Dudo que pocos mexicanos hayan sido víctimas de algún atropello por parte de la autoridad, aunque fuera mínimo. Si es que tengo razón, imaginemos que el abuso significara la pérdida de la libertad o del patrimonio, o ambas cosas; que esa desgracia se desprendiera de una afirmación o prueba falsa, presentada por la autoridad que acusa. Imaginemos también, que todo eso es posible gracias a que los ciudadanos, hartos de tanta delincuencia, nos olvidamos del Estado de derecho y le otorgamos a las autoridades policiacas, tan finas, honestas y eficaces que tenemos, fe pública para que su dicho respecto de la culpabilidad de alguien, sea inapelable, y las pruebas que muestren no tengan que ir substanciadas por un protocolo legal que garantice su veracidad. La defensa de los derechos humanos no es para liberar delincuentes, sino para que el Estado no encarcele inocentes por razones de ineficiencia, corrupción, venganza o represión.
Si infortunadamente un delincuente es liberado por las violaciones al debido proceso, detectadas por un defensor de derechos humanos y validadas por un juez, es un saldo que la sociedad debe pagar por nuestra debilidad para implantar el Estado de derecho y la democracia. La causa de los defensores de los derechos humanos es justamente que en toda sociedad se implante el imperio de la ley. La única manera de protegernos del Estado es defendiendo, sin concesiones, el principio de que éste solo puede hacer lo que por ley le está permitido. Al poder se le acota, no se le otorga poderes amplios, porque su naturaleza siempre lo llevará al abuso y atropello.
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Todo defensor de derechos humanos se juega la vida en ello, lo hacen, por otro lado, enfrentando en muchas ocasiones a la opinión pública, sobre todo cuando la defensa de un derecho humano se ejerce a favor de una persona señalada socialmente como delincuente. Muchos quisieran que en esos casos, la presunción bastara para castigar, que esa sanción fuese expedita y en juicio sumario. Pero, ¿podemos construir el Estado de derecho sometiendo su aplicación a la fama social de una persona? De ninguna manera, la construcción del Estado de derecho implica que el castigo del Estado hacia una persona que comenta actividades antisociales, deba ser justificado más allá de la presunción; para eso los humanos, en su proceso civilizatorio, implementaron leyes que establecen el procedimiento que la autoridad debe seguir. Permitir que esas leyes se limiten a la protección de quienes tienen buena fama, nos colocaría a todos en una situación de vulnerabilidad.
Esta semana, en la antes pacífica Baja California Sur, asesinaron al Ombudsman local, lo hicieron con toda saña, llevándose también a su familia, desconozco los pormenores del asunto. En primera instancia, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el rector de la UNAM, las distintas agrupaciones de derechos humanos del país, la ONU y el mundo democrático entero, exigen al Estado mexicano que aclare este crimen, pues por definición es el principal sospechoso. El colmo del asunto es que una de las líneas de investigación es una narcomanta dirigida al gobernador, exigiéndole el cese del respaldo a un cártel específico. Se especula que éste fue el primer cumplimiento de la amenaza, no importa que al defensor sudcaliforniano lo haya nombrado el poder Legislativo, justamente para defender al pueblo de los abusos de poder de este gobierno de marras.
No hay lugar a regateos, los legítimos defensores de derechos humanos merecen el respaldo ciudadano, su labor es peligrosa y se desarrolla por la mejor causa de una civilización. El establecimiento del imperio de la ley y el respeto a nuestra condición humana.
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Jesús Alejandro Ruiz Uribe es Doctor en Derecho Constitucional, ex diputado local, rector del Centro Universitario de Tijuana en el estado de Sonora y coordinador estatal de Ciudadanos Construyendo el Cambio, A.C. Correo: chuchoruizuribe@gmail.com
