El juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, de 49 años de edad, y originario de Tijuana, Baja California, fue electo como presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuya sede se encuentra en San José, Costa Rica.
Mac-Gregor Poisot se convirtió así en el tercer jurista nacido en México que llega a ocupar el principal cargo del más importante tribunal de justicia de América, encargado de la promoción y defensa de los Derechos Humanos. Los otros dos mexicanos que fueron presidentes de la CIDH son: Héctor Fix-Zamudio, de 1990 a 1993, y Sergio García Ramírez, de 2004 a 2007.
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El tijuanense fue electo como presidente por unanimidad de votos, durante el 120 Período Ordinario de Sesiones de la Corte, que culmina el viernes, por lo que el jurista mexicano ocupará el cargo a partir del 1 de enero de 2018. En el mismo acto se eligió como nuevo vicepresidente al juez Eduardo Vio Grossi, de nacionalidad chilena.
El tijuanense egresado y Doctor Honoris Causa de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), así como doctor en Derecho por la Universidad de Navarra, España, con estudios en Derechos Humanos en el Institut International des Droits de l’Homme, de Estrasburgo, en Francia. Es integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), centro de educación superior donde también se desempeña como profesor de la Facultad de Derecho.
También laboró en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y ocupó distintos cargos en el Poder Judicial de la Federación (PJF), además de ser presidente de los institutos Iberoamericano y Mexicano de Derecho Procesal Constitucional, así como miembro de más de veinte asociaciones académicas y científicas.
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El jurista tijuanense agradeció “el voto de confianza del pleno del tribunal para ejercer tan alta distinción” y se comprometió a “reafirmar la vocación institucional que ha caracterizado a la Corte Interamericana, con sus casi 40 años de existencia, como una institución jurisdiccional en la defensa de los derechos fundamentales y la protección de la dignidad humana”.
