Sin importar cuanto intenten endulzarlo, el 26 de octubre, el gobernador Francisco Vega de Lamadrid realizó un cambio de gabinete, y finalmente sacó al único funcionario que no era de su equipo. Removió a uno de los titulares del área de seguridad, tema que ha sido su talón de Aquiles en los cuatro años transcurridos de su sexenio, y que en este momento enfrenta una de sus múltiples crisis.
Como el Ejecutivo de más rango en el Estado, es su facultad correr a cualquiera de sus subalternos, de hecho al inicio de su gestión se comprometió a hacerlo, la promesa fue que saldrían quienes no dieran resultados.
Sin embargo, hasta el jueves 26 de octubre, los cambios en su gabinete los ha decidido cualquiera menos el gobernador, y los motivos han sido de todos, excepto las deficiencias o ineficiencias de los funcionarios.
El ex secretario de Salud y hoy diputado Miguel Osuna renunció por una emergencia familiar; su primer secretario general, hoy titular de Salud, quedó fuera de la administración un tiempo cuando fue detenido por una investigación de Hacienda; el ex director de Planeación y Finanzas, Antonio Valladolid, renunció porque tenía “dos propuestas de acción en el centro del país”; la ex secretaria de Educación, Rosario Rodríguez y el ex titular de Desarrollo Social se fueron de candidatos, así la lista sigue.
Pero ahora, inmersos en esta dinámica de cambios, ¿por qué detenerse? Continúe, señor gobernador, porque muchas áreas necesitan cambios.
El inicio del antepenúltimo año de gobierno es un buen momento para abrir paso a un ejercicio autocrítico, de comparar sus compromisos con las promesas, con sus resultados, pero de verdad, algo como un acto de contrición, en el que el licenciado Vega de Lamadrid debe intentar ser muy honesto.
Para empezar su análisis, puede seguir con el espinoso tema de seguridad y la ausencia de justicia para las víctimas, la impunidad que impera en la procuraduría señalada por el sector empresarial como el hilo más débil en el devenir de la violencia en la entidad.
¿Qué tal Educación?, donde ya han pasado tres secretarios, pero los niños y jóvenes de Baja California no consiguen buenos resultados en el examen del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (Planea), mal en matemáticas, en lectura en español, mientras 7 de cada 10 bachilleres no adquiere los conocimientos de matemáticas necesarios para continuar sus estudios. Sin mencionar los líos con los maestros interinos.
En economía ahí están las cifras de este año del Observatorio México, que en el semáforo clasificó a Baja California en “amarillo”, reprobado, “cerca de aprobar” en la medición y comparación de los indicadores “generación de empleos, la capacidad para adquirir una canasta básica alimentaria, ingreso laboral, niveles de productividad y trabajadores en el sector informal”.
A la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano de Manuel Guevara, ningún proyecto parece salirle bien, con la sombra de los enormes “moches” solicitados a los proveedores que ganan los concursos, las licitaciones a modo, las asignaciones directas, las Asociaciones Público Privadas y el favorecimiento de empresas con historiales de incumplimiento o sobreprecios; el cúmulo de obras sin iniciar y las que están a punto de inaugurar, como el Nodo 20 de Noviembre en Tijuana, mal hechas, parchadas e inseguras.
En Desarrollo Social, donde apenas en julio su secretario Alfonso Álvarez Juan declaró que había 105 mil bajacalifornianos en pobreza extrema, solo para anunciar cuatro meses después, en la glosa del informe, que el número había bajado a 39 mil 700 y representa el 1.1% de la población, en julio la Federación habló de 95 mil, 2.3% en pobreza extrema.
Más allá de la posibilidad de corroborar la veracidad de las cifras, el compromiso del gobernador era que en 2016 este límite bajo de pobreza no existiría en BC, y las cifras siguen bailando.
Qué decir del secretario general de Gobierno, Francisco Rueda, responsable de conducir las relaciones del Ejecutivo del Estado con el resto del mundo, incapaz de incluir la participación ciudadana, de anticipar, negociar y contrarrestar los movimientos, además de sus continuos pleitos mediáticos, echando la culpa de todo a la grilla política y a los partidos de oposición.
También la crisis de abasto en el Sector Salud, que tiene rato que no está funcionado, y no termina por definirse si es o no responsabilidad del secretario Trejo Dozal.
Tiene muchos flancos abiertos el gobernador, la imagen actual de su administración se ha dedicado a concesionar el Estado y pretende dejarlo endeudado. Le quedan dos años para cumplirle a los bajacalifornianos con esos resultados inmediatos que prometió hace más de cuatro años y aquello de que sería el mejor gobernador de Baja California, porque la ciudadanía sigue esperando.
