Acribillado el 20 de noviembre, Silvestre de la Toba Camacho se convirtió en el primer ombudsman, en el primer representante de una institución del Estado mexicano que defiende los derechos humanos, en ser asesinado, esto, tras 27 años de existencia de este tipo de organismos en el país.
Llevaba casi dos años al frente de la Comisión de los Derechos Humanos de Baja California Sur, cuando manos criminales decidieron retar a las autoridades y lanzar esta sangrienta amenaza a todos los funcionarios de los gobiernos actuales, representados en esa entidad federativa; lo hicieron creyéndose dueños del territorio, exhibiendo con cinismo lo que consideran su impune poderío.
El mensaje a las administraciones municipales, estatales y federal no puede ser más ominoso y vergonzoso, las promesas de justicia, los discursos sensibles y las condenas del homicidio a través de las redes sociales, no les serán suficiente para superar este crimen con dignidad.
Menos suficientes resultan cuando la ejecución de De la Toba y su joven hijo Fernando, se suma a los 89 asesinatos cometidos en lo que va del mes de noviembre en Baja California Sur, y se agregan a los 409 homicidios cometidos entre enero y septiembre. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo son 50.50 muertos por cada 100 mil habitantes, lo que lo ubica como el tercer Estado más peligrosos, solo por debajo de Colima y Guerrero.
En medio de una lucha interna del Cártel de Sinaloa y la incursión del Cártel Jalisco Nueva Generación, la violencia que viven los sudcalifornianos no es nueva, las cifras mortales han tenido un aumento alarmante a partir del año 2014, con 9 homicidios por cada 100 mil habitantes; en 2015 fueron 19 por cada 100 mil; en 2016 creció a 24 cada 100 mil habitantes, hasta llegar a 50 en lo que va del presente año. Para tener una idea de la gravedad, Baja California tiene 48 homicidios por cada 100 mil habitantes, y Sinaloa, 38 por cada 100 mil.
Bajo la protección de los diferentes órdenes de gobierno, dejaron crecer a los grupos delictivos, porque ni la delincuencia común, ni los cárteles, crecen, se enriquecen y empoderan sin la complicidad de las corporaciones de seguridad, de los funcionarios de los poderes ejecutivos; la consecuencia lógica de esa complicidad siempre concluye en algún momento en ataques directos a la esfera de poder, como en este caso.
La situación es más difícil por ser “provincia”, porque como no hay cobertura periodística nacional de la crisis de inseguridad que padece Baja California Sur y la prensa local tiene un impacto limitado, a las autoridades no les importa la afectación de su imagen, el gobernador Carlos Mendoza Davis no muestra vergüenza por verse rebasado, ni el General Salvador Cienfuegos se ve indignado por lo fallido de su estrategia de combate, recién implementada.
Colima es una entidad federativa en condiciones similares de la que nadie habla y donde el crimen se está dejando crecer, con 569 asesinatos en los primeros diez meses, contempla 75.75 homicidios por cada 100 mil habitantes y su escalada de sangre inició apenas el año pasado. Igual sucede en diversos estados, donde solo lo están dejando crecer.
Crecer en la impunidad, lo mismo que el número de defensores de derechos humanos asesinados, porque la muerte de Silvestre de la Toba se sumó a la de otros 33 activistas civiles cuyas ejecuciones han sido registradas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en los últimos once años, sucede mientras los ombudsman estatales de Guerrero, Veracruz y Tamaulipas continúan su trabajo bajo amenazas criminales, en un México cuyos reportes periodísticos muestran que mes a mes se establecen nuevos récords de asesinatos, clasificado como el país más violento de América Latina, uno de los más corruptos y uno de los más impunes.
Un territorio donde las más de 20 mil 878 carpetas de investigación por homicidio registradas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) en diez meses, importan muy poco, porque según la autoridad se están matando entre ellos, sin embargo, el asesinato del comisionado De la Toba, el de su hijo y la agresión armada contra su familia evidencia lo que se ha visto en otras épocas de sangre: que primero se ejecutan impunemente entre criminales, y después les parece lógico y fácil matar a los ciudadanos que se oponen a sus deseos. Amenazas o peticiones a quienes exponen sus negocios ilegales, solo por una razón… porque pueden.
En este contexto, desde ZETA nos unimos al reclamo de justicia, de resultados, de acciones. Con la expectativa que tal vez por tratarse de uno de los suyos, el caso de De la Toba tenga una respuesta más digna y responsable de las autoridades de la que han tenido otros miles de casos como el de nuestro codirector, Jesús Blancornelas, el próximo 27 de noviembre se cumplen 20 años del intento de homicidio en su contra, sin que las autoridades hayan detenido a ninguno de los responsable del ataque y del asesinato de su escolta Luis Valero.
