La poca celeridad y voluntad por parte del Ministerio Publico para allegarse de las pruebas necesarias para comprobar los hechos denunciados en el expediente NUC-0204-2016-19848, por el delito de abuso de autoridad imputado al elemento de la Policía Municipal César Chávez Villanueva, fue denunciado a ZETA.
De acuerdo a la versión de la quejosa, el hecho se derivó de la exigencia de la denunciante a que se le entregara la factura correspondiente a la compra de un protector de celular en la tienda OHR, ubicada en Calle Tercera y Constitución, en la Zona Centro, esto el 26 de octubre de 2016.
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Cuando la dependienta, de nombre Gabriela Rodríguez, se negó a esto y le insistió que se trasladara a la matriz de la empresa para pedir el documento, la quejosa tomó fotos del local como pruebas, en caso de decidir denunciar esta situación.
Al salir del local, la dependienta llamó la atención del oficial Chávez Villanueva, acusando a la quejosa de tomar fotos al interior del local con la intención de robar. Cuando ésta se negó a entregar su celular para borrar las fotografías, fue seguida por Chávez y su compañero hasta su auto, en la Calle Quinta, donde aquel le impidió el acceso al mismo mediante forcejeos, los cuales la lastimaron, afectándole el brazo.
Los oficiales que buscaban detenerla, pidieron refuerzos, por lo que al lugar se presentaron otras tres patrullas. Conversando con el oficial Fidel Rincón Juárez, a quien el resto de los elementos se dirigían a él como jefe, la denunciante lo convenció de la arbitrariedad de la detención, al no haberse cometido ningún delito y haciéndole ver que se trataba de una persona de la tercera edad y con discapacidad, tras lo cual se le dejó en paz.
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Afirmó que en la esquina de la Calle Quinta, donde sucedió el altercado, se encontraba instalada una cámara de seguridad, vinculada al Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4), por lo que los hechos debieron quedar registrados.
El 1 de noviembre, la quejosa presentó su denuncia ante el Ministerio Público por el delito de abuso de autoridad, señalando la fracción II del artículo 293 del Código Penal de la entidad, que lo comete quien, “ejerciendo sus funciones o con motivo de ellas, hiciere violencia a una persona sin causa legítima, o la vejare, la insultare, o la prive de su libertad”.
La denunciante aseguró que pidió, se solicitara al C4 las grabaciones correspondientes. Pasando cinco meses desde que se realizó dicha solicitud, incluso por escrito, insistiendo en el punto el 27 de marzo de 2017, momento en que se le contestó que dichas grabaciones ya no existían, al ser borradas de la cámara con cierta periodicidad.
La quejosa comentó que el tema ya se lo había expuesto personalmente al Subprocurador de Justicia de Tijuana, Jorge Alberto Álvarez, quien se habría comprometido a obtener las grabaciones de los discos duros de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), sin que a la fecha haya obtenido una respuesta favorable.
Por su parte, el subprocurador de Justicia informó a ZETA que la quejosa ha sido atendida en varias ocasiones, dándole seguimiento puntual a sus asuntos, las cuales algunos ya han sido resueltos.
