En el último año, 16 adolescentes han sido detenidos intentando cruzar droga de Tijuana a San Diego. La cifra, explica la Fiscalía del Condado de San Diego, presenta un alza respecto a años anteriores. Mientras que un caso de menores reclutados en San Diego para cruzar armas a Tijuana, revela cómo los cárteles buscan a menores de edad -por los beneficios de ley que reciben en casos penales- para estas actividades
Mariana y Sergio viven en un fraccionamiento de casas de interés social en la zona oeste de Tijuana. A sus 14 y 16 años, respectivamente, los hermanos fueron detenidos por intentar traficar droga de México a Estados Unidos.
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Ambos son ciudadanos de Estados Unidos, así que llegaron hasta el cruce fronterizo, como lo habían hecho antes, para ingresar a territorio estadounidenses.
No obstante, al momento de ser entrevistados por agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), levantaron sospechas por su actitud, y al ser revisadas sus pertenencias, les fue hallada la droga.
Ya que no contaban con antecedentes penales ni detenciones previas, los menores de edad solamente recibieron unos meses de sentencia y pudieron regresar a Tijuana con su familia, pero no pudieron reintegrarse a sus vidas.
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Cuando en el vecindario notaron la ausencia de los adolescentes y se supo que habían intentado cruzar droga, la familia prefirió mudarse, no solo para proteger a sus hijos, también para evitar que siguieran en contacto con quienes los habían reclutado.
Autoridades estadounidenses advierten que traficantes de drogas en Tijuana, ven en los menores de edad, una manera fácil de transportar enervantes por la frontera.
De entrada, su edad hace que levanten menos sospechas, así que generalmente son sometidos a revisiones menos rigurosas por parte de agentes aduanales. Además, de ser sorprendidos, reciben sentencias menores.
En Estados Unidos, los beneficios en ley para adolescentes son tales que la tipificación del tráfico internacional de droga pasa de ser un delito federal a un delito estatal.
“La mayoría de las veces se trata de jóvenes originarios de Estados Unidos que van a México y estos narcotraficantes se aprovechan de ellos diciéndoles que las consecuencias van a ser mínimas porque son menores”, explica Jesse Navarro, vocero de la Fiscalía del Condado de San Diego.
Timothy Hancock
Sin embargo, algunos padres de familia en Tijuana, han detectado también cómo menores de edad residentes de esta ciudad y con visa de turista, son buscados por amigos, conocidos o compañeros de escuela para ofrecerles cruzar droga a cambio de dinero.
SENTENCIAS BAJAS, CONSECUENCIAS SEVERAS
Los montos que se les promete a adolescentes a cambio de cruzar droga van de los 500 a los mil dólares, advierte Jesse Navarro, un ex agente de la Policía de San Diego y quien se encarga no solo de atender a medios de comunicación, sino de impartir charlas informativas en la comunidad fronteriza. Así lo han declarado algunos adolescentes detenidos.
En el último año, la Fiscalía ha procesado a 16 menores de 18 años, los cuales fueron detenidos en la garita de San Ysidro y en la de Otay Mesa, así como a través de la frontera entre Tijuana y San Diego. Esta cifra es mayor a la presentada en años anteriores.
La División de Menores de la Fiscalía del Condado de San Diego es la encargada de los casos de adolescentes detenidos por tráfico de drogas. “En algunos casos, cuando es la primera ocasión en que lo hacen o es una cantidad de droga muy pequeña, se les dicta bajo libertad condicional, tanto de nosotros, como de los padres”, detalla Navarro.
Si los jóvenes ya tienen antecedentes penales, entonces las penas cambian y pueden pasar desde meses hasta tres años en el Centro de Detención Juvenil.
Respecto a los tipos de droga que los menores intentan traficar, la marihuana sigue siendo la más popular, aunque hay casos registrados de heroína, metanfetaminas y pastillas psicotrópicas.
“Nos estamos dando cuenta de que ahora están cruzando también pastillas que son producidas o fabricadas del otro lado de la frontera, que son mucho más potentes, peligrosas y fatales; por lo que, naturalmente, para los narcotraficantes es un negocio mucho más lucrativo”, asegura el funcionario estadounidense.
Aunque es menos común, si las autoridades encuentran que las drogas traficadas eran para uso personal, detalla Navarro, entonces la Fiscalía tiene la obligación de enviar a los adolescentes a un programa de rehabilitación.
“Pero si nos cuenta que están cruzando estas drogas para venderla, las consecuencias van a ser muchos más severas porque se trata de un delito mayor, que llamamos felonía”, añade.
Para el vocero de la Fiscalía, las consecuencias van más allá de lo legal, “esto trae consecuencias por largo tiempo, ya sea para que un joven vaya a la universidad u obtenga un buen empleo en el futuro. El antecedente va a permanecer ahí por muchos, muchos años porque se trata de cruzar una droga por la frontera de un país a otro país”.
Durante años, la Fiscalía ha comprobado que “los cárteles y los narcotraficantes se aprovechan de los jóvenes porque les dicen que las consecuencias no van a ser severas y cuando a un joven le ofrecen una cantidad de dinero tan significante, especialmente, un joven que viene de un hogar de pocos recursos económicos, se va a prestar”.
También tiene claro, expone Navarro, que “a los delincuentes no les importa lo que vaya a pasar con ellos, porque saben que por cada menor de edad que es detenido, arrestado y procesado, va a haber otros cien menores de edad que están disponibles, listos para cruzar la droga, simplemente por el dinero”.
Si bien, en la mayoría de los casos, los jóvenes admiten que aceptaron traficar droga a cambio de dinero, también se tiene registro de casos en que los menores afirman que lo hicieron “porque se sienten amenazados, que los narcotraficantes van a tomar alguna acción en contra de ellos o de sus seres queridos”, detalla el vocero de la Fiscalía.
En cuanto a las repercusiones para jóvenes que no son ciudadanos estadounidenses, el vocero señala que tanto para un joven con visa de turista o un residente legal estadounidense, serán expulsados de Estados Unidos y tanto su entrada como su permanencia en ese país serán prohibidas.
TRAFICAN ARMAS Y SON DEJADOS EN LIBERTAD
A pesar de que Carlos N. y Salvador N., traficaron una pistola calibre nueve milímetros, 15 cartuchos expansivos del mismo calibre, un cartucho calibre 38 y un cargador nueve milímetros, de San Diego a Tijuana, los jóvenes de 17 y 16 años, respectivamente, ni siquiera pisaron la cárcel.
El 15 de julio de 2017, los adolescentes de origen estadounidense viajaban en un automóvil Ford Expedition, modelo 1999, color blanco, cuando fueron detenidos por policías municipales en la colonia Libertad, cerca de la frontera.
Cuando los agentes encontraron el arma, los cartuchos y el cargador, llevaron a Carlos Ysdahi y a Salvador a las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR).
Ahí, los adolescentes declararon que habían cruzado las armas desde San Diego, California, en un vehículo que les había sido proporcionado por la misma persona que los contrató para traficar el armamento.
También admitieron que se les había asegurado que no se les podría encarcelar porque eran menores de edad y así ocurrió, ya que las armas fueron encontradas una vez que fueron internadas a México y no en el punto de control aduanal, se les fincaron cargos solo por portación de armas, delito considerado no grave y, por lo tanto, con la posibilidad de libertad bajo fianza.
Además, al tratarse de menores de edad, la ley indica que sus padres o tutores legales deben ser informados de inmediato. Cuando los responsables de los adolescentes aparecieron en la PGR, estos fueron puestos en libertad y regresaron a Estados Unidos.
CRUZ BEBIÓ METANFETAMINA PARA NO SER DETENIDO
La tarde del 18 de noviembre de 2013, Cruz Marcelino Velázquez Acevedo, de 16 años de edad, caminó hacia la fila que se formaba para ingresar a Estados Unidos, en el cruce fronterizo de San Ysidro, entre Tijuana y San Diego.
Al llegar ante el agente de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), le entregó sus documentos, pero después de unos minutos, fue enviado a inspección secundaria, donde una agente y su compañero lo cuestionaron por las dos botellas que el joven cargaba en su mochila.
Uno de los envases era de jugo de manzana y el otro de té negro, ambos estaban llenos y tenían el mismo color amarillento. Los agentes federales dieron vueltas a las botellas y las colocaron sobre su escritorio, hasta que la oficial le indicó al joven con la mano que le diera un sorbo al líquido.
Cruz lo hizo sin titubear. Se trataba de metanfetamina líquida que sería traficada hacia Estados Unidos, pero que terminó costándole la vida. A pesar de que el adolescente fue atendido en la garita y trasladado a un hospital, la intoxicación que sufrió resultó fatal.
Después de más de tres años, la familia del adolescente recibió una compensación de un millón de dólares, luego de que entablaran una demanda contra el gobierno estadounidense, en la Corte Federal del Distrito de California.
Como parte del proceso, el abogado obtuvo el vídeo de seguridad dentro de las instalaciones de CBP, que muestra cómo los agentes, a pesar de sospechar que se trataba de una sustancia ilícita, no hacen una prueba para confirmar el contenido, sino que le piden a Cruz que tome de las botellas para comprobar que se trataba de jugo de manzana, como les aseguraba.
SE VACÍAN CENTROS DE DETENCIÓN PARA MENORES
Timothy Hancock, jefe de división del Centro de Detención Juvenil de Kearny Mesa, en San Diego, es el encargado de recibir a los menores de edad que son recién encarcelados, entre estos, a quienes intentaron traficar droga de Tijuana a San Diego.
Este centro alberga alrededor de 100 menores, tanto hombres como mujeres, quienes se encuentran internados, y otros 130 que conforman la población del segundo centro, a donde son enviados los internos que cuentan con más tiempo.
Aquellos sentenciados a prisión, que tienen entre 12 y 18 años, son enviados a estos centros y pueden permanecer en ellos hasta los 21 años de edad, explica el funcionario.
“La mayoría son detenidos por fuerzas policiacas en el condado, la mayoría por felonías o delitos violentos”, detalla en entrevista desde el centro de detención.
Sin embargo, después de que jueces han optado por dictar medidas cautelares en lugar de prisión a menores, estos centros de detención registran sus números de población más bajo en su historia reciente, una tendencia nacional.
“Hace cinco años teníamos el doble de internos. Una de las cosas que investigadores nos explican es que los menores tienen mayores oportunidades de éxito si permanecen en su comunidad, entonces, estamos utilizando factores de riesgo para determinar quiénes se quedan en la comunidad y quiénes no”, detalla.
Los principios básicos para determinar esta diferencia, es que los jóvenes no representen un peligro para ellos mismos ni para los demás y que sus padres garanticen que van a llegar a sus audiencias en Corte y a sus programas de seguimiento.
Hancock explica que un número muy reducido de la población del Centro de Detención Juvenil a su cargo está conformada por ciudadanos mexicanos o residentes de Tijuana, una tendencia que corresponde con la baja en el número de internos.
