Las recientes reformas a las leyes de Adquisiciones y de Obras Públicas hechas por el Congreso de Baja California, obligarán al Ejecutivo a dar preferencia a las empresas locales en las licitaciones y adjudicaciones directas, aun cuando el presupuesto de éstas sea cinco por ciento más caro que la propuesta de alguna compañía que no esté asentada en el estado.
Con ello, se pretende garantizar que la derrama económica que deriva de las licitaciones y adjudicaciones directas quede en la entidad, y beneficie a los empresarios instalados en territorio bajacaliforniano, señaló la diputada local, Rocío López Gorosave.
“Lo que ha pasado es que se contratan a empresas grandes que subcontratan a pequeñas del estado, pero ahí es donde la ganancia se va a otro lado. Queremos enfocarnos en fortalecer nuestras empresas y hacer que la derrama quede aquí”, puntualizó.
La legisladora de extracción perredista, detalló que el decreto número 142, avalado por el pleno el 12 de octubre de 2017, reforma los Artículos 8, 21, 27 y 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California; así como los Artículos 45 y 50 de la Ley de Obras Públicas, Equipamiento, Suministros y Servicios relacionados con la misma.
De modo que el contrato se adjudicará a quien presente la propuesta solvente cuyo domicilio fiscal se encuentre en el estado y el precio no exceda en cinco por ciento respecto a la otra propuesta. Si dos o más proposiciones tienen domicilio fiscal en Baja California se adjudicará a quien presente el precio más bajo.
La iniciativa, presentada por López Gorosave, originalmente contemplaba 10%, pero durante el proceso de cabildeo en el Congreso estatal, las diferentes fuerzas políticos consensaron que fuera de 5%, refirió la propia legisladora durante la reunión con la Asociación Mexicana de Ingenieros Constructores de Baja California A. C (AMIC).
Sobre la posibilidad de que las empresas que no están asentadas en el estado y que participen en licitaciones puedan ampararse contra estas reformas, López Gorosave rechazó la misma. Asimismo, negó que las modificaciones, que aún no están vigentes porque no han sido publicadas en el Periódico Oficial, desincentiven la inversión de empresas nacionales y extranjeras.
“Considero que no [desincentivarán la participación de otras compañías], porque son empresas muy grandes y como parte del gobierno del estado, como Congreso, nos compete favorecer nuestra economía, que la derrama económica quede aquí, que las obras de infraestructura que se hacen con nuestro impuestos favorezcan a los bajacalifornianos”.
