Con 4 votos a favor y 1 en contra, en un fallo considerado histórico, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconoció este miércoles que existió omisión legislativa y obligó al Congreso de la Unión a regular la publicidad oficial y emitir la ley reglamentaria sobre gasto de comunicación social del Gobierno a más tardar el 30 de abril de 2018.
La Primera Sala de la SCJN amparó a la asociación civil Artículo 19, que reclamó la omisión del Congreso de cumplir el tercer transitorio de la reforma constitucional de febrero de 2014, según el cual la ley en cuestión tenía que estar lista en abril de ese año, con la cual se permitirá poner fin al uso arbitrario del gasto y proteger la libertad de expresión, dijeron los ministros.
El artículo transitorio de la reforma política de 2014 señala que la ley reglamentaria debe “garantizar que el gasto en comunicación social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, así como que respete los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos respectivos”, en todos los niveles de Gobierno.
“Ni de la libertad de expresión ni de ninguna otra disposición constitucional se desprende que los medios de comunicación tengan un derecho a que se les asignen recursos estatales por difundir publicidad oficial”, señala la sentencia de la SCJN.
“Lo que la Constitución exige es, por un lado, que el ejercicio del gasto en comunicación social del Gobierno atienda a los principios previstos en el artículo 134 y, por otro, que la libertad de expresión no sea afectada por la ausencia de reglas claras sobre ese tipo de gasto”.
Esta es la primera ocasión en su historia, que la SCJN ordena al Congreso de la Unión expedir una ley, así como la primera vez que el mandato para reparar una omisión legislativa deriva del amparo promovido por un particular.
“La ausencia de esta regulación propicia un ejercicio arbitrario del presupuesto en materia de comunicación social, lo cual constituye un mecanismo de restricción o limitación indirecta de la libertad de expresión, claramente proscrito por la Constitución”, dice el proyecto del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
El proyecto aprobado abunda que la omisión legislativa “propicia que la política de gasto en comunicación social canalice los recursos fiscales hacia medios afines a las posiciones del Gobierno y niegue el acceso a esos recursos -o simplemente se amenace con restringirlo- a los medios de comunicación que son críticos con las políticas del Gobierno”.
Si el plazo para cumplir esta sentencia expirara y no haya sido cumplido, una jueza federal empezará a requerir a los presidentes de ambas Cámaras, que eventualmente podrían ser destituidos y consignados penalmente por la SCJN si no se acata el amparo.
A principios de septiembre pasado, el centro de investigación y análisis Fundar presentó el informe ‘Contar lo bueno cuesta mucho. El gasto en publicidad oficial del gobierno federal 2013 a 2016’, en el que el crecimiento anual del gasto en publicidad oficial en términos reales es del 7.6 por ciento.
Tan sólo en 2016 se ejercieron más de 10 mil 698 mdp en dicho rubro, indicó Fundar, que abundó en su Informe que si se suman los cuatro primeros años del gobierno de Peña Nieto, y el primer semestre de 2017, la cifra asciende a los 37 mil 725 mdp.
El Gobierno Federal encabezado por Peña Nieto ejercerá en gastos de publicidad oficial un monto cercano a los 60 mil millones de pesos al cierre de su administración, de continuar la tendencia actual, aseguró Fundar.
“A cinco años de que Enrique Peña Nieto prometiera crear una instancia reguladora de la publicidad oficial, no se ha dado ningún avance significativo en la materia, por lo que persiste un sobreejercicio del 71.86 por ciento en este rubro”, dice el informe, que recordó que lo aprobado por la Cámara de Diputados, equivale a más de 15 mil mdp adicionales.
“El gasto excesivo en publicidad oficial se ha dado de forma paralela a los recortes presupuestarios. Las secretarías de Salud y Desarrollo Social tuvieron recortes significativos en 2015 y 2016; sin embargo, la primera gastó un monto seis veces mayor a lo aprobado en 2016 y la segunda 11 veces más”, abundó Fundar.
