Ciudad de México.- Los académicos Jacobo Dayán Askenazi y Sergio Aguayo Quezada, del Colegio de México (Colmex), presentaron el estudio ‘El Yugo Zeta. Norte de Coahuila, 2010-2011’, en el que señalaron que el cártel de Los Zetas controlaron en dicho período de tiempo, el Centro de Rehabilitación Social (Cereso) de Piedras Negras, Coahuila, una prisión ubicada a seis kilómetros de la frontera con Estados Unidos.
“El control de Los Zetas en Coahuila era total. El Gobierno estatal era omiso y algunos funcionarios eran cómplices […] El penal era un campo de exterminio de Los Zetas subsidiado por el Estado”, señaló Jacobo Dayán, coautor del estudio basado en documentos oficiales, testimonios e investigaciones periodísticas.
Según el estudio del Colmex, la situación de autogobierno de esta cárcel en particular, era parecida en otros centros penitenciarios, sin embargo, lo que lo hacía diferente del resto, era que tan sólo en el año 2011, el presupuesto público dedicado a penales de Coahuila fue de 135 millones de pesos.
Además, los gobiernos federal y estatal tenían conocimiento de que el penal de Piedras Negras era como un búnker utilizado por Los Zetas como taller para modificar vehículos que después eran utilizados para transportar droga, o para la elaboración de equipamiento bélico.
También fungía como centro de seguridad para esconder a personas secuestradas y para quemar cadáveres que eran ejecutados por miembros de dicho grupo criminal “de un martillazo en la cabeza o de un tiro en la nuca”.
El informe resalta que el penal era un centro de negocios que le daba hasta 75 mil dólares anuales de ingresos a Los Zetas, vendiendo drogas, refrescos y hasta chicharrones, cobrando cuotas por el uso de las celdas o rentando los cuartos utilizados para la visita conyugal.
El penal estatal les servía también para reclutar sicarios, para esconderse de la Policía -se habla de que hasta el mismo Omar Treviño Morales, el “Z-42”, estuvo ahí-, o para torturar a sus rivales. Inclusive el “Jefe de la Cárcel”, David Loreto Mejorado, alias “El Comandante Enano”, elegía entre las esposas de los internos a mujeres para tener sexo.
Este “Jefe de la Cárcel”, un ex policía municipal, fue nombrado por la cúpula de Los Zetas en diciembre de 2009 y gobernó el Cereso estatal hasta enero de 2012. Tenía un equipo de 92 colaboradores, entre lugartenientes, escoltas y mandaderos.
El capo Zeta imponía orden y obtenía obediencia infundiendo miedo. Los castigos más frecuentes eran los “tablazos”, golpes en los glúteos que se daban con una tabla de madera o bates de aluminio. Incluso, un preso declaró que el “Jefe de la Cárcel” dio de tablazos al director del penal, a los responsables de turno, a los guardias y hasta a los celadores.
Los Zetas tenían su propia cárcel dentro del penal: era conocida como “El Monte” y se ubicaba en el área de máxima seguridad del penal. Ahí metían a los internos que cometían alguna infracción y a los secuestrados del exterior mientras se negociaba el pago del rescate.
Los custodios andaban desarmados, a excepción de los jefes de turno y los comandantes. Lo opuesto sucedía con Los Zetas, quienes portaban armas cortas y radios de comunicación que les permitían controlar todas las áreas del penal.
El “Jefe de la Cárcel” llegó a insultar al director de la Unidad Desconcentrada de Ejecución de Penas y Reinserción Social estatal, diciéndole que “se tenía que alinear”, narró un interno a los investigadores.
Dentro de los testimonios recopilados para la investigación se indica que hubo una censura impuesta a los medios de comunicación por parte de la organización delictiva. Como en el caso del diario local Vanguardia, que recibió una llamada de Pedro Toga Lara, alias “Comandante Guacho”, quien exigía no publicar “balaceras, matanzas, levantones, nada de Los Zetas”.
El estudio también indica, que entre el 18 y el 22 de marzo de 2011, luego de una filtración de información desde la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), sicarios de Los Zetas, policías municipales, custodios e internos del penal, asesinaron hasta 60 personas en los municipios de Piedras Negras y Allende.
Los que no pudieron entrar, “por la inseguridad al interior de la cárcel”, fueron los visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), quienes calificaron al penal estatal con un cero. Testimonios en juicios contra miembros de los Zetas en Estados Unidos entre 2013 y 2014, compendiados en un reciente informe de la Universidad de Texas, señalan que hubo de 150 personas carbonizadas en el penal de Piedras Negras.
A pesar de que en el estudio no hay acusaciones directas, sus autores afirman que toda esta situación era del conocimiento del ex gobernador Humberto Moreira Valdez, hermano del actual mandatario, quien a su vez señaló que el penal estaba a cargo del Gobierno Federal -en ese entonces el presidente era Felipe Calderón Hinojosa- y no del estatal.
“Tenemos documentación que nos permite asegurar que el gobierno de Humberto Moreira y el gobierno interino de Jorge Torres [López] sí sabían de lo que estaba sucediendo en ambos casos, en el Penal y durante la venganza”, señaló Sergio Aguayo, quien enfrenta una demanda por daño moral interpuesta por el ex gobernador.
“Algunos funcionarios fueron testigos presenciales de un secreto a voces”, señala el informe, para luego asegurar que existe evidencia de que el Gobierno de Coahuila y la Federación sí supieron que algo grave había pasado en el norte de Coahuila”.
El entonces Fiscal General de Coahuila, Jesús Torres Charles, quien estuvo al frente de la dependencia de 2009 al 2011, señaló que le informó de lo sucedido a Patricia Bugarín Gutiérrez, entonces titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), de la Procuraduría General de la República (PGR), y actualmente Coordinadora Nacional Antisecuestro de la Secretaría de Gobernación (Segob).
La investigación del Colmex exhorta a los gobiernos estatal y federal a continuar con las indagatorias sobre lo que ocurrió realmente durante el periodo de tiempo en que Los Zetas dominaron por completo la zona norte de Coahuila. Así como también a establecer el número de víctimas por la masacre ocurrida en Allende y concluir las denuncias de organizaciones civiles sobre lo acontecido.
