Para el Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, el homicidio del presidente de la CEDH en Baja California Sur no debe tolerarse porque abrirá la puerta a la impunidad y propiciará nuevas agresiones. Se solicitaron medidas cautelares no solo para los familiares sobrevivientes de Silvestre de la Toba, sino para el personal de la CEDHBCS. Desde 2006 a la fecha han sido asesinados 34 activistas y defensores de derechos humanos en el país. Actualmente están amenazados los presidentes de las Comisiones Estatales de Guerrero, Veracruz y Tamaulipas
El homicidio del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Baja California Sur, Silvestre de la Toba Camacho, ocurrido la noche del lunes 20 de noviembre en La Paz, impactó a todos los integrantes que trabajan por la defensa de los derechos fundamentales en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), pero eso no mengua su ánimo para continuar con su importante labor, aseguró su presidente, Luis Raúl González Pérez.
En entrevista con ZETA, el funcionario con experiencia en la Secretaría de Gobernación y en el organismo autónomo desde 1990, donde en ésta última institución tuvo cargos como Secretario Técnico, Segundo y Primer visitador, Director General de Asuntos Indígenas y Director General del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos, hasta llegar a su Presidencia; afirma que nunca tuvo información sobre alguna amenaza o riesgo dirigido hacia De la Toba.
A unos días de perpetuado el crimen, las autoridades de la entidad peninsular no han comunicado a González Pérez sobre algún avance o línea de investigación sobre el homicidio, pero cuenta con el compromiso del gobernador Carlos Mendoza Davis de hacerle partícipe del desarrollo de las pesquisas a él y a las personas que tenga autorizadas por parte de la Comisión Nacional, en esa entidad.
Luis Raúl González asegura que existe una indiferencia por parte de las autoridades pertenecientes a los distintos niveles de gobierno, para reconocer la labor que desempeñan los defensores de derechos humanos en el país y sobre todo, en la prevención de las agresiones que se han registrado en contra de los activistas. Sin embargo, este asesinato es aún más grave por tratarse del primer defensor público que formaba parte de una estructura del Estado. Aquí la entrevista completa.
—Presidente, ¿cuál es el sentir del Ombudsman nacional sobre el homicidio del licenciado Silvestre de la Toba y de su hijo?
“Para un servidor, como presidente de esta Comisión Nacional, como ciudadano, estamos en pésame. Realmente nos consternó muchísimo lo acontecido y nos indignó también. Déjeme decirle, no solamente a su servidor, sino a los integrantes de la Federación de los Ombudsperson de toda la República Mexicana, ha habido un reclamo de justicia de todos nosotros para que no quede en la impunidad este artero crimen.
“Creo que el mensaje tiene que entenderse muy claro por las autoridades de los tres niveles de gobierno, de que, con independencia de que cualquier vida que se pierda es reprochable, se está atentando contra una de las personas que representa una de las instituciones del Estado mexicano, como lo es la Comisión Estatal de Baja California Sur, que es un organismo autónomo. Y es un desafío a las instituciones de Seguridad y Procuración de Justicia, y es un desafío al Estado de derecho, el atentado artero que se cometió en contra de nuestro compañero. Se tiene que esclarecer, se tiene que agotar todas las líneas de investigación, pero privilegiando que tiene conexión con las tareas que venía realizando”.
Foto: Cortesía.- Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
— ¿Usted conoció a la víctima? ¿Qué nos puede decir de él?
“Desde luego, yo interactué con él en varias reuniones de la Federación. Debo decirle que tenemos asambleas, tenemos congresos y siempre hubo una total cordialidad en el trato con él y de colaboración. No solamente eso, esa colaboración se tradujo, dadas las limitaciones presupuestales que tenía la Comisión Estatal; les apoyamos incluso, no recuerdo si con uno o dos vehículos en donación a la Comisión de Baja California Sur.
— ¿Contaba la CNDH con algún dato que advirtiera la existencia de una amenaza en contra De la Toba?
“No, ninguno. Ningún dato que nos pudiera brincar que tuviera alguna amenaza, que tuviera alguna preocupación. Era un compañero de trabajo. Y repito, ningún indicio en ese sentido. Por eso es importante que quede debidamente esclarecido este artero atentado que priva de la vida a dos seres, al licenciado De la Toba y a su hija, y deja lesionadas a su esposa y a su hija. Reclamamos justicia para ellos y reclamamos los Ombudsperson de la República Mexicana y un servidor, como Presidente de la Comisión Nacional, que el compromiso que hizo el Gobernador del Estado se traduzca en hechos concretos de tener a los responsables ante un juez”.
— ¿Ha dialogado Usted con las autoridades que investigan el crimen contra De la Toba y su familia? ¿Le han manifestado ya sobre alguna línea de investigación?
“Mire, debo decirle varias cosas. Una, personal nuestro en Baja California Sur está de cerca de las actuaciones que se tengan en la Procuraduría. Sobre todo, está cerca de la familia que sobrevivió, de la familia De la Toba. Hemos pedido medidas cautelares, no solamente para la familia, sino también para el personal de la Comisión Estatal, que como es natural, está preocupado, angustiado, temeroso y con el dolor de perder a su líder que era el licenciado De la Toba. Por otro lado, debo señalar que el Gobernador tuvo comunicación con un servidor, la misma noche de este artero asesinato, y ofreció mantenernos informados sobre el avance de las investigaciones y nos ofreció, especialmente que pondrá todo su empeño en el esclarecimiento”.
— ¿Se ha acercado algún presidente de Derechos Humanos de las entidades para expresarle sobre amenazas o temor de un atentado en contra de ellos?
“El jueves 23 de noviembre tendremos una reunión de todos los presidentes de las Comisiones Estatales de las entidades federativas. Vamos a dialogar ahí sobre las líneas de acción sobre este artero atentado y crimen. Y, como he mencionado, en algún caso, hay algunos ombudsman que han tenido algún tipo de amenaza, como en los casos de Guerrero, Veracruz y Tamaulipas. Los niveles a los que se llega ahora es algo inadmisible, por eso requiere del compromiso, no solo declarativo de las autoridades de los distintos niveles de gobierno, sino en los hechos, dar muestras de que se apoya la labor de los Ombudsperson en la República Mexicana y nosotros hemos insistido ante las más altas autoridades de los niveles de gobierno, y lo venimos haciendo desde la recomendación 25 del año pasado, de lanzar una campaña que reconozca el trabajo importante que se hace en la defensa de los derechos humanos”.
—Además de los ombudsperson amenazados, ¿de cuántos activistas de derechos humanos asesinados, agredidos o amenazados tiene información en los últimos tiempos en el país?
“De 2006 a la fecha, si no mal recuerdo, tengo identificados 34 defensores civiles que sufrieron la pérdida de la vida. Desde luego, hay que esclarecer esos 34 crímenes. Pero este caso en concreto, de Silvestre de la Toba, el primero cometido contra un defensor público, contra un representante de una estructura del Estado Mexicano. En este caso, en el nivel estatal, que nos parece claro, que no se puede tolerar porque tolerarlo es dejar abierta la puerta para esa impunidad que propicia que puedan venir otras agresiones”.
— ¿Qué hace que un activista o un defensor público de los derechos humanos se convierta en enemigo de alguien, llámese delincuentes, caciques o miembros del propio Estado?
“Mire, nosotros, nuestro trabajo es que se cumpla la ley, que se respeten los derechos humanos. Tal vez el trabajo no se ha entendido por varios de los actores como los que Usted menciona, pero precisamente, el pilar fundamental de cualquier Estado que se precie de ser democrático, es el grado de respeto que se tenga a los derechos fundamentales. Y debo decir, esto que aconteció muestra lo que yo he señalado. Ha habido una indiferencia en la prevención de estas conductas”.
—Silenciamiento a activistas, inseguridad a migrantes, periodistas asesinados, personas desaparecidas, ley de la selva en el sistema penitenciario, tortura en la Procuración de Justicia. ¿Ante qué escenario estamos en México en materia de derechos humanos?
“Estamos en una coyuntura muy crítica de derechos humanos. Ante una coyuntura de los temas que Usted ha enunciado. Déjeme recordar con Usted que las agresiones a periodistas, y bueno, pues, quién fue un ícono del periodismo en México, don Jesús Blancornelas, quien no estuvo exento en su tiempo de estas agresiones. Hoy vemos que estas agresiones hacia 2017 han incrementado, y vemos cuando se agrede a algún comunicador, que los efectos son también donde más se busca inhibir que publiquen temas que puedan ser incómodos, y se afecta a la sociedad.
“En el caso de los defensores civiles, cuando se atenta contra un defensor que está defendiendo la dignidad de otro, el mensaje es que se está afectando la unidad de la colectividad o se está privando de una persona que hizo de su vida un ejercicio profesional, como es defender los derechos humanos, lo que atenta precisamente contra uno de los pilares fundamentales del Estado derecho”.
Recomendación 25/2016 de la CNDH
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó el 7 de marzo de 2016, una recomendación general sobre agravios a personas defensoras de derechos humanos, ante el incumplimiento de las autoridades de los tres niveles de gobierno en cuanto a su obligación de proveer seguridad pública para prevenir las posibles violaciones de derechos humanos de quienes integran este grupo en situación de riesgo.
En el documento dirigido a la entonces Procuradora General de la República, a los Secretarios de la Defensa Nacional y de Marina, a los gobernadores y al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, entre otros, el Ombudsman expresó su preocupación ante el incremento del nivel de agresiones contra defensores civiles en los últimos años, y de que dichos atentados fuesen atribuidos, frecuentemente, por acción o por omisión a servidores públicos, no obstante, “las instituciones encargadas de la administración y procuración de justicia, carecen de información sistematizada que permita identificar, de manera clara y precisa, el número real de agresiones y delitos vinculados a su actividad”.
Ante ello, el organismo nacional subrayó que es necesaria la sensibilización y profesionalización de los servidores públicos involucrados en la investigación y procuración de justicia, con el propósito de abatir el nivel de agresiones contra personas defensoras, mediante la identificación, atención, sanción y prevención de estos delitos en función del contexto sociopolítico que las víctimas enfrentan como consecuencia de su labor, de tal manera que el Estado asegure el libre ejercicio del derecho a defender las garantías humanos de todo individuo.
Se enfatizó que las personas defensoras de derechos humanos contribuyen a la protección de los derechos fundamentales, tanto a nivel local como internacional, ayudando a construir el sistema democrático del país; no obstante, las agresiones que sufren van desde las amenazas hasta los homicidios y desapariciones por el solo hecho de realizar su actividad.
En dicho documento, la CNDH dio cuenta de los agravios cometidos en contra de este grupo de población, así como de los robos y allanamientos hacia las instalaciones de sus organizaciones, lo que aunado al incumplimiento de realizar investigaciones efectivas, tiene implicaciones graves que lesionan a la sociedad y propician la repetición de este tipo de agresiones.
“Toda intimidación, agresión y afectación del tipo que fuere contra el derecho a defender, lesiona gravemente al tejido social y, por ende, las autoridades de todos los niveles deben atender la sensible problemática que implican las agresiones a los defensores de derechos humanos, ya que solo de esta manera estarán en aptitud de cumplir con su obligación de proteger y velar por el respeto irrestricto a los derechos de todas las personas”, se hizo hincapié.
Los defensores representan temas y grupos específicos de la población, como es el caso de niñas, niños y adolescentes, comunidad LGBTTTI, pueblos indígenas, mujeres, personas migrantes, derechos sexuales y reproductivos, libertad de expresión, entre otros; por lo que la afectación de las personas defensoras repercute directamente en el goce de los derechos de amplias capas de la población, lo que hace necesario y urgente que se garantice el ejercicio de su labor en condiciones de libertad y seguridad.
