Ocho años de incertidumbre para la familia Balderrama Sánchez culminaron la tarde del miércoles, cuando policías ministeriales localizaron los restos de Jesús Francisco en un lote agrícola del ejido Vicente Guerrero, en el valle de Mexicali.
Los presuntos responsables de su desaparición fueron ocho agentes de la Policía Estatal Preventiva (PEP), de los cuales tres se encuentran bajo proceso judicial, uno de ellos en libertad.
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Extraoficialmente se dijo que uno de los ex policías detenidos decidió confesar el sitio exacto donde yacía el cadáver de Balderrama Sánchez, que fue asesinado a golpes, supuestamente por los preventivos.
Esto movilizó a los detectives de la Subprocuraduría de Investigaciones Especiales (SIE), quienes a través de la Unidad K9, inspeccionaron toda la zona despoblada; los trabajos duraron varias horas, pero finalmente ubicaron los restos óseos enterrados el 4 de abril del 2011.
En un comunicado de prensa, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) estableció una narrativa de los hechos donde señaló que los ocho agentes en activo de la Policía Estatal Preventiva (PEP), irrumpieron ilegalmente en un domicilio ubicado en Ciudad Guadalupe Victoria, una comunidad rural del municipio, donde estaba la víctima y un menor de 16 años.
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Argumentando que en dicho inmueble se resguardaba droga, los oficiales golpearon a Jesús Francisco y al menor de edad.
La golpiza fue tal que el hoy finado perdió el conocimiento. Al darse cuenta de ello, intentaron reanimarlo, pero las heridas eran demasiado graves y lo declararon muerto al poco tiempo.
La narrativa de la PGJE establece que los agresores envolvieron el cadáver con una cobija y lo subieron a una de las unidades, para luego trasladarlo al sitio donde lo enterraron, mismo que no fue descubierto hasta ocho años después.
Aunque científicamente no se ha establecido la identidad, ciertas características brindan fuertes indicios de que se trata de Balderrama Sánchez.
Dentro de las próximas horas, policías ministeriales solicitarán una audiencia para reclasificar el delito de desaparición forzada a homicidio calificado, incrementando la condenada para los culpables.
Tres personas se encuentran bajo proceso, una de ellas lo lleva en libertad, pero aún faltan cinco personas que no han sido presentadas ante el Juez.
