En la administración de Francisco Vega de Lamadrid, los homicidios han crecido un 170 por ciento, pasaron de 714 a mil 934 ejecuciones al año. En ese entorno, el gobernador pretende evadir su responsabilidad justificando que el 82% de los homicidios se cometen derivado de delitos del orden federal, y es la Federación la que está fallando. Si no hay cambio de estrategia, la administración kikista podría cerrar el sexenio con más de 7 mil muertes violentas, cifra insólita en Baja California
Los cuatro años transcurridos del sexenio del gobernador Francisco Vega de Lamadrid, son los más sangrientos en materia de inseguridad para los bajacalifornianos; mientras que en la administración del ex gobernador José Guadalupe Osuna Millán, se asesinaron en promedio 62 persona al mes; en lo que va de la gestión kikista, la media es 102 homicidios mensuales. A lo largo de los últimos 10 años, Baja California ha acumulado 9 mil 432 ejecuciones.
Durante la gestión de Osuna Millán, que enfrentó el rompimiento del Cártel Arellano Félix (CAF) y su guerra contra el Cártel de Sinaloa acumuló -conforme a estadísticas de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado- 4 mil 482 homicidios dolosos. Los peores años fueron 2008, con 853 asesinatos; 2009, con 750 muertes violentas; y 2010, con 884 homicidios. Los últimos tres años de esa administración marcaron una incidencia a la baja, misma que se perdió a la llegada del nuevo gobierno estatal, encabezado por Francisco Vega de Lamadrid.
El primer año del licenciado Vega inició con 714 víctimas de homicidio y de ahí para arriba. Durante 2015 y 2016 vivió, negó y evadió la incursión del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la entidad, hasta llegar a las más de mil 934 ejecuciones que se contabilizan de enero a la fecha, cuando faltan dos meses para concluir 2017.
En los cuatro años de este gobierno se han registrado 4 mil 950 asesinatos, más ejecutados que los de todo el sexenio anterior. De seguir este ritmo, si el Estado no modifica la estrategia y no consigue el respaldo del Gobierno Federal para combatir al narcotráfico y el crimen organizado, Vega de Lamadrid podría terminar su administración con más de 7 mil ejecuciones.
Santiago Roel, director de Semáforo Delictivo, dijo al respecto:
“Un incremento tremendo; un 86 por ciento (más) en homicidio en Baja California en el año, muy por encima de los años anteriores, de hecho el semáforo está en rojo desde septiembre de 2016, con toda claridad está por arriba de la media nacional, en doble rojo… el Estado tiene el tercer lugar nacional”, informó.
“En la tasa anualizada -de septiembre de 2016 a septiembre de 2017- tenemos 60 homicidios por cada 100 mil habitantes, altísimo, tres veces más alta que en el resto del país, Ciudad de México es 15 de cada 100 mil habitantes, y el país cerrará en 21 de cada 100 mil en el año, ustedes (BC) andan tres veces más. El 78% concentrado en Tijuana”, agregó.
De acuerdo con el análisis del Semáforo, basado en las estadísticas del Secretariado Ejecutivo, las tasas de asesinatos violentos de los cinco municipios bajacalifornianos –de enero a septiembre de 2017- son las siguientes:
Playas de Rosarito, 115 homicidios por cada 100 mil habitantes.
Tijuana, 93 homicidios por cada 100 mil habitantes.
Tecate, 54 homicidios por cada 100 mil habitantes.
Ensenada, 27 homicidios por cada 100 mil habitantes.
Mexicali, 15 homicidios por cada 100 mil habitantes.
El problema de incremento en la inseguridad abarca más que los homicidios. Explica Roel:
“Baja California aparece con cinco rojos: homicidio en doble rojo, tercer lugar; robo de vehículo siempre están en primer lugar, a nivel nacional con un incremento del 36%; robo violento aumentó 40%, la media nacional es de 33%; extorsiones en rojo, con tasa de 4.6%, igual que el Estado de México, con un incremento del 26% en el año.
“En robo a casa habitación están en tercer lugar nacional, aunque ha bajado un 19%; en robo a negocios en segundo lugar nacional, violación en séptimo lugar, muy mal comparado con el resto del país”, expuso.
El regreso al “no me corresponde”
La semana que concluye, durante el desayuno con el gobernador, el licenciado Vega tuvo una regresión peligrosa al discurso de los peores años de esta entidad, cuando para justificar su falta de acción ante el incremento de los delitos del fuero común -entonces homicidio y secuestro-, funcionarios locales, del Estado y municipales argumentaban que los perpetradores eran grupos de traficantes que debían ser combatidos por autoridades del fuero federal. Aunque los muertos y los secuestros estaban “en sus patios”, evadían con un “no me toca”.
El 6 de noviembre, palabras más, palabras menos, Francisco Vega recordó que el 82% de los homicidios se relacionan con narcomenudeo -delito del fuero común desde 2012- y trasiego de droga. Para finalizar, dijo, “hay que esmerarnos todos, pero tiene que hacerlo también el Gobierno Federal”, al tiempo que recordó que tras los sismos de septiembre, el apoyo de la Policía Federal se trasladó al sur del país y que se necesita en Baja California.
“Requerimos la presencia aun mayor de la autoridad federal aquí, y estamos esperando la visita del secretario de Gobernación”, declaró Vega.
Y el sábado 4 de noviembre, en su reunión para limar asperezas con integrantes del sector empresarial y del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública (CCSP), el panista dio el mismo discurso.
Basado en el más reciente análisis del Grupo Coordinación, que con números reiteraba que más del 80% de los asesinatos son producto de los pleitos de las células de los cárteles Jalisco Nueva Generación y de Sinaloa, los cuales reclutan hombres y mujeres entre 17 y 35 años -en su mayoría-, pagando de 700 a 4 mil pesos a la semana por vender enervantes y por asesinar para tener el control del narcomenudeo en las calles de las delegaciones municipales de población más densa.
Así, cuando los empresarios trataron el tema de homicidio, Vega reiteró que se trata de la operación de bandas del crimen organizado de las que ya están identificados 45 objetivos específicos -13 asignados al Gobierno Federal en la última visita del secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong- y les repitió que en el momento que México (la Federación) haga su trabajo, se van a reducir los índices de inseguridad.
Pero se negó a que los esfuerzos de las cruzadas contra la seguridad locales se concentren en temas de narcomenudeo y homicidios, insistió que esos son “delitos del fuero federal”.
Al final de la plática, Vega de Lamadrid logró su objetivo: los empresarios e integrantes del CCSP acordaron concentrase en los delitos del fuero común, robos -como si el homicidio y el narcomenudeo no fueran delitos del orden estatal- y seguir empujando la parte de la Federación.
Combatir con Fuerzas Armadas
En el mismo tenor, ZETA tuvo una breve plática con el recién nombrado secretario de Seguridad Pública del Estado, Gerardo Sosa Olachea, tras sus declaraciones en Mexicali, argumentando que su secretaría consideraba crítica la situación por homicidio, para referirse a las cifras en la Capital del Estado, en Tijuana y en Ensenada.
Se le preguntó si trabajaba en un rediseño de estrategia contra este delito y respondió: “Sí estamos trabajando en un rediseño, pero aunque es un mismo delito -homicidio-, cada ciudad es diferente y hay diferentes causas, (en ese momento) me preguntaban por el doble homicidio en el valle de Mexicali, no en la ciudad”.
— ¿En Tijuana, Ensenada, también habrá rediseño?
“Sí, claro, lo estamos elaborando para ofrecer mejores resultados”.
Del combate a los homicidas relacionados con delitos federales, explicó:
“El homicidio es del fuero común, de acuerdo, ¿de dónde viene? De cuestiones de tipo federal. Es donde ellos necesitan apoyarnos para evitar toda esa serie de cosas, si no hay droga, pues no hay matazones tampoco”.
Y de combatir a los que distribuyen drogas y generan el 82% de los homicidios, reiteró: “Cuando tengamos una cosa como se hacía antes, con las Fuerzas Armadas”.
Homicidios, Plan Mérida y regulación de la droga
En cuanto a las acciones que los grupos de la sociedad organizada deben analizar y promover para reducir la violencia extrema, Santiago Roel, de Semáforo Delictivo, habló de la legalización de drogas: “Regular no es promover las drogas, es quitarle el negocio a las mafias”.
Ejemplificó:
“Las muertes por narcomenudeo van a bajar, ustedes dicen 82%, eso es lo que va a bajar, porque gran parte de esas ejecuciones no son del mercado de exportación de drogas, es de narcomenudeo, ese es el violento, el mercado de exportación es más corruptor que violento”.
En esa lógica, asegura que en lugar de tener alrededor de 4 mil 900 homicidios en cuatro años, serían 900 muertes violentas.
“Tenemos un grave problema a nivel nacional y no lo hemos atendido, que es una política de drogas totalmente equivocada. Toda esta violencia en el país nos subió desde el Plan Mérida, llevamos diez años en guerra sin resultados positivos, con resultados negativos, ya deberíamos tenerlo claro”.
Para el analista de seguridad, hay dos maneras de manejar el problema:
Plan Mérida, que eliminó cabezas, atomizó los cárteles con plata o plomo y expandió la violencia. Ante eran tres o cuatro cárteles, ahora se identifican seis y decenas de cárteles independientes. “Cuando se compite la plaza, se crea esta violencia. Este es momento de terminarlo, los políticos con muy cobardes, pero los empresarios son los que deben encabezar esta regulación de drogas, como estrategia de paz y reducción de daños.
“En Estados Unidos no siguen la estrategia del Plan Mérida, hay que preguntarnos por qué, y vienen a imponer a México. Estados Unidos no cuida nuestras fronteras de que exporten armas o lavado de dinero, entonces nosotros no tenemos que andar cuidando la frontera de Estado Unidos”, considera.
Dentro del Plan Canadá están regulando todas sus drogas, pero tienen un grave problema de consumo. “Cuando regulas drogas bajan los consumos, proteges a los menores de edad, baja violencia y baja corrupción, no es para hacer negocio, aunque tal vez lo hagan algunas pequeñas y medianas empresas. Pero el país no lo ha entendido, los políticos no quieren discutir el tan abiertamente y tenemos que presionarlos”.
CCSP, primero un diagnóstico
Sobre las premisas de Santiago Roel, el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, Juan Manuel Hernández Niebla, reflexionó: “Tiene razón en la parte que la Iniciativa Mérida solo ha servido para que lleguen y le peguen a las cabezas y se desparramen por todos lados. Pero yo no estoy muy seguro que la regularización de las drogas, en este momento, sea la solución, porque ni siquiera tenemos un diagnóstico del tamaño del problema de las adicciones, no puedes generar programas para contrarrestar y, si sin hacer eso, te pones a regular las drogas, se va hacer un desastre como con el Plan Mérida.
“Creo que necesitamos trabajar en la parte de las adicciones porque ni siquiera existe un diagnóstico, y es un problema de salud que nos está pegando en la incidencia.
Primero, requerimos un diagnóstico integral de toda la problemática; segundo, programas de prevención de adicciones y atacar la inseguridad desde muchas aristas; tercero, hablar de la regulación de las drogas, eso le corresponde al Comisionado Nacional contra las Adicciones, Manuel Mondragón y Kalb, porque es un problema de salud pública a nivel nacional que se debe abordar desde esa perspectiva. Con prevención, que de verdad funcionen, que den resultados que generen métrica, porque hay encuestas que te dan una aproximación, pero yo no he encontrado estudios serios”, subrayó Hernández, para concluir:
“Como empresario que contrato personal, les comento: el 40% de la gente no pasa en antidoping, cuando llegamos con análisis sorpresa, tenemos que despedir a mucha gente, es un problema serio que está creciendo”.
