con Mario Osuna, Secretario de Desarrollo Social y se les negó el acceso, entonces pidieron que el funcionario los atendiera afuera y aunque esperaron tres horas no recibieron respuesta alguna.
Otros integrantes han presentado peticiones de ayuda en medicina, prótesis y despensas, además de demandar que se cumpla con la normatividad municipal que obliga a que el 10 por ciento del transporte público de Tijuana esté adaptado para prestar el servicio a personas con discapacidad y se transparente el manejo de los recursos que se destinan para el apoyo de este segmento de la población. La respuesta ha sido nula.
Adolfo Chávez Valenzuela, otro de los integrantes de la nueva organización ciudadana, dijo que no solo se manifestarán contra lo que califican como arbitrariedades por parte del gobierno local, sino también contra aquellas acciones que atenten contra los intereses ciudadanos llevadas a cabo por autoridades del gobierno del estado y federal, así como de organismo que reciban recurso público.
En su caso particular, mencionó es el tema de inseguridad y la inacción de la Procuraduría General de Justicia del Estado ante una denuncia por extorsión interpuesta en abril de 2016.
Daniel Alcaraz, otro de los integrantes de la nueva organización, indicó que se apegó al organismo en busca de apoyo ante amenazas de un directivo de la Universidad Autónoma de Baja California –UABC–, Luis Sandoval Figueroa, a quien acusa de bloquearlo para reincorporarse a la carrera de Derecho, la cual no logrado concluir.
